Desorganización, incongruencia, posible perjurio y hasta apatía ante el homicidio de Ivette Joan Meléndez Vega a manos del asesino confeso Hermes Ávila Vázquez.

Esto caracterizó la gestión de los médicos de la compañía Physician Correctional, contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en sus evaluaciones médicas de Ávila Vázquez, según reveló la pesquisa de Alexis Rodríguez Rivera, gerente de investigaciones de la agencia.

“Hubo unas incongruencias porque unos médicos alegaban que no era necesario hacer unos exámenes adicionales, otros alegaban que tenían el diagnóstico confirmado. Hubo incongruencias que, si hubiese sido –con el mayor del respeto a los médicos- si yo hubiese sido ese médico, no hubiese tomado la decisión”, resaltó este lunes Rodríguez Rivera en una vista pública de la Comisión Conjunta de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción de lo Jurídico y Desarrollo Económico en el Senado.

El investigador, además, dejó claro que el asesinato no hubiera ocurrido si aquellos responsables de facilitarle a Ávila Vázquez su salida de la cárcel hubieran cumplido con los criterios rigurosos de la Ley 25, que dispone que confinados diagnosticados con una enfermedad terminal o que padecen del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) puedan ser egresados de las instituciones penales bajo ciertas condiciones conformes a la Ley.

De haberse cumplido con los requerimientos de Ley, Ivonne Joan estaría con vida, aseguró Rodríguez Rivera.

“Nadie hubiera salido. Los criterios no estuvieron presentes”, estableció Rodríguez Rivera. “Ese fue el génesis”, reiteró.

“Génesis. El principio. En el principio no había nada. El espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la Biblia. O sea, no había nada. En el principio no había nada, pero todavía estaba la vida de Ivette Joan. Estaba viva y ahora no lo está. Qué bueno que usted hizo esa investigación. Qué bueno que usted fue responsable de decir exactamente lo que debe de decirse y yo creo que esta comisión debe ser igualmente responsable”, lamentó el presidente de la comisión, el salubrista José Vargas Vidot.

“Es peor”

El informe de Rodríguez Rivera delató un sinnúmero de incongruencias e inconsistencias, así como posibles crímenes, de parte de los doctores de Physician Correctional, aseguró en sala el investigador.

Es por esto que Rodríguez Rivera entregó la “entrevista íntegra” que se le hizo a Ávila Vázquez al Departamento de Justicia, pues consideró que sus alegaciones “pudieran haber desarrollado un asunto criminal”.

Entre estas alegaciones, el feminicida señaló que el doctor José Rodríguez Galarza, supuestamente, le prometió la aprobación de la Ley 25 si desestimaba dos demandas contra Physician Correccional.

También, adujo que un médico, identificado como el doctor Pichardo, lo inyectaba con una “sustancia” que lo hacía perder movilidad de la cintura abajo. De esto, supuestamente, tenía conocimiento la supervisora de enfermería, identificada como la señora Lafontaine, y el doctor Jeffrey González, médico de panel.

En una de las páginas de una ampliación del informe investigativo que se entregó esta mañana a la comisión se delató que, supuestamente, el día que se informó por los medios que Ávila Vázquez podría ser el culpable de la muerte de Meléndez Vega, Lafontaine le envió un mensaje de texto a la doctora Deborah Arús Rosado, médico generalista, a que “viera las noticias”.

A este mensaje, “Arús respondió que ella lo sabía, o lo sabíamos” y, luego, remitió el mensaje a un doctor identificado como Villalobos.

“Es peor. Yo he leído una página y, al leerlo, (vi) la insensibilidad de los doctores de Physician que hablan de la muerte porque se enteran por los medios y la forma que hablan ‘yo lo sabía, yo esto y lo otro’”, lamentó Vargas Vidot en expresiones vertidas a Primera Hora.

Rodríguez Rivera también mencionó que un sargento de la Institución 500 del Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce “sabía” que Hermes caminaba.

“En Ponce 500 lo veían y él rehusaba todos los tratamientos. Eso está escrito. Lo están viendo desde el 2005″, resaltó el senador a este diario.

La auditoría de la compañía Uti Corp también demostró que “Physician fue negligente en su proceder”, ya que “cita inconsistencia, desorden y falta de congruencia con la documentación provista por Physician Correctional”.

Esto es evidente con el registro de un supuesto accidente que sufrió el feminicida.

En los expedientes médicos no se puede determinar ni tan siquiera el origen de su lesión, ya que algunos documentos apuntan a que fue por un accidente de trabajo y otros por una herida de bala.

Por otro lado, el doctor Bryan Montalvo, de la Institución 500 de la cárcel, había indicado que Ávila Vázquez no tenía pérdida de masa ni tono muscular de los miembros inferiores, evaluación médica cónsona con una nota del Hospital Universitario del 2015 que acertaba que el convicto soportaba su peso completo y caminaba sin asistencia.

Asimismo, un agente, únicamente identificado como Ramos, y quien no fue entrevistado por el DCR porque no fue localizado, aparentemente vio a Ávila Vázquez compartiendo con una enfermera con quien sostenía una relación sentimental en un negocio llamado Aquí pa dónde. Era allí que Ávila Vázquez trabajaba.

“Esta idea de que el tipo es un psicópata que engañó todo el mundo (no es cierto). O sea, el personal que está asignado en la Ponce 500 está diciendo directamente ‘oye, este hombre no está evidenciando en ese tipo de lesión por el desuso de sus extremidades inferiores, lo usual es que pierda la masa muscular y el tono’”, comentó el senador. “¿Cómo es que los médicos contratados por Physician Correctional no pudieron examinar el expediente y encontrar todas estas inconsistencias y más cuando al señor Ávila le habían denegado el privilegio en tres ocasiones (por la doctora Evelyn Agustini)?”, añadió.

Rodríguez Rivera resumió un largo listado de incongruencias que identificó de las entrevistas de médicos y empleados de Corrección con el testimonio que vertieron para récord.

Entre estas, resaltó que certificaron que el reglamento 7818 no hace énfasis en que se requiere una evaluación de un especialista para determinar la condición del paciente, cuando sí lo hace; que nunca se tomaron en consideración las decisiones previas que provocaron que la liberación de Ávila Vázquez fuera denegada y que no formaban parte del expediente médico; que la información de las evaluaciones previas se archivaba en una plataforma digital bajo concepto de “miscelánea”; que no era necesario hacer estudios confirmatorios; que algunos testimonios decían que Ávila Vázquez llegaba con documentación al Fondo del Seguro del Estado sin documentación, otros que sí; y que el diagnóstico de Ávila Vázquez se corroboró por teléfono con el Fondo del Seguro del Estado, aunque el convicto tuvo más de 230 citas en el Fondo, entre otras.

“Esas inconsistencias hablan, no de inconsistencias, sino que nos mintieron. Y nos mintieron bajo juramento. Por lo tanto, aquí hay unas personas que perjuraron”, señaló el senador.

“No es Hermes nada más”

Acorde a lo explicado en la vista, la Ley 25 requiere una prognosis de vida corta, por lo que “no se puede liberar a ninguna persona por la mera condición física limitante o incapacitante de no tener una prognosis de vida corta”, explicó Vargas Vidot.

“(Si) ese hubiera sido el parámetro que se utilizó con Hermes Ávila, y no un reglamento que se hace para flexibilizar esa interpretación, no estuviéramos aquí. Hermes Ávila no pudiera haber salido a ningún sitio”, recalcó el legislador.

En un aparte con Primera Hora, Vargas Vidot denunció la aparente falta de responsabilidad de la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, quien delegó la liberación de Hermes Ávila a terceros. Preocupa, estimó el legislador, que hay otros 24 reos sufriendo supuestas condiciones incapacitantes o limitantes que también podrían salir a la libre comunidad.

De acuerdo a los informes que ha analizado Vargas Vidot muchos, simplemente, sufren de hipertensión y condiciones de salud que no son terminales.

“Es imposible que una secretaria que dirige un Departamento tan complejo, y que ella misma alega que lleva 30 años en ese lugar, haya ignorado un sistema de esa naturaleza que se estaba desarrollando. No es Hermes nada más. Hay 24 personas en una lista y yo puedo, en algún momento, poder compartir que, de esas 24, muchas de ellas están fuera por hipertensión, por boberías”, puntualizó a este diario al finalizar la vista.

“El punto más preocupante es que, teniendo la secretaria todo un mapa de ruta para tramitar lo que podría ser una respuesta responsable ante un asunto que provocó la muerte de alguien no se haya tomado ninguna opción excepto agarrar a ocho empleados, que son de última línea, y echarles la culpa a ellos. Hay una insistencia de estar exonerando al Departamento y la compañía que no hace su trabajo”, agregó.

¿Se cancela el contrato?

Rodríguez Rivera recomendó en su informe la evaluación del contrato entre Physician Correctional y el DCR para, así, considerar su cancelación. Dijo desconocer, sin embargo, si esto es algo que ya Escobar Pabón ordenó formalmente.

“Yo le pregunto… ¿usted conoce alguna gestión que ha hecho la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación en esa dirección para revaluar la cancelación del contrato?”, cuestionó Vargas Vidot.

“Sí, tengo entendido que se están evaluando tanto las cláusulas del contrato como la permanencia del contrato, de igual forma los reglamentos de la agencia”, respondió Rodríguez Rivera.

“¿Usted lo tiene entendido, o usted está claro que se está haciendo algo?”, continuó Vargas Vidot.

“Sé que la orden salió”, se limitó a responder Rodríguez Rivera.

“¿La orden está escrita en algún sitio?”, presionó el senador.

“Ay no, yo lo la he visto escrita”, contestó Rodríguez Rivera.

“Entonces no existe”, concluyó Vargas Vidot.

Rodríguez Rivera sugirió, por otra parte, que Physician Correctional prescinda de los doctores del panel médico.