La defensa de Ana Cacho contrainterrogó hoy, viernes, a la trabajadora social Vanessa Santana en la continuación del juicio que se sigue contra la mujer por alegada negligencia y por el cese de esfuerzos razonables para la reunificación familiar, solicitado por el Departamento de la Familia (DF).

Santana fue la primera trabajadora social de la agencia que intervino con Cacho y sus dos hijas a raíz de la muerte de su otro hijo Lorenzo González Cacho, de ocho años, ocurrida el 9 de marzo de 2010.

Además de Santana, el DF sentará a declarar a Iralis de Jesús, otra trabajadora social que atendió este caso, y que estuvo presente durante la audiencia de hoy.

Cacho no estuvo presente durante la jornada de la mañana, pero arribó al tribunal en horas de la tarde acompañada de sus abogadas Sharon González Maldonado, Brenda Berríos Morales y Carmen Vargas Medina.

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Como en días pasados, varios alguaciles se apostaron a la entrada de la sala 601 del Tribunal de Bayamón, que preside la jueza Wanda Cintrón Valentín, para evitar que personas ajenas al proceso entrarán al salón de sesiones.

Por disposición de la Ley 246 o Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, el público no tiene acceso a este tipo de procedimiento. 

Un equipo de abogados, que incluye a la directora de la División Legal de la Administración de Familias y Niños, Olga López, al licenciado Rafael García y a los procuradores Carlos Pérez, Vivian Acosta, María Berríos y Celia Molano Flores, representa al DF durante el juicio, que pausará hasta el 25 de junio.

Luego de esta fecha, el juicio continuará los días 26, 29 y 30 de junio, así como los días 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de julio, según informó la Oficina de Administración de los Tribunales.

En el proceso, el DF persigue que se le releve de realizar esfuerzos razonables para reunificar a Cacho con sus otras dos hijas como lo dispone la Ley 246.

Este estatuto estipula que "luego de la remoción de un menor de su hogar, cuando sea viable y se pueda garantizar la seguridad, bienestar y el mejor interés de los menores, el Departamento de la Familia hará esfuerzos razonables para reunificar al menor a la unidad familiar de donde fue removido". 

Después de la muerte de Lorenzo, el DF ubicó a las dos hijas de Cacho en casa de un familiar de la mujer, pero posteriormente concedió la custodia física de las menores al padre, Ahmed Alí González.

Actualmente Cacho ostenta la patria potestad de las menores y sostiene relaciones filiares con sus hijas de 11 y de 18 años.

Este juicio civil se celebra luego de que el Tribunal Supremo revocó la decisión de la jueza Sonia del Toro, quien relevó al DF de realizar esfuerzos razonables para la reunificación familiar.

El DF comparece como parte demandante y Cacho como demandada. González, por su parte, comparece como parte interventora y es representado por las abogadas María Juarbe y María Sánchez.

En el ámbito criminal, las autoridades inicialmente identificaron a Cacho, Jesús Jenaro Camacho, William Marrero y Arnaldo Colón como sospechosos por la muerte de Lorenzo, aunque -a cinco años del crimen- no han presentado cargos por el asesinato.

Pero en un cambio de discurso, el actual secretario de Justicia César Miranda, aseguró que todos los nombres que se han mencionado públicamente son "relevantes" a la investigación que conduce su agencia para esclarecer el crimen, incluyendo el nombre de Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como el Manco.

Fuera de sala y ante una pregunta sobre la ausencia de Cacho a algunos señalamientos del proceso, González expresó que "estoy aquí presente hoy y en todos los procesos porque yo busco el mejor bienestar para mis hijas y lucharé y no bajaré los guantes nunca, nunca por buscar el mejor bienestar de mis hijas".

También anticipó que el Departamento de Justicia presentará cargos contra los responsables de la muerte de su hijo.

"Yo le voy a indicar a todas personas que de alguna manera u otra se le ha llamado sospechoso, se le ha llamado persona de interés o se le ha llamado persona relevante en esta investigación, que van a ser llevados ante justicia y van a pagar por todo lo que han hecho", apuntó.

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