Una pareja que fue acusada en ausencia por un cargo menos grave por negarse a cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva contra el COVID-19, el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, se atrincheró durante unas dos horas en el interior de un auto, en Caguas.

Según informó la Policía, Zulma I. Figueroa Córdova, de 53 años, y su esposo, Luis Ángel Colón Colón, de 44 años, se encontraban estacionados en la calle Kennedy de la urbanización José Mercado, del mencionado municipio, junto a unos menores de edad. Las autoridades designaron un negociador para apoyar el proceso de arresto, a cargo del Departamento de Salud.

Posteriormente, la pareja fue trasladada al cuartel de Barrio Obrero, mientras que los menores fueron sacados de la escena por personal del Departamento de la Familia, según El Nuevo Día.

Aunque en un principio se había indicado que agentes de la unidad especializada S.W.A.T. se encontraban en el lugar, la Policía aclaró que no.

“La Policía no ha activado el SWAT en el caso de la pareja, contra la cual un juez emitió una orden de arresto tras esta violar la OE a su entrada a Puerto Rico. Solo se designó un negociador para apoyar el proceso de arresto a cargo del Departamento de Salud”, se informó desde la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Figueroa Córdova llegó a decir que temía por su vida.

“Temo por mi vida... temo por la vida de mi familia”, dijo la dama.

Esta tarde, el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto contra ambos. Estos enfrentan un cargo menos grave por violar el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al impedir a los funcionarios o empleados públicos el ejercicio de la autoridad de las obligaciones de su cargo.

Particularmente, la pareja se negó a cumplimentar la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19″, según requerida mediante la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador Pedro Pierluisi. Por lo que el Departamento de Salud refirió el caso al Departamento de Justicia.

“El juez ordenó su arresto, en vista de que no comparecieron hoy, a pesar de que fueron debidamente citados. Lo que demuestra su claro menosprecio por la autoridad y la ley, así como un desafío al tribunal y a nuestro sistema de justicia. Ante esto y por tratarse de un caso de alto interés público, solicitamos la imposición de fianza. Aunque el cargo radicado es menos grave, el juez impuso $10 mil de fianza a cada uno al amparo de la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal”, explicó esta tarde la fiscal de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Ileana Martínez Rosado.

La fiscal indicó que ambos podrían ser penalizados con una multa o hasta 6 meses de prisión.

La pareja, que llegó a Puerto Rico junto a sus dos hijos de un vuelo procedente del estado de Florida, se negó a cumplir con el trámite establecido para ingresar a la isla de manera segura y evitar la propagación del COVID-19.

Al pasar al área de inspección, informó a funcionarios de la Guardia Nacional y empleados contratados por el Departamento de Salud que no proveería sus datos a través de la Declaración de Viajeros. “Los oficiales procedieron a escoltarla a la mesa donde se encontraba una empleada que le asistiría a cumplimentar la referida declaración. Sin embargo, la señora Figueroa, de manera altanera, retante y con claro menosprecio a la Orden Ejecutiva, se negó nuevamente a proveer su información personal, evidencia de resultado negativo de COVID-19 y su identificación”, relató la fiscal.

Mientras ocurrieron los hechos, la imputada se mantuvo grabando el proceso con su teléfono celular. Luego de esto, abandonó el aeropuerto junto a su esposo e hijos sin proveer la información solicitada por los funcionarios para cumplir con la obligación establecida en la Orden Ejecutiva.

“La Orden Ejecutiva contra el COVID-19 tiene fuerza de ley y se aprobó como medida para proteger a todos los ciudadanos. Su incumplimiento no solo es ilegal, sino que representa un riesgo a la salud de la población en este momento crítico. Puerto Rico es un lugar de ley y orden. Nadie está por encima de la ley. Todo aquel que visite o resida en la isla tiene que cumplir con las normas establecidas. En este momento, más que un deber ciudadano, representa un acto de consideración con el prójimo. Todos queremos regresar a la normalidad y tenemos que colaborar”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en un comunicado de prensa.

La pesquisa se llevó a cabo con el apoyo de la supervisora de inspectores de la Oficina Investigaciones Departamento de Salud, Moraima Cruz Delgado.