La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta le comunicó hoy al gobernador Alejandro García Padilla que con los anticipados recortes al presupuesto de la Rama Judicial tendrían que reducir la jornada laboral, cerrar todas las salas municipales e incluso aquellas salas del Tribunal de Primera Instancia que no funcionan como centros judiciales.

La jefa de la Rama Judicial le dijo a García Padilla que tendrían que reducir beneficios al personal y limitar el horario de las salas de investigaciones que trabajan de noche, fines de semana y días feriados.

Actualmente, la Rama Judicial tiene unos 5,300 empleados. 

Fiol Matta le detalló al mandatario el impacto que tendrían sobre la Rama Judicial los anticipados recortes presupuestarios en una reunión convocada por el primer ejecutivo.

“Quiero hacer hincapié en que todo esto afecta el acceso a la justicia porque en esas salas que se han cerrado, obviamente las personas que están en esos pueblos, tienen que ahora ir más lejos para buscar esos servicios”, dijo la jueza administradora de la Administración de los Tribunales, Isabel Llompart Zeno, quien acompañó a Fiol Matta durante la reunión.

Llompart Zeno, quien atendió a la prensa porque dijo que la jueza presidenta tenía “otros compromisos”, advirtió que si no se logra un consenso para aumentar las fuentes de recaudos del Fondo General los recortes presupuestarios a la Rama Judicial se elevarían a unos $97 millones.

Aclaró que al anunciado recorte de $69 millones al presupuesto del próximo año fiscal, se tiene que sumar el corte de un siete por ciento que sufrió el año pasado la fórmula especial de ingresos de la que se nutre la Rama Judicial.

“Al día de hoy con los recortes que ya ha sufrido la Rama Judicial de $54 millones, se han tomado medidas y ha podido recortar $22 millones de sus gastos”, especificó la jueza administradora, quien sin embargo, se mostró esperanzada en que los nuevos recortes no se lleguen a materializar 

“Todo está bajo análisis y confiamos en que no se llegue a eso… Realmente todavía no hemos sido informados si ese recorte se va a concretizar a no”, sostuvo Llompart Zeno en una improvisada conferencia de prensa en La Fortaleza luego que concluyó la reunión.

La reunión comenzó a eso de las 9:40 a.m. y culminó poco después de las 11:00 a.m. El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, también participó en el encuentro.

Llompart Zeno dijo que la jueza presidenta tiene reuniones periódicas con el primer ejecutivo, pero indicó que “la de hoy era particularmente importante” por los anuncios que se han hecho de recortes a la Rama Judicial. Indicó que Fiol Matta le habló al gobernador sobre el impacto que tendría en el sistema judicial “un recorte de esa envergadura”.

Explicó que como resultado del recorte actual de $22 millones han tenido que cerrar once salas municipales. Quedan abiertas otras 15 salas municipales, que son las que se verían afectadas por la nueva reducción presupuestaria, precisó Llompart Zeno. 

Consolidación “sobre la mesa”

La portavoz de la Rama Judicial sostuvo que las 25 salas de primera instancia “no se han tocado”, pero añadió que la reorganización o consolidación de tribunales “está sobre la mesa”.

También dijo que para conjurar la pérdida de los $22 millones, como consecuencia de los ajustes de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, han congelado plazas y han reducido contratos.

“Las alternativas están todavía sobre la mesa las cuales son o recortar el horario o eliminar días de trabajo”, sostuvo Llompart Zeno, quien, sin embargo, sostuvo que los cierres de salas y cambios en los horarios no afectarían los derechos constitucionales de los acusados, entre ellos el derecho a tener un juicio rápido.

“El tribunal puede trabajar cuatro o cinco días, pero los derechos de los acusados y los derechos de las víctimas se van a garantizar de la misma forma”, argumentó. 

Añadió que un aumento en el volumen de casos tampoco “debería” incidir sobre los derechos de los ciudadanos.

“Confiamos en que si se respeta la autonomía de la Rama Judicial y se concede un presupuesto razonable, la Rama Judicial hará los ajustes, pero la Rama Judicial tiene un deber como tienen todos los funcionarios de Gobierno de ajustarse a lo que está pasando en el país”, indicó la jueza administradora.

Para conjurar la insuficiencia de fondos, una mayoría de los jueces que integran el Tribunal Supremo aprobó una resolución para aumentar los costos de los aranceles judiciales, pero la propuesta no ha pasado el cedazo de la Legislatura. 

Llompart Zeno dijo, no obstante, que la propuesta, con la que recibirían $2.5 millones, no ha sido descartada. “Ellos (los legisladores) tienen una obligación constitucional de actuar sobre la medida y su prerrogativa es evaluarla, modificarla, aceptarla o rechazarla. Es obvio que si a mí me están recortando gastos yo tengo que buscar cómo generar ingresos. Esa propuesta no se hizo en el vacío, se hizo después de hacer un estudio técnico”, añadió.