Arecibo. Todos los animales que están en el Centro de Control y Albergue de Animales Capitán Correa, en Arecibo, fueron removidos este martes, según confirmó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y varias confidencias remitidas a Primera Hora.

Según supo este diario, el operativo de esta mañana podría significar el cierre del albergue, pues los perros y gatos, la mayoría sufriendo condiciones precarias y de necesidad de cuidados médicos, fueron llevados al Humane Society of Puerto Rico, en Guaynabo.

Pese a que el NPPR dijo que se trataba del traslado de 76 animales, una fuente de este medio especificó que la cifra era mayor, de 90.

Antes del mediodía, una guagua hizo el primer transporte al refugio. Ya para las 2:00 p.m., un carretón para transportar equinos, propiedad del municipio de Camuy que brindó asistencia al operativo, transportó más animales. Para las 4:00 p.m., siete guaguas salieron en convoy del lugar con los animales restantes.

Ante conductores curiosos, quienes reducían la velocidad y grababan con sus celulares, y a son de los ladridos de los perros removidos del Centro, unos siete agentes bloquearon desde antes de las 10:00 a.m. la entrada del refugio, evitando el paso a la ciudadanía mientras que el teniente Joel Vidot, director de la Unidad de Ley 154 (Bienestar y Protección de Animales) de Arecibo, conversaba con los administradores y llevaba a cabo el operativo, que se efectuó con la asistencia de personal de su división, al igual que la Unidad Motorizada.

“Que los metan presos a to’s”, gritó un conductor desde su vehículo mientras pasaba por el refugio.

El hombre fue una de muchas personas que se detuvo para expresar su repudio de los fines trágicos de los animales que, se asegura, terminaban allí. Mientras que algunos hablaban del presunto patrón de maltrato del lugar, otros conductores se mostraban felices al ver a los agentes, por lo que tocaban sus bocinas y los saludaban con sonrisas pintadas en sus rostros.

“Yo traje a dos (animales) aquí y nunca me dejaron verlos. Los están vendiendo a Estados Unidos”, alegó el hombre antes de partir.

Antes de que el comisionado del NPPR, Antonio López Figuera, confirmara la información que obtuvo Primera Hora a través de fuentes con relación al operativo, Vidot se limitó a decir a este medio que “hasta que nosotros terminemos esta misión, todos los acuerdos que aquí se llevaron a cabo están bajo una cláusula de discreción y confidencialidad que nos estableció el tribunal. Mientras nosotros estemos haciendo esta misión, estoy imposibilitado en divulgar información hasta completar con éxito la operación que estoy haciendo”.

Acorde a López Figueroa, la “medida cautelar surge en respuesta a una orden solicitada por la uniformada el pasado viernes ante el Tribunal de Arecibo, como resultado de los planteamientos efectuados por el director del Centro de Control y Albergue Capitán Correa de Arecibo, en una demanda al municipio de Río Grande, a los que efectos de que los animales corrían peligro por la falta de acceso de su personal al centro y el inminente cierre de este lugar”.

El recurso legal sometido ante el Tribunal por la Policía, con apoyo de voluntarios que promueven el bienestar animal, solicitó que ordenaran detener las eutanasias en el Centro, así como el ingreso de nuevos animales, y que se removieran los perros y gatos del lugar.

Por su parte, el municipio de Arecibo ya estableció que el contrato no se le renovará a la empresa que opera el Centro, una vez finalice el próximo mes de junio.

El caso de “Jhonny”

El operativo ocurre unas semanas después de que Jhonny, el perro del trapero Luar La L, presuntamente fuera puesto bajo eutanasia de manera ilegal en ese lugar. La lamentable muerte del perro, quien fue adoptado por el cantante urbano, desató una ola de repudio de la ciudadanía.

Raúl Armando Del Valle Robles, nombre de pila de Luar La L, acudió a las redes sociales hace dos semanas para pedir ayuda ciudadana con el fin de dar con el paradero de Jhonny, al aducir que alguien de su urbanización en Río Grande se lo había llevado al albergue, pese a que el can tenía collar.

Luego, la organización Pet Friendly PR aseguró que Jhonny fue puesto en eutanasia ilegalmente.

Según un informe emitido por la Oficina de Prensa del NPPR, varios ciudadanos denunciaron el hallazgo de una bolsa plástica en un solar yermo, ubicado en la parte posterior del mencionado albergue. En su interior, los uniformados encontraron el cadáver de un perro en avanzado estado de descomposición, que sería llevado a un veterinario para practicarle una necropsia por si se trata de Jhonny.

Tras este hallazgo, Luar La L se despidió de su mascota en las redes, asegurando que “esto no se quedará así, confía en mí”.

Buscan trabajar en pro de los animales

El fallecimiento de Jhonny motivó a muchos a tomar acción en contra del abuso animal. Una de estas personas fue la senadora por acumulación Keren Riquelme, quien propuso, tras una conversación con el teniente Vidot, crear un Concilio de Bienestar Animal que revisaría la Ley 154, o la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales” con el fin de “atemperarse a la realidad”.

El concilio estaría compuesto por policías, personal de la Oficina para el Control de Animales del Departamento de Salud, el Departamento de Educación, la Asamblea Legislativa y activistas. Así, se regularían a los albergues de rescate y cuido de animales para incluir nuevas exigencias que regirían la eutanasia, de ser necesario.

“Desde la década de los ochenta se dejó de trabajar en un plan de bienestar animal. El concilio propuesto por Vidot y el cual vamos a desarrollar y crear deberá recomendar la política pública y un programa de educación en general para trabajar con el tema del maltrato, protección y responsabilidad animal. También tiene que proponer estrategias viables para crear más refugios para caballos, perros y gatos con una filosofía proteccionista y con vías para que estos animales sean adoptados o en el caso de los caballos una utilidad terapéutica si fuera viable en su condición”, estableció Riquelme.

Cónsono con la legisladora, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, le propuso a Riquelme incluir a los municipios en esta iniciativa, máxime porque ya él, así como los alcaldes de Loíza, Julia Nazario; Vega Baja, Marcos Cruz Molina; y Luquillo, Jesús Márquez Rodríguez; se reunieron con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, para “trazar un plan de trabajo basado en los resultados el Comité de Bienestar Animal de la Asociación de Alcaldes” que se anunció el pasado 23 de febrero.

Por otra parte, Hernández Ortiz- quien también es presidente de la Asociación- aseguró que se abogará para que en el próximo presupuesto se asigne parte del Fondo e Consolidación Municipal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para establecer centros distritales para estos fines.

“Estamos proponiendo que parte del dinero que va consorcios, se dirija a que los municipios puedan establecer acuerdos de colaboración, ya sea con el Colegio de Veterinarios o con entidades sin fines de lucro, para ampliar el aspecto de esterilizar. Nuestra propuesta establece garantizar no menos de $3 a $4 millones anuales por consorcio para que los municipios que estén en ese consorcio puedan establecer una campaña masiva de esterilización”, adelantó Hernández Ortiz.

“El problema que queremos resolver legislativamente, es que las leyes están muertas si no están acompañadas de recursos. Este es el mayor ejemplo de esto, hay una buena iniciativa sin los recursos y se convierte en legislación que no se puede implementar”, agregó.

Primera Hora se comunicó con el Centro para una reacción, pero los intentos fueron infructuosos.

Los rescatados

La directora ejecutiva de Humane Society of Puerto Rico, Maritza Rodríguez, expresó a este diario que, hasta las 5:00 p.m., había recibido solo perros que, evidentemente, no eran “de la calle”. Fluctuaban en edades, ya que había desde geriátricos hasta jovencitos, aunque pocos cachorros. El 50% de los canes tiene condiciones de piel y uno de ellos tiene tumores.

“Básicamente, generalmente, si tengo que decir del 1 al 10, un 7. Pudieran estar mejor”, analizó.

Entre hoy y mañana le tocará a ella y a su equipo la ardua tarea de llevar a los animales a la clínica veterinaria, además de evaluar sus récords para determinar cuánto tiempo estaban custodiados en el Centro. Luego, se albergarán en el Humane Society, junto a los 180 que ya están en Guaynabo, con el propósito de que sean adoptados.

El caso de Jhonny, expresó, solo es un caso del mucho abandono que ha presenciado Rodríguez, sobre todo después de que se eliminaran las restricciones por la pandemia del COVID-19, cuando el 12% de personas que adoptaban mascotas comenzaron a devolver sus animales, a diferencia de la cifra regular del 2% a 3%.

“Luego de la pandemia, del ‘close down’ que empezamos a abrir, que Puerto Rico volvió a abrir sus puertas, he visto mucho abandono. Históricamente, no hemos tenido un retorno (de animales a albergues) tan alto”, mencionó.

Para Rodríguez, la solución es la educación y que los municipios, en lugar de invertir en centros como el de Arecibo, inviertan en la esterilización y campañas educativas y, así, se evitaría “la histeria colectiva” y que se repitan casos como el de Jhonny.

También, reiteró que aquellos que adopten tienen que entender que “la adopción es una decisión que hay que pensar” y un “compromiso de 15 años, por lo menos”.

“La gente tiene que tener expectativas reales. (La gente piensa) en que son perritos que yo cargo, son lindos, pero cuando empieza a ladrar mucho, ya se quejan. Hay que educar a la gente”, repitió.