En lo que supone un revés para la defensa de Pablo Casellas Toro, la jueza Vivian Durieux Rodríguez, del Tribunal de Bayamón, declaró este lunes no ha lugar a la supresión de la evidencia incautada por las autoridades en la guagua Acura del hombre acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes Cintrón.

Al mismo tiempo, hoy culminó la primera etapa de las preguntas generales al primer panel de potenciales jurados en el juicio contra el hijo del juez federal, Salvador Casellas.

Esta mañana, el juez José Ramírez Lluch entregó la resolución a los abogados defensores Harry Padilla Martínez y Arturo Negrón García y al ministerio público previo a un receso declarado en su sala, donde se escogen a los jurados que evaluarán la evidencia que los fiscales Sergio Rubio, Janet Parra y Phoebe Isales presentarán contra el vendedor de seguros.

Casellas Toro enfrenta cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Inmediatamente, los licenciados Negrón García y Padilla Martínez anticiparon que recurrirán la determinación de la magistrada, mientras que el ministerio público se expresó satisfecho con la decisión.

Durante la vista de supresión de evidencia, celebrada la semana pasada, la defensa argumentó que los últimos dos registros realizados al automóvil de su cliente no se hicieron en un término razonable. Afirmó también que el segundo registro se hizo después que transcurrieron más de 10 días del consentimiento escrito que su cliente les había dado a los agentes que investigaban el incidente de "carjacking" que el corredor de seguros alegó haber sufrido el 17 de junio de 2012 en Levittown. Casellas Toro firmó el consentimiento escrito el 25 de junio de 2012.

Sin embargo, los fiscales argumentaron que el propio Casellas Toro no revocó, sino que por el contrario, renovó en varias ocasiones el consentimiento cuando llamaba a los agentes federales para que le devolvieran el carro porque necesitaba que los ajustadores del seguro lo inspeccionaran.

Además, recalcaron que en ese momento Casellas Toro era perjudicado y no sospechoso del crimen de su esposa, ocurrido el 14 de julio de 2012 en la urbanización Tierralta III en Guaynabo.

En su resolución de 25 páginas, la magistrada concluyó que los registros realizados al Acura el 16 de julio y 13 de agosto de 2013 "fueron legales y razonables".

"El hecho de que se ocupe evidencia obtenida mediante el consentimiento de una persona para investigar unos hechos y que luego se utilice en contra de esa misma persona en otro proceso, como se pretende hacer en el presente caso, no permite la conclusión de que dicha utilización está fuera del alcance del consentimiento", afirmó Durieux Rodríguez.

También indicó que las comunicaciones entre Casellas Toro y el agente Greg Gruel para conocer si se había completado el registro y se le podía entregar su vehículo no constituyen una revocación de consentimiento como argumentó la defensa "toda vez que éste nunca objetó el que el registro no se hubiera hecho y aceptó esperar".

Selección de jurado

Hoy la selección de jurado entró en su quinto día con preguntas a 30 potenciales jurados sobre su opinión y percepción sobre la culpabilidad o inocencia de Casellas Toro y con preguntas sobre su parecer sobre la violencia doméstica.

En respuesta a preguntas del licenciado Padilla Martínez, cuatro ciudadanos respondieron que encontrarían al acusado culpable si no presenta testigos de defensa, mientras que otros cinco indicaron que de deliberar hoy lo encontrarían culpable aún cuando no han evaluado la prueba en su contra.

Ante esas respuestas el juez Ramírez Lluch repasó el principio de la presunción de inocencia y del derecho del acusado de guardar silencio y no presentar prueba durante el proceso criminal.

"No es como se dice en la calle que el que calla otorga", insistió el juez.

Pese a esta aclaración, cuatro jurados se mantuvieron en su posición de que lo declararían culpable de no presentar testigos.

Cuatro miembros de este panel también indicaron que el hecho de que Casellas Toro contara con cuatro abogados los inclinaba a pensar que era culpable de los cargos que pesan en su contra.

El juez Ramírez Lluch volvió a intervenir para aclarar que el número de abogados y de fiscales no debe incidir en la decisión de un jurado. Ese juicio, recalcó, se debe tomar en base a la evidencia presentada en sala.

El segundo panel de jurados, también compuesto por 15 hombres y mujeres, expresó que quería escuchar a Casellas Toro en el juicio, pero que no usaría el silencio en su contra.

Estos ciudadanos indicaron que de retirarse a deliberar hoy, cuatro declararían a Casellas Toro inocente y 11 no votarían porque no habían visto la prueba.

En la tarde, el fiscal Rubio entrevistó a los dos paneles e indagó sobre su parecer y experiencia con la violencia doméstica y sobre su disposición a declarar Casellas Toro culpable de probarse los cargos más allá de duda razonable.

Los 30 posibles candidatos indicaron que no les temblaría la mano en declararlo culpable de probarse los cargos y 29 aseguraron que la violencia no se justifica de ninguna manera.

Además, 18 personas dijeron conocer o haber presenciado un incidente de violencia doméstica, que en algunos casos involucró a su mamá, hermana, cuñada y hasta una miembro del último panel.

La selección de jurado sigue mañana, martes.