Juan Bravo no fue la persona que escribió el borrador del proyecto de ley para crear un nuevo código de conducta en los centros comerciales. Al proyecto tampoco se le conocía como la Ley Bravo y nadie en la industria le llamaba o se refería a la medida de esa manera.

Tampoco fue la única persona que durante meses cabildeó para su aprobación, dijo hoy Francis Xavier González, quien maneja la seguridad en 15 centros comerciales alrededor del país y hoy fue testigo de la defensa en la continuación del segundo juicio contra Juan Bravo y el exsenador Héctor Martínez.

Por el contrario, se trató de un proyecto desarrollado e impulsado por múltiples personas de la industria de centros comerciales, que se presentó por primera vez en el 2004 al entonces superintendente de la Policía, Desiderio Cartagena y a Wilda Nin, quien fungía como asesora en seguridad pública en La Fortaleza, dijo González.

Tanto Cartagena como Nin estaban de acuerdo con la medida. Sin embargo, debido a que la entonces gobernadora Sila M. Calderón no buscaría la reelección y su término estaba por concluir, Nin le recomendó a González que volviera a presentar el proyecto a la próxima Legislatura.

Y así lo hizo a nombre del Internacional Council of Shopping Centers (ICSC), una organización que agrupa centros comerciales de varios países.

Según su testimonio, él y otras cinco personas acudieron al Capitolio para febrero de 2005 a entregar el borrador junto con documentos. Aunque Juan Bravo fue uno de los que acudió, también estaban personas involucradas en la seguridad y gerencia de varios centros comerciales del país, indicó el testigo.

En sala se mostró el paquete de documentos que González dijo se le entregó al entonces senador Héctor Martínez quien presidía la comisión de seguridad pública del Senado. El paquete tenía en su primera página el logo del ICSC, por lo que no debía haber dudas de la fuente que proveyó los documentos, dijo González.

También se incluía múltiples recortes de periódicos con los incidentes violentos en centros comerciales que justificaban la pertinencia de establecer el código de conducta.

De esta forma González contradijo el testimonio del exasesor de Martínez, Víctor Rivera, quien fue testigo de la fiscalía y dijo que fue Bravo la persona que llevó el proyecto a la oficina del senador.

También se mostraron en sala múltiples cartas firmadas por el testigo como miembro del ICSC en que enfatizaba su endoso al proyecto y en que daba seguimiento a su evaluación. En una de ellas se establece que estaba contestando la invitación de Martínez a comentar la medida. Esto también contradice el testimonio de Rivera quien dijo que solo Juan Bravo fue invitado a deponer en las vistas públicas.

González dijo que esas cartas para darle seguimiento al proyecto las escribió él y no Juan Bravo.

A preguntas de la fiscal federal Monique Abrishami, González reconoció que la medida no pasó en el 2005, sino que se aprobó en el 2007 cuando otro legislador la volvió a presentar.

Dijo desconocer si Juan Bravo fue alguna vez solo, por su cuenta a la oficina de Martínez para cabildear por la medida.

Además, dijo desconocer lo relacionado al viaje que Bravo, Martínez y el entonces también senador Jorge de Castro Font hicieron a Las Vegas en mayo de 2005.

“¿Pero verdad que no fue Héctor Martínez, quien apoyaba la medida, quien la presentó nuevamente (en el 2007)… ¿Verdad que se necesita mucho más que el apoyo inicial del proyecto para que se apruebe? ¿Verdad que hay que hacer mucho más?”, le cuestionó la fiscal a lo que el testigo respondió que sí. Luego la fiscal intentó probar que el viaje y los boletos para ver la pelea de boxeo de Tito Trinidad que Bravo le regaló a Martínez eran formas de ayudar a que tanto el P del S 410 como el 471 se convirtieran en ley.

“¿Usted saber si Héctor Martínez apoyó la legislación 410 en 2005 por las cartas de apoyo que usted le envió a él o por el viaje que recibió para Las Vegas? Entiendo que fue por las cartas”, dijo González, quien aseguró que la empresa de Bravo, Ranger American, no ofrece seguridad en ninguno de los centros comerciales en los que él trabaja.

Antes de González también se sentó en la silla de testigos la mamá de Héctor Martínez, Pérsida Maldonado quien arrancó risas cuando preguntó si tenía que confesar su edad. Luego dijo que tiene 83 años, que Héctor es el menor de sus cinco hijos y que junto a él siempre ha tenido cuentas de banco.

Aunque ha pasado mucho tiempo dijo que entre sus pagos nunca hubo cantidades de $800 o $1,000, lo que descarta la teoría de la fiscalía de que ella pudo haber hecho cheques por esa cantidad. La defensa busca plantear que Héctor Martínez le reembolsó el dinero al empresario.

La madre del exlegislador indicó que conoció a Juan Bravo en la década de 1980 porque era su clienta en un laundry que éste tenía en Isla Verde al lado de la Panadería España. Dijo que Héctor la acompañaba a llevar y recoger su ropa en el lugar. Asimismo, Juan Bravo comenzó a dar seguridad en le vecindario donde ambos vivían detrás de la panadería.