El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Douglas Leff, indicó que la pesquisa que los llevó a allanar el Centro Gubernamental de Toa Baja, se relaciona con irregularidades en las cuenta municipales con fondos federales en las áreas de vivienda y salud.

"Un juez federal determinó que había prueba suficiente para legalizar la orden de allanamiento", agregó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que las áreas de investigación pueden ampliarse según la evidencia ocupada. 

La pesquisa lleva unos cinco años, pero podría extenderse, depende de los hallazgos.

Explicó que durante las próximas dos semanas sus analistas, agentes y especialistas van a examinar la evidencia que será ocupada durante el día de hoy para determinar si se incurrió en irregularidades.

"Vamos a examinar si hay irregularidades en los documentos pero no sabemos qué tipo de delitos", sostuvo.

También aclaró que en esta etapa de la pesquisa no se están enfocando en ningún funcionario en particular y no tienen proyectados arrestos en esta etapa inicial.

"No estamos enfocando en ninguna persona en particular", respondió Leff.

El municipio permanecerá cerrado hoy y mañana podría abrir por unas horas para pagarles la quincena a los empleados transitorios a pesar de que estos tienen el día libre.

Poco antes de las 7:00 a.m., medio centenar de agentes adscritos al FBI, allanaron el Centro de Gobierno del municipio de Toa Baja junto a personal del la oficina del Inspector General y de la Housing Urban Development  (HUD).

En el exterior decenas de empleados municipales se mentuvieron observando al contingente de agentes hasta las 8:30 a.m. cuando fueron despachados.

Lizbell Colón, quien trabaja hace dos años en la División Legal y durante 20 laboró para la División de Finanzas dijo que la intervención representa la justicia. 

"Esto representa justicia, porque esto lo esperábamos hace mucho tiempo. El mal manejo, la mala administración y el despilfarro de dinero que tenían era la orden del día", express Colón.

Con la excepción de los empleados transitorios ayer, se le pagó la quincena, agregó. 

Los agentes permanecerán hasta que culmine la recopilación de documentos en papel y electrónicamente. 

El alcalde de Toa Baja, José L. Ortiz se encuentra en el interior colaborando con los agentes.

El director del FBI, Douglas A. Leff, aseguró que en esta etapa de la investigación no se van a efectuar arrestos, pero se negó a revelar qué tipo de pesquisa es la que llevan a cabo.

"En este momento solo podemos decir que tenemos una orden de allanamiento, no estamos arrestado a nadie en este momento", express Leff.

Tampoco descartó o confirmó si cuando llegaron  los agentes encontraron a empleados titurando documentos en la Oficina de Finanzas,

"En un futuro cercano les vamos a poder decir", respondió a preguntas de periodistas. 

Este medio supo que se han requerido documentos del Departamento de Vivienda y de la Administración para el cuidado y Desarrrollo Integral ACUDEN entidad encargada de administrar los fondos federales del Programa Head Start.

"Yo sabía que esto venía, pero no así", dijo un empleado del municipio que no quiso identificarse.

"En mis 31 años de servicios y nunca había pasado algo así", agregó otra de las empleadas del municipio. 

Cabe destacar que en estas últimas semanas el municipio de Toa Baja ha estado bajo el asedio de los federales.

A principios de noviembre la alcaldía tuvo que cerrar, ya que el ayuntamiento no tenía fondos para pagarle a sus empleados. El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) le había congelado sus cuentas para cobrar millones de dólares en deudas.

Mientras, el pasado viernes el juez federal Gustavo Gelpí emitió una orden en contra del ayuntamiento y de Ortiz Matías, en la que amenaza con multar al alcalde, encontrarlo en desacato civil, ordenar su arresto y meterlo preso si no acata un dictamen, que le ordena permitir que la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová entre a las urbanizaciones con control de acceso a realizar su trabajo de evangelización.

Empleados demandan al municipio

En medio se los allanamientos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), un emplazador llegó hasta la entrada de la alcaldía de Toa Baja para hacer un emplazamiento en representación de un grupos de empleados del municipio que demandó reclamando igual paga por igual empleo, daños y perjuicio.

Según la demanda un total de 19 empleados denuncian que el patrono violó sus derechos constitucionales ya que les descontaron el dinero de su sueldo pero no se hicieron aportaciones al seguro social, al plan médico y al plan de retiro. 

Los demandados son los directores de presupuesto, de recursos humanos, el alcalde interino y el exalcalde Aníbal Vega Borges, entre otros.

"Tendré que venir otro día. Esta no es la primera vez", comentó el emplazador mientras retrocedía en su vehículo al encontrar la entrada acordonada.

Los empleados son representados legalmente por el licenciado César Rosado Ramos.