La defensa legal del ex alcalde de Cataño Wilson Soto libró una guerra sin cuartel en un intento de torpedear los serios delitos que el militante penepé enfrenta por soborno, al intentar levantar cuestionamientos sobre la evidencia testimonial y documental en manos del Ministerio Público, pero un juez de primera instancia despejó el paso para que inicie el juicio criminal al denegar una moción que solicitaba la desestimación del caso.

Durante una audiencia judicial celebrada ayer en el Tribunal de Bayamón, tanto el abogado de Soto, Harry Padilla, como el fiscal especial independiente (FEI) César López Cintrón presentaron argumentos sumamente técnicos sobre la moción, pero también adelantaron puntos importantes sobre la prueba que desfilaría en el juicio criminal. En una movida sorpresiva, el juez Nelson J. Canabal mencionó los elementos más importantes que apuntan a la posible comisión de delitos por parte del ex funcionario luego de desestimar la moción presentada por Padilla, que intentó eximir a Soto de cualquier acto ilegal.

La vista tampoco estuvo exenta de drama. Padilla, por ejemplo, llegó al extremo de plantear que el FEI estaba tejiendo una novela del Premio Nobel, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, al esbozar una teoría sobre las presuntas actuaciones criminales de Soto que no se evidenciaban en la prueba recopilada.

Pero la hipótesis de la defensa se estrelló porque el juez sí encontró factible que el ex alcalde actuara como el presunto autor intelectual de una conspiración para sobornar una compañía contratada por el Municipio.

Según la prueba recopilada por el Ministerio Público, funcionarios del Municipio se habían reunido con los representantes de Oram Engineering, una empresa subcontratada para recoger escombros en el pueblo tras el paso del fenómeno natural Jeanne, para indicarles que su contrato se podía cancelar si no le pagaban al Alcalde $200,000 para su campaña política del 2004. Aunque el dinero nunca fue reportado ante la Comisión Estatal de Elecciones, la empresa supuestamente le pagó al Alcalde cerca de $128,000. Se alega que el ex alcalde presionó a su director de finanzas para que acelerara los pagos para la empresa porque ésta le estaba pagando su campaña política.

El presidente de la compañía supuestamente le regaló al funcionario dos gallos de pelea, que también podría constituir una violación de la Ley de Ética Gubernamental.

Uno de los testigos principales del caso, Juan Salgado, murió en diciembre de 2009. Presuntamente éste había intervenido a favor de Soto ante los contratistas del Municipio.

Infructuosamente, la defensa trató de establecer una brecha entre Salgado y Soto al sostener que en ninguna parte de la evidencia testimonial se establecía que este último tenía conocimiento sobre el dinero que se estaba intercambiando. También trató de minar los testimonios de los otros testigos del FEI, pero el juez apuntó a la reunión y a las exigencias de Soto ante su director de finanzas para establecer una relación que no podía pasar inadvertida.