Terminantemente prohibidas las terapias de conversión.

Hoy, el gobernador Ricardo Rosselló anunció que se presentarán dos medidas legislativas, una dirigida a prohibir las terapias reparativas y otra para fomentar la libertad religiosa.

Para demostrar que hay consenso entre los diversos sectores en asuntos que tienden a dividir, el gobernador hizo el anuncio acompañado, entre otros,  por el sacerdote católico padre Carlos Pérez; el pastor Otoniel Font; Cecilia la Luz, defensora de los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT), y por los legisladores María Milagros Charbonier y Miguel Romero.

Rosselló mencionó que las medidas -que responden a compromisos programáticos de su administración-  atienden las preocupaciones del Proyecto de la Cámara 1018 de libertad religiosa, que él veto, y el Proyecto del Senado 1000, que prohibe las terapias de conversión y que confrontó un informe negativo en la Cámara de Representantes.

Por eso, hizo un junte con diversos grupos para presentar las medidas y “adelantar los intereses de cada uno de los sectores sin tener que obstaculizar el progreso del otro”.

El gobernador aceptó que aunque aprobó sendas órdenes ejecutivas para atender ambos asuntos esbozados en las medidas -que aún no han sido radicadas - estas “no establecen derechos”.

Sin embargo, con el proyecto, en el caso de las terapias de conversión se busca un mandato directo a los proveedores de estos servicios, sicólogos y siquiatras, de que les “están totalmente prohibidas”.

En cuanto al de libertad religiosa dijo que se garantizará que todo ciudadano tenga el derecho a obtener los servicios gubernamentales que requiera.

Así, un empleado puede reclamar su derecho a la libertad religiosa, o lo que se conoce como acomodo razonable, para no hacer algo contrario a sus principios, pero el ciudadano tiene garantizado que recibirá los servicios que solicite.

Se aclaró que el empleado tiene que pedir con anterioridad ese acomodo razonable y cumplir con unos requsitos establecidos.

La presidenta del Consejo Asesor en Asuntos LGBTT, Johanne Vélez, aclaró que cuando un ciudadano va a una oficina nunca se va a enterar que determinado empleado no le quiso dar el servicio porque “será un proceso transparente”.

Como política pública “no se podrán negar servicios gubernamentales a ningún ciudadano… por cuestión de orientación de género o cualquier otra consideración”, insistió Rosselló.

De su parte, Romero mencionó que el proyecto de libertad religiosa promueve un balance del derecho constitucional vigente “y expone guías claras” asegurando el servicio a la ciudadanía y que en el de terapia de conversión se “respeta el espacio que ocupa la iglesia… y los derechos de patria potestad que tienen derecho a ejercer los padres sobre su hijos menores (de 18 años).

Sin embargo, como parte de ejercer libremente del derecho a una práctica religiosa el pastor o sacerdote puede dar consejos u orar por una feligrés, por ejemplo que sea homosexual, “y ser cónsonos con su fe; no es para cambiarlo…”, agregó el gobernador que dijo que “la política pública es respetar al ciudadano en condición de igualdad”.

Sobre el que ya el discrimen por creencia religiosa esté cobijado bajo el estado actual de derecho, Romero explicó que con las medidas lo que se busca es establecer como política el ejercicio de la libertad religiosa “sin que ello se entienda que pueda utilizarse como razón para no dar los servicios a una persona”.

De otro lado, Charbonier recordó la muerte de un hermano hace 22 años, paciente de HIV, y la lucha que tuvo su madre para que el joven homosexual pudiera ser pastoreado dentro de la iglesia.

Hoy, al adelantar que hará todo el trabajo necesario para que aprueben las medidas, dijo que hace lo propio para buscar un espacio dentro de la sociedad “para todos vivir en paz”.

Rosselló dijo que los proyectos, que fueron consultados con los presidentes de Cámara y Senado, Carlos "Johnny" Méndez y Tomás Rivera Schatz, respectivamente, aspiran a hacer lo correcto y demostrar que sí se pueden sentar grupos diversos en una mesa y lograr “grandes acuerdos para Puerto Rico”.

De su parte, el director ejecutivo de la Oficina del Tercer Sector y Base de fe, Héctor Albertorio Blondet, elogió el consenso que se dio entre el sector religioso y la comunidad LGBTT.

Mientras, de la Luz expresó que al fin se logró que “un menor que está descubriendo su identidad sexual no sea objeto de terapias que le causan daños y angustias mentales”.

Sobre si hubo consenso para presentar alguna medida sobre el tema del aborto, Rosselló dijo que en el Plan para Puerto Rico no se estableció como un compromiso programático “limitar ni facilitar el asunto del aborto”.

Recordó que vetó el proyecto 950, que restringía el aborto.