Dos de los coacusados del caso de corrupción pública encabezado por la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, se acogieron ayer, viernes, a un Programa de Desvío Previo al Juicio (PTD, en inglés), según registra el expediente federal del caso.

Se trata de Fernando Scherrer Caillet, expresidente de la filial en Puerto Rico de la firma de contabilidad BDO, y Aníbal Jover Pages, expresidente de la compañía Intelligent Grant Solutions y expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

Las notificaciones radicadas ayer por la Fiscalía federal establecen que ambos acusados acogieron un acuerdo PTD, por lo que todas las mociones y transacciones pendientes que habían ante el Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey, quedarían retiradas.

Ambos notificaciones también establecen que, “al concluir el período de aplazamiento y una vez que el acusado cumpla con los términos y condiciones del acuerdo PTD, la Fiscalía federal ha acordado presentar una moción ante la Corte solicitando la desestimación de todos los cargos pendientes contra el acusado en este caso, de conformidad con la Regla 48(a) de las Normas Federales de Procedimiento Penal”.

Este programa PTD está cobijado en el “Título 9: Criminal” del Manual de Justicia del Departamento de Justicia federal. Se utiliza para “desviar a ciertos delincuentes del procesamiento de justicia penal tradicional hacia sistemas alternativos de supervisión y servicios. Los programas de PTD brindan a los fiscales otra herramienta, además del proceso de justicia penal tradicional, para garantizar la rendición de cuentas por la conducta delictiva, proteger al público reduciendo las tasas de reincidencia, conservar los recursos judiciales y procesales y brindar oportunidades de tratamiento, rehabilitación y corrección comunitaria”.

Los detalles del programa de desvío al que serían sometidos ambos acusados no se precisaron en las notificaciones radicadas. Sin embargo, el exfiscal federal Osvaldo Carlo explicó a Primera Hora, cuando el hijo de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier”, Orlando Montes Charbonier, se acogió a este programa, que como parte de la transacción l acusado tendría que aceptar cierto grado de responsabilidad en el delito imputado.

“Va a haber documento privado, confidencial, donde él acepta responsabilidad por sus actos. Hay una aceptación de una conducta y un acuerdo que me voy a acoger a una probatoria… La diferencia es que cuando llegas a la probatoria, después de una sentencia, que no es programa desvío, te hace un récord para siempre. Si cometes otro delito, eres una persona con récord. Cuando es por programa de desvío, como en este caso, pues, entonces, al final del camino cumples término, desestiman cargos y es como si nunca hubiese sido acusado”, detalló el reconocido abogado.

Scherrer Caillet y Jover Pages fueron acusado de fraude electrónico y conspiración en uno de los dos casos de corrupción imputados contra Keleher, quien también incluyó como coacusados a las hermanas Glenda Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza; el contratista de BDO, Alberto Velázquez Piñol, y la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila.

Keleher se declaró culpable y fue sentenciada a seis meses de cárcel y 12 meses de libertad supervisada con confinamiento domiciliario en diciembre de 2021.

La exsecretaria fue arrestada el 10 de julio de 2019 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la capital federal. En total, se le imputaron nueve cargos criminales, principalmente de conspiración y fraude, el que se alega alcanzó los $13 millones. Pero, con el acuerdo de culpabilidad, Keleher eliminó la mayoría de los cargos que enfrentaba en dos acusaciones distintas y que la amenazaban en enfrentar una sentencia de hasta 20 años en prisión.

Según la acusación federal, la exsecretaria de Educación cedió los terrenos de la escuela Padre Rufo, en Santurce, para que el contratista pudiera hacer un parque pasivo para la comunidad. A cambio, se alegó que Keleher obtuvo unos beneficios a su favor para el arrendamiento y compra de un apartamento en Ciudadela.

Mientras, a Ávila se desestimaron los cargos en noviembre de 2023. Sin embargo, a Velázquez Piñol, Scherrer Caillet y Jover Pages le quedaron pendientes varios cargos en este proceso de desestimación.

Para justificar la petición, el fiscal Alexander Alum citó en su moción el precedente establecido por una decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos que limita en ciertas áreas a las autoridades para procesar casos por fraude.

El pliego acusatorio enmendado contenía 14 cargos -incluidos en los que se pidieron desestimar- que alegaban que Ávila Marrero, Velázquez Piñol y Jover Pagés habían participado de un esquema de fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico, por los que se exponían a penas de hasta 20 años de prisión. Esos cargos imputaban que los tres supuestamente se pusieron de acuerdo para “a sabiendas” idear “un esquema para defraudar y obtener dinero y propiedad a través de pretensiones falsas y fraudulentas, representaciones y promesas”.

Tras este proceso de desestimación, se anunció este viernes los acuerdos contra los coacusados Scherrer Caillet y Jover Pages. Quedaría pendiente el caso de Velázquez Piñol.