El Departamento de Justicia, a través de la fiscales Anette Del Carmen Esteves Serrano y María Del Carmen Tripari Quintana, anunciaron hoy en el Tribunal de Ponce que solicitarán agravantes por crimen motivado por prejuicio (conocido también como crimen de odio) contra un hombre y su hijo acusados de darle muerte a puñaladas a Miguel Rodríguez Fernández el 19 de julio en el barrio Gabia, de Santa Isabel. 

Rodríguez Fernández, de 25 años y vecino de Coamo, era homosexual.

El secretario de Justicia, César Miranda, explicó que la decisión del ministerio público está cimentada en expresiones vertidas por los dos imputados, Francisco Miranda Bermúdez y su hijo, Francisco Miranda Sánchez, al supuestamente admitir su culpa como los victimarios.

“Estamos respondiendo a un reclamo que se hace y estamos siendo bien conscientes. Las instrucciones son que hay varias categorías de crímenes que hay que investigar y con los cuales no vamos a transigir y uno son los crímenes de odio. Son intolerables. Los fiscales están advertidos de eso”, sostuvo Miranda en entrevista telefónica.

Sin entrar en detalles sobre el contenido específico de las expresiones de los imputados, Miranda dijo que “verdaderamente se hace descarga del odio”.

El caso se encuentra en etapa de vista preliminar, proceso presidido por el juez Miguel Cordero González, del Tribunal de Ponce.

Miranda indicó que la enmienda a la acusación parte de información recopilada luego de que los imputados fueron llevados para la vista de causa para arresto.

Miranda indicó que el agravante de crimen de prejuicio tiene que probarse en corte y que se cuenta con la prueba suficiente para así hacerlo. De lograrse una convicción con este agravante, el juez que esté a cargo del juicio lo tomaría en consideración al momento de dictar sentencia.

“Es una penalidad ulterior a la del delito ordinario”, dijo Miranda.

Se desprende de la pesquisa policiaca que Miranda Sánchez, de 21 años, había sostenido una relación íntima con la víctima.

Los dos imputados fueron acusados el 21 de julio y se encuentran ingresados en la cárcel Las Cucharas de Ponce. La Policía clasificó el caso como uno de violencia de género.

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