El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston reafirmó la decisión de la corte federal en la Isla de entregar a los Testigos de Jehová dispositivos y códigos de acceso para poder llevar su mensaje evagelizador a urbanizaciones con control de acceso sin guardias de seguridad, y fue más allá al recomendar que se nombre un "special master" o monitor para que vele por el cumplimiento de la orden.

"Prevenimos que el esquema remediativo actual no debe ser visto como inmutable. Nuestro endoso descansa bajo nuestro entender de que la corte, ya sea directamente o a través de un monitor especial, velará periódicamente el funcionamiento del mismo", lee la decisión del panel de jueces apelativos, liderados por la presidenta del cuerpo, Sandra Lynch.

Fueron los municipios de Ponce, Trujillo Alto, Caguas, Bayamón, Guaynabo, Gurabo y Dorado los que apelaron la orden del juez federal Gustavo A. Gelpí, quien el 21 de marzo de 2013 autorizó la entrada de miembros de esta congregación religiosa a todas las urbanizaciones con control de acceso, basado en el fundamento de que las calles son públicas.

Gelpí determinó que las urbanizaciones con control de acceso, pero sin guardias, deben proveer llaves, "beepers", dispositivos o claves de entrada para garantizar a los Testigos de Jehová acceso a esas comunidades, donde acuden a citar la biblia y a distribuir folletos religiosos, como parte de su gestión evangelizadora.

El Tribunal de Apelaciones también sostuvo desestimar la demanda contra el gobierno estatal sin perjuicio, tal como decidió Gelpí.

"Contrario a otras jurisdicciones, Puerto Rico permite que ciudadanos privados mantengan comunidades residenciales cerradas que incorporan carreteras públicas. Esta configuración no ortodoxa produce una amalgama complicada, lo que hace que la tarea de aplicar jurisprudencia bajo la Primera Enmienda sea una aventura", lee el principio de la decisión de Boston, que recuerda que los cierres de las urbanizaciones surgen en respuesta a la "epidemia de crímenes violentos".

La demanda de los Testigos de Jehová reclamando acceso a las comunidades cerradas se remonta al año 2004 y es contra los municipios de Bayamón, Caguas, Canóvanas, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Las Piedras, Ponce, Trujillo Alto, Santa Isabel, San Juan, Vega Baja y Yauco.

Ya el propio Gelpí trabaja con un monitor o asesor técnico de cumplimiento (TCA) a cargo de velar por el cumplimiento de la reforma de la Policía de Puerto Rico. Arnaldo Claudio fue designado por las partes, los departamentos de Justicia federal y estatal, y aprobado por el juez el 5 de junio pasado. Esto a raíz de la reforma ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el entonces secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. Dicho proceso inició con una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.