Con la ausencia de los testigos citados por el ministerio público, el juez Miguel Ramírez Vargas del Centro Judicial de Aguadilla decidió iniciar la vista preliminar en alzada contra el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina Pérez, y otros dos imputados por hechos ocurridos el pasado 2 de junio en los predios de la polémica construcción del condominio Sol y Playa en Rincón.

Sin embargo, aunque el magistrado pidió al fiscal Gilberto Rodríguez Valle que los contactara, no hubo respuesta, así que el proceso arrancó con el testimonio del agente investigador Gustavo González quien narró lo acontecido esa mañana cuando fue asignado al lugar debido a la presencia de varias personas que protestaban contra el proyecto.

Por esos supuestos hechos arrestaron a Molina Pérez, junto con Jeremy Vélez Rosario y Miguel Luna Ríos, quienes respectivamente enfrentan cargos por escalamiento agravado y daño agravado, a pesar de que en el lugar había cerca de 20 manifestantes y unos cinco o seis policías.

Durante su relato, el agente investigador no pudo precisar si los manifestantes estaban invadiendo una propiedad pública o privada, pues no conocía los límites territoriales de la zona marítimo-terrestre, ante lo que supuso era un área privada debido a que estaba cercada con una verja de “cyclone fence’ rodeada de alambres”.

“¿Por qué estaba levantada esa zona?”, preguntó el fiscal.

“Porque había una construcción y nadie estaba autorizado a entrar”, contestó el agente, al señalar que el camión que atajaron los manifestantes para evitar que entrara a la construcción era para atender un pedido de la compañía del ingeniero Enrique Torres quien tiene a cargo el proyecto para erigir las áreas recreativas del condominio ubicado en el área de la playa Los Almendros.

De otra parte, el policía estatal contó que el vicepresidente de la junta de titulares, Kenny Gutiérrez, le presentó unos permisos de construcción del proyecto con fecha del 29 de enero de 2021.

“¿Kenny no le había presentado antes los permisos de construcción del 29 de enero de este año?”, preguntó el abogado Olivieri Miranda al agente investigador, el cual contestó que no.

Por eso, el letrado cuestionó la legitimidad de los permisos, pero el juez intervino para explicar que “una cosa es que yo sea el dueño y otra cosa es que tenga permisos para hacer X o Y cosa. Nunca se contraviene la titularidad del terreno que pertenece al condominio”.

De acuerdo con el abogado Olivieri Miranda, para probar si los imputados incurrieron en delito de escalamiento, el ministerio público tendrá que evidenciar si el área de la construcción está en zona pública o privada.

“Uno de los delitos que está pendiente es escalamiento agravado, y, el escalamiento hay que probar que es una propiedad privada. Si yo me meto en el caso de alguien, pero esa propiedad privada empieza en un punto y termina en un punto. Y esa área allí es una playa. Y no hay playas privadas en Puerto Rico… todas son públicas”, argumentó.

“El agente llega ahí y ve una verja y pues él asume que eso es propiedad privada. Él no sabe quién instaló la verja, si está instalada o no. Una de las preguntas que el juez le hace que es bien importante fue ¿usted no sabe si esa verja se expandió y se pudo en un área más grande? Quizás para proteger la construcción o no. El policía no sabe si eso es propiedad privada o no”, agregó.

Asimismo, el abogado de Molina Pérez y de Luna Ríos, explicó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no ha realizado un nuevo deslinde en el área desde el paso del huracán María.

“Lo que hemos estado planteando es que donde está el agua se llama la zona marítimo-terrestre, eso tiene unas medidas. Luego viene una servidumbre de salvamento que tiene otras medidas. Luego viene una zona de dominio público que tiene otras medidas y esas medidas son en metros. Con la erosión costera que ha sufrido Puerto Rico, especialmente Rincón, con las marejadas, el aumento en los niveles del mar, obviamente ese mar ha ganado más terreno”, manifestó.

“El único profesional en Puerto Rico que puede hacer el trabajo de una medida a un terreno que es lo que se conoce como una agrimensura o el proceso de hacer un deslinde, es un agrimensor. Los deslindes caducan a los cinco años. Luego del paso del huracán María, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no ha vuelto a hacer ahí un deslinde para volver a marcar los límites”, afirmó.

El otro cargo que enfrentan los tres imputados es daño agravado por supuestamente destruir la verja que divide el área de construcción.

“No se relacionó a Eliezer con estos hechos en ningún momento y que la verja no se dañó porque el agente dice ‘no, la verja se cae al suelo’, pero luego que se cae, la recogen y la vuelven a poner. La verja no se dañó, no se le pegó fuego, no se inutilizó y si la verja se cae, usted la levanta y la pone en el mismo lugar y está haciendo la misma función entonces ¿cuál es el daño?”, reiteró.

Por su parte, Molina Pérez resaltó que durante el proceso en alzada se pudo demostrar que el permiso otorgado para ese proyecto se dio durante la presente administración del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, pues la fecha divulgada en sala fue el 29 de enero de 2021.

Esto es contrario a lo expresado por el mandatario quien hace unos días aseguró que el documento fue concedido antes de que llegara a la Fortaleza.

“Ya pudieron ver en sala que el permiso de construcción se dio durante la administración del gobernador Pedro Pierluisi quien mintió hace dos días diciendo que no fue bajo su administración. Este permiso, que es un documento público, se dio bajo la administración del gobernador”, dijo el líder ambientalista.

“Ustedes están presenciando la injusticia; cómo se quiere criminalizar a las personas que simplemente están haciendo un reclamo legítimo ante un estado que no quiere cumplir con su deber ministerial. Me parece que todos han visto el papelón que ha hecho el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo; la insistencia del gobernador en no tocar este tema y unos puertorriqueños que se dieron a la tarea de defender a nuestras futuras generaciones en un lugar que es un bien de dominio público que la propia fiscalía no lo puede probar”, concluyó.

La continuación de la vista preliminar en alzada contra Molina Pérez y los otros imputados continuará el jueves, 5 de agosto a las 2:00 de la tarde.