Con varios “sí” repetidos, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, afirmó este jueves que está preparado para enfrentar al testigo estrella de la Fiscalía federal, el empresario Oscar Santamaría, en el juicio que enfrenta en la esfera federal por corrupción pública.

Pese a que el pasado lunes inició el proceso judicial con la selección del jurado, hoy es que arranca el desfile de prueba en este sonado caso contra quien fuera presidente de la Federación de Alcaldes. Pero, previo a los testigos, se le darán las instrucciones al jurado que tomaría la determinación crucial en este caso, así como las partes darían sus argumentaciones iniciales.

Pérez Otero llegó esta mañana acompañado de su esposa, la exrepresentante y exjueza, Liza Fernández, a quien agradeció por su apoyo.

“Vamos a proseguir esto. Ustedes saben que no podemos comentar. Sabemos que son momentos difíciles”, fue lo poco que indicó el novoprogresista a su llegada.

Trascendió, además, que los abogados de defensa de Pérez Otero radicaron ayer, miércoles, una moción de desestimación.

El licenciado Eduardo Ferrer señaló que como en el caso hay una orden de mordaza y la moción está sellada no puede comentar sobre ella.

Cabe destacar que la jueza que preside este juicio, Aida Delgado Colón, no le ha dado paso a ninguna de las mociones que ha presentado la defensa.

Pérez Otero fue arrestado en diciembre de 2021, luego de que el empresario Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa, Osvaldo Carlo, José Olmo y Ferrer, sin embargo, han alegado en fallidas mociones radicadas ante la corte que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Los fiscales federales en este caso son Nicholas Warren Cannon y Myriam Fernández.