Uno de los 17 acusados miembros de la organización delictiva de narcotráfico que era dirigida desde prisión por Carlos Morales Dávila, mejor conocido como Cano Gurabo, fue arrestado en junio, lo que atrasa el proceso judicial contra los demás.

En una conferencia de estatus esta tarde ante el juez federal Daniel R. Domínguez, se informó que Luis López Fernández fue detenido el 6 de junio pasado. Se le ocuparon más de $2,000 y armas.

Esto dilata el proceso judicial contra todos, dado a que se le tienen que dar al menos 70 días a la defensa del acusado, el abogado Peter Díaz Santiago, para prepararse.

El fiscal Eugenio Lomba Ortiz indicó, además, que falta por arrestar a Jorge Acevedo Martínez. Agregó que todavía están en el proceso de descubrimiento de prueba con los abogados de los demás acusados.

Por el arresto reciente, el juez pautó una vista de estatus de seguimiento para el 14 de septiembre. 

Un gran jurado emitió un pliego acusatorio el 18 de diciembre de 2014 contra 17 personas por el trasiego de sustancias controladas y lavado de dinero, incluyendo a contadores públicos, desarrolladores y abogados como Juan Ramón Zalduondo Viera.

Mientras, Morales Dávila está confinado en los Estados Unidos, donde cumple una sentencia de 12 años por narcotráfico.

Los cargos sometidos incluyen lavado de dinero y narcotráfico debido a que el grupo se dedicaba a importar cocaína y heroína desde Venezuela, Colombia y República Dominicana.

Los contrabandos importados desde los citados países eran distribuidos en Puerto Rico, mayormente en el área este, y repartidos desde Vieques usando el "ferry".

La acusación incluye una alegación de confiscación contra los 17 acusados por $1,000 millones de dólares.

Como parte del esquema, los acusados usaron las ganancias de la venta de narcóticos para comprar 65 casas, 15 vehículos, botes, un apartamento de lujo en Miami, 10 lotes de terrenos para desarrollo residencial, un complejo de cuatro torres de 32 apartamentos en Montemar Apartments en Ponce, armas de fuego, prendas y dos botes de lujo.

Sobre el licenciado Zalduondo Viera, se alega que fungía como facilitador de lavado de dinero y que ayudó a depositar casi $3 millones en efectivo en cuentas del Banco Santander y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña. El abogado y desarrollador usó tres cuentas de banco bajo su nombre y de su compañía de bienes raíces Juaza Inc. para facilitar el lavado de dinero proveniente de la organización de Cano Gurabo, según se desprende de la acusación federal.

Otro desarrollador que participó de la conspiración fue identificado como Carlos "Charlie" Alvarado Encarnación, quien es dueño de varios negocios. Se le imputa vender en 2010 la propiedad Vistamar Marina a la corporación Aguas del Caribe, Inc., cuyo dueño es Luis Santana Mendoza, pero el verdadero comprador era Cano Gurabo.

Las autoridades indicaron que la visión de Cano Gurabo era "invertir en cemento", por lo que invirtieron en proyectos como Montemar Apartments, Las Veredas del Mar Residential Development, y fincas en Brisas del Caribe Residential Development para lavar dinero.

Uno de los miembros de la organización, Luis Santana Mendoza, construyó y luego alquiló un edificio al Sistema Universitario Ana G. Méndez en Naguabo con dinero recibido de las ganancias de las actividades ilícitas.

Otro acusado, Jorge Bobonis Rexach, identificaba y adquiría propiedades de lujo, las remodelaba y las ponía a nombre de la corporación de Luis Santana Mendoza para esconder que el verdadero propietario era Morales Dávila.

Francisco "Pache" Pimentel Maldonado, otro de los acusados, era empleado de la Autoridad de los Puertos y trabajaba en los "ferries" que navegan de Vieques a la Isla Grande.

En el grupo de acusados figuran José "Cheo Silva" Silva Rentas, Luis "Pocho" López Fernández, Jaime "Jimmy" Serrano Cardona, Randy Barbosa Martínez, Julio Colón Maldonado, Jorge "Shampoo" Acevedo Martínez, Alexis "Koya" Sánchez Díaz y José Claudio "Grasa" Del Valle. 

También están acusados Santana Mendoza, conocido como "El Viejo"; Bobonis Rexach, apodado "Clonopin"; Felipe "Tatu" Gómez Encarnación, Héctor "El Lechero" Orta Castro y Eduardo "El Ingeniero" Santiago Orta.

El resto de los acusados incluyen al desarrollador Carlos "Charlie" Alvarado Encarnación y al licenciado Zalduondo Viera, a quien en 2012 las autoridades federales le confiscaron cerca de $600,000. Ese dinero depositado en varias instituciones bancarias tenía olor a humedad y rastros de droga, según las autoridades.

Además de las imputaciones contra el grupo de 17 personas, también surgió una segunda acusación contra Carlos Barens Pérez por lavado $142,200 en efectivo.

De ser encontrados culpables, las penas a las que se enfrentan van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.