Un recurso legal para exigir al Departamento de Justicia que defienda la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue presentado por legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Centro Judicial de San Juan

El mandamus de interdicto de remedio provisional de derecho y de sentencia declaratoria es apoyado por las organizaciones religiosas "Puerto Rico por la Familia" y la Fraternidad Pentecostal (FRAPE), destacó el licenciado Juan M. Gaud.

"Es un mandamus para ordenarle al Secretario de Justicia que cumpla con su deber ministerial de defender Artículo 68 del Código Civil, que no está derogado, y que establece que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, y que no se aceptan matrimonios de otras jurisdicciones", dijo, por su parte, Alberto Rodríguez, presidente de FRAPE.

Rodríguez se refirió al anuncio que realizó la semana pasada el secretario de Justicia, César Miranda, de que no se defenderá el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, cuya constitucionalidad fue impugnada en una demanda en el tribunal federal. El caso está ante la consideración del Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

El citado artículo dispone que en la Isla se reconoce únicamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

La decisión anunciada por Miranda ha generado una ola de críticas del sector religioso del País.

Decenas de manifestantes se reunieron este jueves frente a la sede del Departamento de Justicia, en Miramar, para protestar por la decisión y entregar un emplazamiento a Miranda. Luego los manifestantes fueron a La Fortaleza para entregar el mismo emplazamiento al gobernador Alejandro García Padilla.

Ayudantes de Miranda recibieron el emplazamiento e indicaron que los manifestantes no habían solicitado una reunión con el funcionario.

Durante la protesta, los religiosos se pronunciaron en torno al reclamo judicial como si se tratara de una iniciativa suya, pero copia del mandamus obtenida por este medio refleja que fue sometido el 25 de marzo por los legisladores novoprogresistas María Milagros Charbonier, Ángel Martínez Santiago, Migdalia Padilla, Itzamar Peña, José Pérez Rosa, Antonio Soto y José “Johnny” Méndez.

“Venimos al tribunal para exigir que le exija al Secretario de Justicia que cumpla con el deber ministerial de defender la constitución que juró al aceptar el cargo y que el Artículo 68 del Código Civil está vigente”, sostuvo Rodríguez.

Gaud, por su parte, destacó que el recurso de mandamus argumenta que los funcionarios de Puerto Rico no pueden desistir de defender las leyes vigentes como el artículo 68.

"Lo que estamos alegando es que el Artículo 4, sección 4, de la Constitución de Puerto Rico obliga al Gobernador a defender la Constitución y que el secretario de Justicia también está obligado a defender la Constitución y las leyes", dijo Gaud. "Ellos no tienen el poder constitucional de determinar que una ley es inconstitucional", puntualizó el letrado.

"Sí, hay precedentes de que la mera acción del gobierno allanarse a la petición de un demandante se considera una colusión", agregó. "Una colusión es que te pusiste de acuerdo para derogar una ley sin haber ido a la Legislatura".

Según Gaud, los demandantes van a alegar en el tribunal de que existió ese tipo de acuerdo desde el Gobierno con el caso pendiente en Boston. "Tenemos prueba independiente de que aparentemente hubo una reunión donde el gobernador le dijo a una de las partes que él se iba allanar, antes de hacerlo público", afirmó el abogado.

De acuerdo con Gaud, la vista fue pautada para el 9 de abril en la sala 904 del juez Ángel Pagán en el Centro Judicial de Hato Rey.

Mientras, al reaccionar a la manifestación, en declaraciones escritas el licenciado Miranda dijo que "las sociedades maduras y donde se vive la democracia plenamente, se caracterizan por su gran capacidad de tolerancia y por el pleno disfrute - sin discrimen de clase alguna - de todos los ciudadanos".

"Hoy este grupo ha ejercido uno de esos derechos y yo lo respeto", agregó el titular de Justicia.

Por otro lado, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) adelantó que solicitará que se le permita entrar las cámaras a la vista del caso, que se llevará a cabo en una de las salas del proyecto experimental de la Rama Judicial, en el Centro Judicial de San Juan.