Realizan operativo en el Hipódromo Camarero
La intervención podría obedecer a que ocho caballos de tres entrenadores dieron positivo a pruebas de opioide, una sustancia ilegal.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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La intervención esta mañana por agentes de Investigaciones de la Oficina de Seguridad Interna (HSI, en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el hipódromo Camarero en Canóvanas, podría obedecer a que ocho caballos de tres entrenadores dieron positivo a pruebas de opioide, una sustancia ilegal, en este caso conocida como “Elephant Juice”.
El portavoz de la Oficina de Seguridad Interna y ICE, Iván Ortiz, declinó dar detalles sobre el operativo pero sí confirmó la intervención.
José Maymó Azize, administrador de la Industria y el Deporte Hípico, dijo que los nombres que le dieron hoy son de “entrenadores o dueños que tan reciente como ayer se les notificaron unas querellas (presentadas por la Administración de la Industria del Deporte Hípico) por violación al Programa de Medicación Controlada”.
“Como la sustancia envuelta es una bastante controlada, pues entiendo que el allanamiento tiene que estar relacionado a eso, aunque no me consta”, sostuvo.
La llamada “elephant juice” o anestesia de elefante, cuyo nombre farmacéutico es etorfina, es un potente opioide que está altamente regulado en muchas naciones y en otras está incluso prohibida.
La etorfina tiene una potencia entre mil a tres mil veces superior a la morfina.
La etorfina, también llamada Immobilón y M99, es conocida por su rapidísimo efecto. Se usa bajo control para inmovilizar grandes mamíferos como rinocerontes o elefantes.
En el mundo hípico ha sido utilizada de forma controversial y a menudo ilegal como estimulante para los caballos. La etorfina es muy peligrosa para el ser humano, y en su forma de uso veterinario es incluso letal.
El funcionario, que no estuvo en el hipódromo y recibió información directa de un empleado de la administración, indicó que en este caso, los ocho caballos evaluados participaron en carreras entre diciembre y enero pasado. Pero, el proceso se tarda y por eso las querellas bajaron ayer.
“Cuando hay violaciones al Programa se comienza con un procedimiento que inicia con la radicación de una querella administrativa. Son caballos que corrieron hace meses… Arrojan primero lo que llamamos resultado pendiente y entonces esas muestras van a un proceso más analítico. Entonces, en laboratorio finalmente informan si estas arrojan positivo o negativo”, explicó sobre el proceso.
Aceptó que hay algunos medicamentos que están permitidos, en alguna concentraciones, “pero el tipo de droga por el cual se notifica en la querella es totalmente prohíbida, es bastante peligrosa para el animal. Es un opioide con características analgésicas, e incluso puede ser perjudicial para el jinete”.
Sobre cómo actúa en el cuerpo, indicó que “si es un caballo que está bien lastimado y lo inyectan con esa sustancia, pudiera ser que hasta no sienta dolor y se esfuerce. Le puede crear algún tipo de lesión, como está aliviado. El jinete sufriría también algún tipo de daño, sujeto a algún tipo de accidente”, argumentó.
El hacerle la prueba a los esquinos para saber si tienen esta sutancia es “evitar que los caballos corran en ventaja contra los demás competidores, porque van aliviados, sin dolor, y con un medicamento que los pudiera llevar a estar sobre 100%”, informó Maymó Azize.
Las muestreos se hacen a los ejemplares que ganan cada carreras o a los que son reclamados (vendidos).
El administrador hípico mencionó que “en esos casos donde hay reclamo también se someten los animales a muestreo para asegurar que el nuevo dueño está comprando un ejemplar libre de drogas ilegales en su organismo”.
Los muestreos también se hacen para la Carrera del Clásico de la Serie Hípica del Caribe.
El funcionario aseguró que “los últimos casos de este tipo (con el uso de esta sustancia) se dieron en Puerto Rico entre el año 2004 y 2005”. Aunque aceptó que han habido muchos otros positivos pero no a una sustancia tan potente como ésta que es controlada a nivel federal y está bajo categoría 1.
Sobre las penas que podrían enfrentar los entrenadores, de la investigación revelar alguna irregularidad, Maymó Azize dijo que en el caso de ellos, si es una primera convicción, “la persona se enfrenta a un máximo de un año de suspensión y $5,000 de multa, por caso. Si la persona es reinsidente las penas son más severas, incluyendo la posibilidad de que por una tercera convicción se le pueda declarar estorbo hípico”.
Maymó Azize lamentó la situación pero dijo que su compromiso como entrante administrador hípico es “brindarle pureza a lo que es el deporte hípico, y esto es parte esencial de lo que queremos proyectar al fanático, de que se puede volver a confiar en el hípismo”.
Agregó que a los entrenadores se les brindará “su debido proceso, pero sí con la mentalidad de que se le va aplicar las penalidades según establecidas por nuestros diferentes reglamentos”.
Por su parte, el portavoz del hipódromo Camarero, Juan “Tato” Ramos y López, dijo que “la intervención efectuada en la mañana de hoy no tiene ninguna relación con el hipódromo… El lugar y las personas intervenidas son contratistas independientes que responden por sus propios actos ante la Administración de la Industria y el Deporte Hípico”.