En el cierre del desfile de evidencia, la defensa de Raphy Pina Nieves mostró prueba este martes de que varias personas tenían acceso a la bóveda donde las autoridades federales ocuparon dos armas de fuego en una casa del productor artístico en la urbanización de Caguas Real.

Antes de que comenzara el proceso de informar al jurado las instrucciones que seguirán para deliberar, la defensa de Pina Nieves intentó sembrar dudas sobre si otras personas pudieron haber sido responsables por el hecho de que estuvieran las armas en la casa el día en que fue allanada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Las instrucciones serán impartidas al jurado mañana, miércoles, a las 9:00 de la mañana, cuando los miembros se retirarán a deliberar.

“Ya mañana es el último día, si Dios permite”, expresó Pina Nieves, al salir del tribunal federal en Hato Rey. “Me siento tranquilo desde el primer día que comenzó esto. No ha sido fácil, pero siempre voy con mi frente en alto, siempre voy a dar la cara, positivo y con mucha fe”.

“Mis abogados han hecho un excelente trabajo. Todo depende del jurado. Son los que van a deliberar [...] Mañana es que se decide esto”, agregó.

En su último turno al bate, el abogado Francisco Rebollo presentó al jurado documentos de la compañía que contrató Pina Nieves para instalar y monitorear el sistema de alarmas en la casa y en la bóveda. A preguntas de Rebollo, una supervisora de la compañía Gesco Alarms, Sandra Rodríguez, confirmó que Pina Nieves había autorizado a otras personas a tener los códigos de acceso para desactivar la alarma. También señaló que al instalar los equipos, la compañía puede programar hasta cinco códigos, pero que el cliente después puede programar otros códigos para otras personas sin que la compañía lo sepa.

En particular, Rodríguez señaló a una persona identificada en los documentos de la compañía como “José Miguel” como alguien a ser llamado en caso de que se activara una alarma de la casa. Más adelante, durante la vista, la fiscalía identificó a esa persona como José Miguel Román Torres, quien figura como empleado del acusado.

En su testimonio, Rodríguez validó documentos que indicaban que en varias ocasiones la compañía llamó a Román Torres para indagar por qué se había activado la alarma. Asimismo, la empleada de la compañía de alarmas declaró que en todas las ocasiones Román Torres pudo validar a la compañía que tenía el acceso, razón por la que la testigo declaró que nunca se llamó a la Policía.

Según los documentos mostrados en sala, Román Torres figuraba en las listas de las personas a ser llamadas desde el 2012. Pero el productor solicitó que en el año 2020 Román Torres fuera la primer persona a ser llamada en caso de que se activara una alarma en esa casa.

“Lo pidió (el cambio) porque (Pina Nieves) nunca estaba en la casa”, sostuvo Rodríguez.

Una de las activaciones ocurrió el 10 de febrero de 2020, según documentos presentados en la sala 2 del Tribunal Federal en Hato Rey. El documento detallaba que la llamada se debía a un golpe a la puerta de la bóveda. Otra prueba presentada por la defensa indica que el 1 de agosto de 2019 hubo una activación y se contactó a Román Torres, quien informó que “fue un error”, que él estaba en la casa y que él activó la alarma.

También habló de otra instancia en la que la compañía de alarmas contactó a Román Torres, quien informó que el dispositivo fue accidentalmente activado por su “primo”. De esta forma, la defensa intentó plantear la duda sobre los múltiples accesos a la bóveda donde fueron encontradas las armas por el FBI.

Por su parte, el fiscal José Ruiz intentó enfatizar durante el contrainterrogatorio en la relación de Pina Nieves con Román Torres. Las referencias buscaban proyectarle al jurado la impresión de que Román Torres seguía instrucciones de Pina Nieves. En esa línea, mostró múltiples documentos del Departamento de Hacienda en los que Román Torres figura como recibiendo ingresos de las compañías del productor artístico.

Mientras, Ruiz resaltó que una de las instancias en las que la compañía de alarmas contactó a Román Torres fue el 20 de agosto de 2020, siete días después de que se anunciara que un gran jurado había acusado a Pina Nieves.

Sin el jurado en sala, el juez le preguntó a Pina Nieves que si era su deseo no declarar. “Correcto”, contestó.

Más temprano, el juez Francisco Besosa denegó una petición de absolución del productor de música urbana. Su abogada, María Domínguez, argumentaba que no se presentó la evidencia necesaria para sustentar los delitos imputados, después de que un agente del FBI no pudiera establecer quién y cuándo esas armas fueron colocadas en esa casa.

Sostuvo que la fiscalía no pudo probar que Pina Nieves tenía control e intención de usar las armas ocupadas por agentes federales el 1 de abril de 2020 ni que tenía conocimiento de que una de las armas estaba modificada ilegalmente para disparar de forma automática.

Por su parte, el fiscal federal José Ruiz mantuvo que la evidencia sí sostiene los cargos. Apuntó que esa prueba incluye una llamada, la denominada “121″, del 6 de febrero, en la que dijo tener “dos pistolas”, además de dinero y balas, que son compatibles con las ocupadas en el allanamiento.

Para argumentar que sí tenía control, Ruiz dijo que en la llamada se le oye al acusado tomar decisiones sobre si disponer o no de la casa, muebles y las armas. En ese sentido, Ruiz dijo que cuando en la llamada el acusado comenta que no puede darle las armas a alguien llamado “Miguel” se debe a que “todo eso es cuenta loca” y añadió que eso “significa que las armas no están registradas en Puerto Rico”.

Pina no quiso comentar sobre la denegación del juez y recalcó que se siente confiado del proceso judicial.

“Estoy tranquilo. Hace muchos años maduré. He visto la fuerza de Papa Dios, de las oraciones, de mi familia, mi mamá, de mis hermanos, de todos. Cuando uno camina con fe, camina tranquilo. Uno no debe temer a nada”, manifestó.

“Ahora voy a mi casa, a comer con mis hijos a pensar pensar positivamente. Si pasara lo contrario, estoy preparado con mi equipo de trabajo. Las cosas tienen que continuar, tienen que marchar y yo tengo personas a mi lado que sé que van a dar la milla extra por mí”, abundó.

Pina Nieves enfrenta dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor. Por cada cargo se expone a un máximo de diez años de prisión.