Aguadilla. Tal como entró, cabizbajo y sin que apenas se le escuchara la voz, salió del Tribunal de Primera Instancia el exjuez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, luego que se le radicaran 19 cargos por su participación en el llamado escándalo del chat de WhatsApp.

“Estamos bien”, dijo escuetamente a la prensa a su salida del tribunal.

“No estoy solo. Estoy con Dios y con mi abogado”, apuntó en voz baja, al preguntársele si sentía que lo habían dejado solo en este proceso.

Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau presentaron las denuncias y la jueza Ángela Díaz Escalera encontró causa para arresto.

La magistrada pertenece a la región de Arecibo, pero fue asignada a este caso luego que los fiscales solicitaran un juez de otra jurisdicción.

De los 19 cargos que pesan en su contra, 17 corresponden a violaciones al artículo 252 del Código Penal por aprovechamiento de servicios y propiedad pagada con fondos públicos, un cargo por el artículo 250 (enriquecimiento ilícito) y uno por el artículo 12.007 del Código Electoral, que corresponde a violaciones al reglamento.

“El proceso es haber utilizado las computadoras y servicios electrónicos de tribunales para asuntos contrarios a la ley y no relacionado a sus funciones”, sostuvo el fiscal Mendoza.

El licenciado Ivandeluis Miranda, representante legal de Ramos Sáenz, indicó que decidieron allanarse a la determinación de causa. Al expresidente de la CEE se le impuso una fianza de $1,000 por cada uno de los cargos, que totalizó $19,000, la cual fue prestada.

“Desde que llegamos, nos pudimos percatar que no había testigos en sala, por lo que entendíamos que el fiscal podía ejercer la prerrogativa de radicar por declaración jurada y, ante eso, tomamos la determinación de allanarnos y pasamos a discutir otros asuntos relacionados al caso, como la fianza y otros asuntos”, sostuvo Miranda.

“Estamos empezando el proceso. Aquí terminó la etapa especulativa y ahora conocemos cuáles son los cargos reales que se están imputando”, agregó.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 16 de noviembre.

Según trascendió en la denuncia que originalmente presentó en febrero pasado el senador popular Aníbal José Torres, el juez Ramos Sáenz compartió la toma de decisiones judiciales con miembros del equipo de campaña de Ricardo Rosselló, incluyendo una controversia que tuvo que atender sobre el voto de los encamados. Las consultas fueron realizadas a través de dos grupos de WhatsApp, llamados “Coffee Break” y “Estructura Gerencial”.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, refirió al Panel del Fiscal Especial Independiente a Ramos Sáenz junto a otros cinco altos funcionarios del Ejecutivo: el secretario de la Gobernación, William Villafañe; la subsecretaria, excoordinadora del programa de gobierno de Rosselló y creadora de los grupos en WhatsApp, Itza García; la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado; la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Gobernador, Yesenia Díaz; y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo.

Sin embargo, los integrantes del FEI decidieron no radicar cargos contra los miembros de la campaña política de Rosselló por falta de evidencia.

A su salida del tribunal, el fiscal Mendoza aceptó que la resolución que entonces emitió el juez Ramos Sáenz, sobre el voto de los encamados, está incluida dentro del proceso judicial en su contra.

“Sí, es parte de la violación al código electoral y al artículo 250, que es enriquecimiento ilícito”, apuntó el fiscal.

Temprano en la mañana, justo antes de comparecer ante la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, Ramos Sáenz catalogó de “tragedia”, por lo que atraviesa él y su familia, lo cual reiteró luego que se le sometieran los cargos.

“Es (un proceso) difícil”, alcanzó a decir antes de abandonar el tribunal.

Sin comentarios por pesquisa en Justicia

Mendoza no quiso comentar sobre la investigación de la que es objeto la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, por parte de la Oficina de Ética Gubernamental y el Panel del Fiscal Especial Independiente por alegaciones de intervención indebida en un caso relacionado con el escalamiento a la casa de su hija.

Según la querella, se alega que hubo trato preferencial a uno de los dos acusados. Mientras uno de ellos fue sentenciado a 15 años de cárcel, el otro fue referido a un programa de desvío. Trascendió, además, que el segundo acusado, supuestamente, es pariente de la pareja de la hija de la secretaria.

“Hemos escuchado los comentarios y las noticias que han surgido en distintos medios… lo que queremos dejar bien claro es lo siguiente: como fiscales especiales en el caso no vamos a hacer ningún tipo de comentarios sobre aquella investigación que está en curso”, destacó el fiscal.

“Durante toda la etapa del proceso investigativo, hemos mantenido y vamos a mantener la confidencialidad de toda esa información”, reiteró.