"Su señoría, con todo respeto, no recibí un juicio justo e imparcial en la corte federal ni en la corte estatal. Hubo un bombardeo constante de evidencia distorsionada. Lo único que he pedido es un jurado justo e imparcial que pueda evaluar mi caso".

Con esas palabras, Pablo Casellas Toro objetó su sentencia a nivel federal por mentir a agentes federales al alegar que fue víctima de “carjacking”, y este lunes el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston revocó su convicción y determinó que no recibió un juicio justo e imparcial, por lo que devolvió el caso al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico para "procesos venideros", que incluirían la celebración de un nuevo juicio.

Casellas Toro fue sentenciado el 11 de agosto de 2014 por este caso a una pena de cárcel de un año y nueve meses, que se extinguiría durante el primer semestre del año próximo, y tres años de libertad supervisada. A nivel estatal, fue sentenciado el 6 de febrero de 2014 a 109 años de prisión por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes, ocurrido el 14 de julio de 2012 en su hogar en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo, y ese veredicto fue revocado recientemente por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

El panel de jueces del Primer Circuito, compuesto por Robert Benton, David Sentelle y Adalberto Jordan, determinó que la convicción a nivel federal no procedía porque se le denegó a la defensa de Casellas Toro una moción de supresión de evidencia y su petición para que el caso se viese en otra jurisdicción debido a la "publicidad excesiva" que recibió el caso del asesinato de Paredes, lo que a su juicio impedía conseguir un jurado justo e imparcial.

Los jueces indicaron que procedía ver el proceso en otra jurisdicción, como planteó su abogado Francisco Rebollo Casalduc, e hicieron hincapié en que los fiscales Michael Gilfarb y Andy Camacho, ambos del estado de Florida, no se opusieron a la petición de la defensa.

El Primer Circuito destacó, además, que hubo "abuso de discreción" por parte del tribunal de distrito, ya que la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza a los acusados el derecho a un juicio con un jurado imparcial.

En este tipo de caso, la fiscalía federal podría pedir una nueva vista ante el Primer Circuito como vía de reconsideración o atenerse a la determinación y ver el nuevo juicio.

La decisión del foro apelativo federal detalla que el juez Joseph Goodwin, de Virginia Occidental, comenzó a escoger el jurado en abril de 2014 con 160 candidatos. Al preguntarles si conocían del caso, "casi unánimemente levantaron las manos". Por lo tanto, entrevistaron a cada uno individualmente.

El juez federal Goodwin no dio paso al cambio de jurisdicción por entender que era "suficientemente posible" conseguir un jurado. Cualificaron a 35 de 114 personas, y luego escogieron a los 12 jurados y dos suplentes que vieron el juicio en su fondo.

En el caso contra Casellas Toro, tanto el juez como los fiscales fueron de otras jurisdicciones debido a que el corredor de seguros es hijo del juez federal Salvador Casellas, y los jueces y fiscales en Puerto Rico se inhibieron de ver el proceso.

Una vez fue encontrado culpable y sentenciado, la defensa apeló la determinación al entender que hubo "publicidad perjudicial", "masiva" y "sensacionalista" que no permitió que su representado tuviese un juicio justo e imparcial.

El día después de ser sentenciado en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, Casellas Toro fue trasladado al Tribunal Federal ante el juez Goodwin para la vista inicial por el caso relacionado con tres cargos por supuestamente mentir a agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) al alegar que fue víctima de “carjacking” el 17 de junio de 2012 cuando iba al Club de Tiro Metropolitano de Toa Baja a practicar. No obstante, era el Día de los Padres y el club estaba cerrado. 

A nivel estatal, el Tribunal de Apelaciones también determinó celebrar un nuevo juicio en el caso del asesinato por entender que la decisión del jurado tenía que ser unánime, pero fue 11 a uno. El secretario de Justicia, César Miranda, dijo que solicitaría al foro intermedio la reconsideración de esa decisión.