El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó este jueves a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) a designar un fiscal especial para investigar a la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR), Dorally Rivera Martínez, y otros exfuncionarios de la corporación pública por una alegada malversación de fondos asignados por la Asamblea Legislativa.

Según la notificación emitida por el secretario ayer, miércoles, una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia determinó que existe causa suficiente para creer que tanto Rivera Martínez, como la exdirectora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, Miguel Santiago Irizarry, cometieron el delito de administrar ilegalmente dinero del erario público, según dispuesto en el Artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico.

Además, durante la pesquisa se obtuvo información en torno a que la exdirectora ejecutiva autorizó el uso de un vehículo oficial de la ATPR, corporación pública adscrita al Departamento de Agricultura, para que el ingeniero Santiago Irizarry le diera uso privado. Al evaluar esta información, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que ambos también infringieron el Artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

La investigación se originó mediante un referido del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, que incluyó los hallazgos preliminares de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos legislativos asignados a entidades sin fines de lucro a través del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la ATPR, en virtud de la Ley Núm. 173-2020, que enmendó el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

Mediante esta ley, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico determinaba las entidades a las que se les hacia la transferencia de dinero del Fondo de Mejoras Municipales. Sin embargo, la ATPR tenía el deber ministerial de distribuirlos salvaguardando la legitimidad y velando por los mejores intereses de Puerto Rico.

La investigación preliminar realizada por la DIPAC reveló que la exdirectora ejecutiva de la ATPR, y la exdirectora de Finanzas autorizaron el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley.

Conforme los hallazgos, la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos, la DIPAC le aconsejó al secretario de Justicia que recomendara la designación de un Fiscal Especial Independiente en el presente caso.

“Acogemos la recomendación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia y, a esos efectos, recomendamos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que designe un Fiscal Especial Independiente con relación a las actuaciones imputadas”, lee la notificación.

Debido a que la investigación continúa, ahora en la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.