La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones Sandra Torres López enfrentará juicio por utilizar su cargo para beneficiar con recaudos al comité de reelección de Ricardo Rosselló antes de que tuviera que renunciar en el verano de 2019.

La jueza Alexandra Rivera Sáenz encontró causa para juicio y, según El Nuevo Día, la exfuncionaria se enfrenta a tres cargos: aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos (Artículo 252 del Código Penal) y por dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Específicamente, en cuanto a la Ley de Ética Gubernamental, a Torres López se le acusa de haber violado el inciso B del Artículo 4.2 que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Además de haber violado el inciso M del mismo artículo: “un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a los demás servidores públicos, que hagan contribuciones económicas o que empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política”.

Los fiscales especiales independientes del caso son: Ramón Mendoza Rosario, Leticia Pabón Ortiz y Juan Catalá Suárez.

Según el testigo de ayer -Exel López Vélez, exdirector de comunicaciones de Torres López- la acusada compartió una lista de contratistas y compañía, que se supone que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones supervisara, para que les vendieran taquillas de una actividad de recaudación de fondos para Rosselló Nevares. La meta era de $40,000.

Tanto Katherine Erazo García como Eduardo “Tito” Laureano, ambos contratistas de la Junta Reglamentadora y veteranos recaudadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), también estarían vinculados a esa tarea.

Otros funcionarios de Rosselló se declaran culpables

Esta semana, la exsecretaria del Departamento de Educación bajo Rosselló Nevares, Julia Keleher, se declaró culpable en los dos cargos por corrupción presentados en su contra, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal.

Los cargos son por fraude electrónico como parte de una conspiración para pagar ilegalmente salarios a una persona a través de dos compañías (Colón & Ponce y BDO) en violación de contratos con el Departamento de Educación; y por privar al gobierno de servicios honestos al conspirar a favor de la compañía a cargo de Ciudadela para privar de terrenos a la escuela Padre Rufo, a cambio de beneficios personales relacionados con un apartamento en Ciudadela.

Otro funcionario bajo la administración de Rosselló Nevares que se declaró culpable a mediados de mayo fue el expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel Agudo, por cometer varios delitos durante la venta irregular y a bajo costo de una cartera de préstamos de la entidad.

Específicamente, aceptó los cargos imputados por violación al artículo 253 del Código Penal de Puerto Rico (negociación incompatible con el ejercicio del cargo público) y una infracción al artículo 5.7 de la Ley de Ética Gubernamental (a sabiendas no divulgar información requerida en el Informe de Ética).