Naiari Quiñones Rivera, madre de April Thais Ortiz, la niña de dos años violada y asesinada en el pasado 7 de junio en Guayanilla, renunció a la vista preliminar señalada para este viernes en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce ante la jueza Lizandra M. Avilés Mendoza.

La fémina de 29 años enfrenta dos cargos de maltrato por negligencia y omisión intencional de la Ley 246 para la seguridad, bienestar y protección de menores.

Luego de advertirle sobre las implicaciones de renunciar a sus derechos en esta etapa del proceso, la jueza encontró causa para juicio contra Quiñones Rivera, fijando la lectura de acusación para el viernes 22 de septiembre y, el inicio del juicio para el martes 17 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

Asimismo, Avilés Mendoza aclaró que, cualquier acuerdo que la imputada pondere hacer con el Ministerio Público, estará sujeto a la discreción del juez que atienda el caso.

Según trascendió, Quiñones Rivera podría convertirse en testigo del pueblo y declarar contra el padre de la menor, Jiovan Francisco Ortiz Soto, imputado de asesinar a su hija tras un patrón de abuso sexual desde diciembre de 2022.

De acuerdo con la fiscal Ruth Miriam Pérez, “hay unas conversaciones con la defensa, pero no podemos adelantar ningún tipo de información porque sería muy prematuro”.

“No estamos autorizados para hacer ningún tipo de expresión. En este momento, nosotros no vamos a adelantar cuál sería la posición del ministerio público, hasta tanto y en cuanto estemos en ese momento. Podemos hablar una vez ocurra”, insistió la representante del ministerio público junto a la fiscal Natasha Muñoz.

La funcionaria explicó que, a Quiñones Rivera se le imputan dos denuncias por el delito de maltrato que está tipificado en el artículo 59 de la Ley 246.

“Las denuncias que están radicadas en el tribunal que son los casos que se atendieron en el día de hoy, a través de una renuncia, lo que se le imputa es una omisión intencional en el cuidado médico pediátrico a la niña fallecida y a la niña sobreviviente (de tres años)”, apuntó.

“De encontrarse culpable a nivel de juicio, la pena fija es de cinco años. Si el tribunal encontrara agravantes, es de ocho (años) o atenuante, serían tres (años en prisión)”, detalló.

Por su parte, la abogada Joannie Plaza Martínez, reiteró su oposición a la transmisión de los procesos contra Quiñones Rivera, a pesar de que el Tribunal Supremo declarara no ha lugar su petición para evitarlo.

“La publicidad impacta negativamente a la imagen de mi clienta. Seguimos en esa postura, pero el Tribunal Supremo resolvió en contra. Tenemos que respetar el dictamen del tribunal, pero mi clienta sigue en su postura de que ella quiere proteger la privacidad de su hija”, expuso.

Igualmente, rechazó dilucidar la intención de su cliente de llegar a un acuerdo para testificar contra Ortiz Soto, que enfrenta un cargo por asesinato en primer grado, cuatro por incesto y cuatro por agresión sexual.

La vista preliminar contra el mecánico de 35 años continuará el miércoles 20 y jueves, 21 de septiembre en la sala 402 del Centro Judicial de Ponce, ante el juez Rubén Serrano.

De acuerdo con la investigación de la Policía, los padres de la menor la transportaron inconsciente a eso de las 11:20 de la mañana del miércoles 7 de junio, al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla, donde comentaron que la niña se había golpeado al caerse de su cama en el residencial Bahía, en ese municipio.

Sin embargo, los golpes no eran compatibles con una caída, según trascendió.

Las autoridades arrestaron a Quiñones Rivera y a Ortiz Soto, al otro día del incidente.  El padre, presuntamente admitió que abusó sexualmente de su hija durante varios meses, lo que culminó con su muerte.