El jurado de siete mujeres y cinco hombres escuchó hoy por primera vez algunas de las llamadas telefónicas que las autoridades federales interceptaron y grabaron a Raphy Pina Nieves.

Una de las llamadas se trata de una conversación que el productor artístico tuvo el 6 de febrero de 2020 con Joed Romero Soler, quien es un empleado de una gasolinera que Pina Nieves tiene en Caguas, “Rogelio’s Ice Plant”.

El audio fue reproducido en la sala 2 del juez Francisco Besosa, en el Tribunal Federal en Hato Rey, mientras en el banquillo de los testigos estaba el agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Joel Rosario, quien participó del monitoreo de las conversaciones grabadas.

Rosario dijo que para febrero, marzo y abril de 2020 trabajaba en la Unidad de Lavado de Dinero del FBI en San Juan, cuando estuvo a cargo de monitorear las llamadas interceptadas al teléfono de Pina Nieves y Romero Soler.

Indicó que grabaron cerca de 2,500 llamadas a Romero Soler y aproximadamente 1,000 conversaciones telefónicas a Pina Nieves.

A eso de las 3:00 de la tarde de ayer, el Ministerio Público comenzó a repartir las copias en papel de la transcripción en español e inglés de una conversación telefónica grabada por el FBI el 6 de febrero de 2020.

Según el oficial del tribunal les iba entregando las copias, se pudo ver a los jurados de inmediato comenzar a leer detenidamente los documentos, sin que todavía el fiscal comenzara a reproducir los audios.

De esa manera, los miembros del jurado pudieron seguir el curso de la grabación, que fue reproducida en corte abierta con un audio difícil de entender si no se contaba con la transcripción, pues la calidad era pésima. Por momentos, se podían oír con mayor claridad algunos extractos de la conversación.

Cabe mencionar, que un momento, algunos miembros del jurado no pudieron contener una pequeña risa por un comentario jocoso de la conversación. Sin embargo, fue posible observar que ninguno perdió el tracto de la grabación, pues todos pasaban la página a la misma vez cuando el texto correspondiente al audio que oían en sala continuaba en la hoja siguiente.

Como había anticipado la fiscalía federal, en esa llamada se oye al acusado hablar de una casa que tiene en la urbanización Caguas Real, donde agentes del FBI ocuparon dos pistolas, una de las cuales estaba modificada ilegalmente para disparar de forma automática.

En otro de los momentos se pudo escuchar cuando una voz que, supuestamente, es de Pina Nieves dice: “[...] pistolas, rifle, balas [...]” Aunque no fue posible transcribir toda la oración, la secuencia de esas tres palabras coincide con la oración que citó la fiscal federal María Montañez durante sus argumentos iniciales del juicio.

Al dirigirse por primera vez al jurado, Montañez alegó que, en la llamada grabada, Pina Nieves dijo a Romero Soler que en un cuarto de la casa en Caguas Real: “tengo dinero, todo tipo de cosas, mis pistolas, rifle y balas”.

Durante la llamada se escuchó a Raphy Pina y a Romero Soler hablar sobre distintos tipos de negocios y varias cifras de dinero, algunas relacionadas de alguna manera al cantante de música Daddy Yankee, pero no fue posible escuchar el contexto en que se hizo la mención.

Luego, a petición de la fiscal Montañez, se escuchó la grabación de una llamada que Pina Nieves tuvo con Antulio “Kobbo” Santarrosa, productor del programa televisivo “La Comay”.

En la llamada de marzo de 2020, que se escuchaba mejor que la anterior, Santarrosa le pregunta a Pina Nieves dónde estaba viviendo y el acusado le contesta: “En los dos lados, en Caguas y Gurabo”.

La conversación giraba en torno a que oficiales de la Policía habían llegado “con armas largas” a la urbanización Ciudad Jardín en Gurabo porque había sonado la alarma, según le describió Santarrosa a Pina Nieves, quien le contestó que la movilización se debió a que se activó la alarma accidentalmente.

La defensa ha planteado al jurado información que sugiere que Pina Nieves, en realidad, reside en Gurabo.

La semana pasada, a la salida del tribunal, cuando se le preguntó a Pina Nieves dónde reside, contestó: “Yo vivo en Gurabo”.

No obstante, con la reproducción de ambas llamadas, la fiscalía federal intentó demostrar al jurado que Pina Nieves tenía conocimiento de que las armas estaban en la casa y que el acusado reconoce la propiedad en la urbanización Caguas Real como suya, previo a que allí el FBI ocupara las dos armas de fuego.

Con ese mismo propósito, la fiscalía federal también reprodujo otras llamadas grabadas. Algunas se trataron de conversaciones que Pina Nieves tuvo el mismo 1 de abril de 2020 con guardias de seguridad de la urbanización Caguas Real para informarles que agentes del FBI estaban allanando su casa y con una compañía de alarmas para avisarle que sabía que se había activado en esa misma casa.

En otras grabaciones mostradas en sala, Pina Nieves habla con una persona de voz femenina informándole sobre el allanamiento en la casa.

Mientras, en otra grabación se le escucha hablar de su negocio Rogelio’s Ice Plant en Caguas y en otra dice su fecha de nacimiento, lo que usó la fiscal para comparar con un documento mostrado en sala que corroboraba dicha información.

El contrainterrogatorio quedó para este martes a las 9:00 a.m.

A su salida del tribunal, el abogado Francisco Rebollo indicó que la fiscalía federal anunció que el agente Rosario será el último testigo de cargo.

Rebollo no quiso indicar si la defensa presentará algún testigo, pero pudiera interpretarse que sí porque indicó: “Yo creo que (el juicio) termina el miércoles o el jueves”.

Por su parte, mientras se marchaba del tribunal, Pina Nieves reiteró que se siente: “Tranquilo. Igual, positivo, tranquilo”.

Además de salir junto a su compañera Natti Natasha, quien había estado el jueves pasado, Pina Nieves también estaba acompañado de su hija y dos hijos mayores, quienes asistieron por primera vez al juicio.

Cuando le preguntaron, manifestó que eso lo hacía sentir “como cualquier otro padre... súper importante que siempre me apoyan”.

Pina Nieves enfrenta dos cargos por posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de un arma de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito federal.

Por cada cargo se expone a un máximo de diez años de prisión.