Robusta la evidencia contra madre e hijo en caso de asesinato de militar en Ponce
Incluye vídeos, fotos, análisis forenses y reportes policíacos, entre otros, según trascendió en la vista de hoy.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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Ponce. La defensa de Jeromy Pietri Napoleoni y su madre, Ana Inés Napoleoni Medina, recibió esta mañana una voluminosa evidencia contra sus clientes que están acusados por el asesinato del militar Jancarlo Rivera Lugo, perpetrado el 14 de noviembre de 2022 en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque de Ponce.
El ministerio público entregó una extensa prueba documental que incluye vídeos, fotografías, certificados de análisis forense, informes policíacos y notas de los agentes que investigaron el caso, según trascendió en la vista con antelación al juicio en el Tribunal de Primera Instancia de la Ciudad Señorial.
Durante el procedimiento judicial, ante el juez Ángel Llavona Folguera de la sala 502, se supo que aún faltaba la entrega del informe balístico que, aparentemente está terminado, pero requiere de la firma del perito del Instituto de Ciencias Forenses que estuvo reportado por enfermedad.
Esto completaría la cadena de evidencia en manos de los abogados, para que el magistrado pueda señalar la fecha para comenzar el juicio, para el que tampoco se ha informado si será por tribunal de derecho o jurado.
De acuerdo con la fiscal Annette Estévez Serrano, “nosotros le peticionamos al Tribunal que señalara el juicio en el día de hoy, porque queremos entrar prontamente a los méritos del caso, pero la determinación del tribunal es que se va a escoger la fecha el 11 de abril”.
Su preocupación, dijo Estévez Serrano, es que no venzan los términos que dispone la ley sobre el derecho a un juicio rápido, denominado habeas corpus que, “transcurridos los 180 días, la persona acusada puede solicitar salir de la cárcel en lo que se atiende su caso”.
Ana Inés se entregó el 27 de diciembre de 2022 y la Policía arrestó a Jeromy el 6 de enero de 2023, tras un maratónico operativo en una zona boscosa de Guayanilla, por el que se le radicaron cargos adicionales en violación a la Ley de Armas.
“Ya a finales de junio o principios de julio estarían venciéndose ambos habeas corpus. Nuestra petición es que el caso se señale, ya sea para el mes de abril o mayo, a más tardar”, insistió.
“El Tribunal les concedió hasta el 11 de abril para que informen si el caso se verá por tribunal de derecho o por jurado. Ese día, se va a escoger la fecha de juicio”, resaltó.
Sobre la prueba entregada a la defensa, la fiscal Estévez Serrano dijo que “es una evidencia voluminosa que contiene prueba documental, vídeos, fotografías, certificados de análisis forense, informes policiacos, notas de agentes del orden público; toda la evidencia con la que contamos, nosotros se la entregamos a los abogados”.
“Solamente falta por entregar un informe balístico que ya, en la mañana de hoy, el director de esa sección de análisis de armas de fuego nos informó que ya está realizado el informe y estarían enviándolo en la tarde de hoy por email”, sostuvo.
Cabe destacar que, los acusados presenciaron la vista con antelación al juicio, a través del sistema de videoconferencia.
Allí, la fiscalía notificó la radicación de otro recurso de procedimiento criminal, la Regla 95 A, con el propósito de que “de la defensa tener alguna prueba que se proponga presentar en el juicio, nos la tienen que descubrir”.
Igualmente, se informó la autorización del Tribunal Supremo para que la prensa pueda reproducir el juicio, tras la solicitud presentada por TeleOnce.
“Nosotros, lo que le estamos pidiendo al juez es que de igual manera en que se hizo en vista preliminar, se proteja la imagen de los testigos que son civiles, que no son policías, que tienen algún tipo de temor por su seguridad y porque no se divulgue su imagen”, advirtió.
Finalmente, el ministerio público anunció al juez que cuentan con 17 testigos de cargo, “pero vamos a solicitar la inclusión de unos testigos adicionales, en términos de funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses que participaron en alguna medida en la cadena de custodia en la evidencia que analizaron”.
El crimen de Rivera Lugo, quien era segundo teniente de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, ocurrió el 14 de noviembre de 2022, en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque en Ponce, cuando la víctima se disponía a comprar los adornos de Navidad junto con su pareja.
No obstante, al tomar un atajo por una calle donde regularmente transitaban, presuntamente fue detenido por la acusada quien le dijo que iba en contra del tránsito. La cadena de hechos quedó grabada en una llamada realizada por Jancarlo al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Jeromy Pietri y su madre, Ana Inés, enfrentan cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas, robo agravado. Mientras que la fémina tiene una acusación adicional de amenaza a testigo. Ambos se exponen a sobre 160 años en prisión, de ser hallados culpables en todos los cargos.
La próxima vista con antelación al juicio quedó señalada para el martes, 11 de abril a las 9:00 de la mañana.