Una nueva moción en la que se pide desestimar el caso de corrupción pública encabezado por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sale a relucir nuevamente el nombre del actual gobernador Pedro Pierluisi.

La moción fue radicada anoche por el banquero Julio Herrera Velutini, en la que se alude a que las imputaciones realizadas por a Fiscalía federal “no alega un elemento esencial, a saber, cualquier acuerdo para que los exgobernadores Vázquez y (Pedro) Pierluisi realizaran un ‘acto oficial’” que constituyera un delito.

En el documento legal, los abogados Christopher Kise, Sonia Torres Pabón y Lilly Ann Sanchez, aluden a que ese tema del ‘acto oficial’ fue tratado en una reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, a su juicio, “obliga a la desestimación del caso”.

La decisión del Supremo que se mencionó fue Snyder versus Estados Unidos.

“El señor Herrera solicita respetuosamente que el Tribunal dicte una orden desestimando la acusación, porque los alegatos relativos a las acciones supuestamente acordadas por los exgobernadores Vázquez y Pierluisi no pueden ser ‘actos oficiales’ por cuestión de derecho; y en cualquier evento, no fueron alegados como ‘actos oficiales’ y porque el artículo 666 es inconstitucionalmente vago y viola de la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda”, señala la moción.

Este es el segundo pedido para desestimar el caso que tendrá ante su consideración este jueves la jueza Silvia Carreño Coll durante la vista de estado de los procedimientos que está citada para esta tarde. Otro de los coacusados en este caso, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini, también sometió una moción aludiendo a que Vázquez Garced y él eran colaboradores de investigaciones federales, por lo que no había una “intención corrupta” para cometer los delitos achacados.

Con relación a Pierluisi, la moción indica que “los cargos cinco a siete (radicados contra Herrera Velutini) alegan una conspiración para sobornar al gobernador Pedro Pierluisi con contribuciones de campaña a cambio de una promesa del gobernador Pierluisi de usar su influencia para asegurar un resultado favorable para el banco del señor Herrera, Bancrédito International Bank and Trust Corporation (”Bancrédito”), de un examen en curso por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). La acusación ha sido objeto de mociones previas de desestimación.

Se expone, de inmediato, que el 26 de junio de 2024 el Tribunal Supremo tomó una determinación en cuanto al soborno que tenía que existir un acto de aceptar el pago o intención de aceptarlo en un futuro para que constituir un ‘acto oficial’.

En su explicación, en declaraciones públicas, los abogados detallan que “el Gobierno se extralimitó gravemente al presentar los cargos, que no alegan ningún acuerdo de quid pro quo que involucre actos oficiales”.

Asimismo, expusieron que “la totalidad del caso que alega el esquema de Pierluisi se basa en el testimonio de Joseph Fuentes, un hombre que el propio gobierno ha descrito como un mentiroso en serie que “apiló mentiras sobre mentiras sobre mentiras... se involucró en un esquema descarado... filtró información [como cooperador]... funcionó efectivamente como un agente doble... [y] mintió repetidamente a los agentes del gobierno sobre estos esfuerzos obstruccionistas y destruyó evidencia”.

En torno a los hechos vinculados a Vázquez Garced, se explicó que “el entonces comisionado de OCIF, (George) Joyner, renunció y, en cualquier caso, el Departamento de Justicia busca erróneamente intervenir en las prácticas de personal del gobierno local. Las leyes penales no son una invitación abierta para que el Departamento de Justicia vigile las prácticas de contratación de los gobiernos estatales y locales”.

Otros argumentos para reclamar la desestimación incluyen que las reclamaciones estatutarias son nulas por ser inconstitucionalmente vagas, al no proporcionar a nadie una notificación justa de que la conducta podría considerarse ilícita.

Específicamente, los abogados argumentaron que “la interpretación excesivamente amplia (de la ley) promovida por el gobierno (de Estados Unidos) en este caso corre el riesgo de criminalizar las interacciones comunes entre los empresarios, por un lado, y los asesores influyentes y los funcionarios de campaña, por el otro. De hecho, el señor Herrera está siendo perseguido por ejercer el derecho constitucional a presentar peticiones al gobierno. Él se quejó correcta y justificadamente (a todos, incluidos el FBI y miembros de la comunidad de inteligencia) sobre la corrupción e incompetencia en OCIF y FinCEN. Pero, en lugar de investigar sus quejas, el gobierno ‘rodeó los vagones’ y concibió un plan para procesar al señor Herrera”.

Según la acusación de la Fiscalía federal, Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garced se comunicaba con Herrera Velutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, específicamente a Díaz y Blakeman.