En lo que supone un nuevo escándalo en la Policía de Puerto Rico, cargos por los delitos de secuestro, robo y allanamiento ilegal serían radicados en las próximas horas contra dos agentes estatales y un guardia municipal, los cuales laboraban en la División de Vehículos Hurtados de San Juan, tras alegadamente violarle los derechos civiles a un ciudadano de origen dominicano. 

Durante una conferencia de prensa conjunta con el jefe de los fiscales, José B. Capó, y el comisionado de la Guardia Municipal de San Juan, Guillermo Calixto, el superintendente de la Policía, José L. Caldero López, repudió la conducta exhibida por estos agentes y adelantó que todos serán expulsados sumariamente una vez un juez determine causa probable para su arresto.

Los tres agentes laboraban en la División de Vehículos Hurtados de San Juan, uno de ellos estaba asignado en propiedad a esa unidad de trabajo, mientras que los otros dos, un policía del cuartel de Hato Rey Oeste y un guardia municipal de San Juan, estaban asignados en destaque. No se ofrecieron sus nombres, pues todavía no han sido acusados.

“Presuntamente estos agentes intervinieron con un ciudadano de nacionalidad dominicana en la madrugada del pasado siete de abril, se alega que los agentes se apropiaron de bienes como dinero en efectivo y un teléfono celular, además secuestraron al ciudadano”, detalló Caldero López, basándose en la información obtenida por agentes del Negociado de Asuntos Internos de la Policía a cargo de la pesquisa. 

El superintendente aseveró que el caso fue esclarecido debido a la intervención de otros policías que han servido como testigos del querellante. 

“Cuando ellos están interviniendo en Puerto Nuevo (frente a la estación del Tren Urbano de Las Lomas), pasó uno de los nuevos agentes que se graduaron recientemente con su mentor que le estaba señalando los sectores que cubre Puerto Nuevo y le preguntan que si todo estaba bien y ellos (los agentes imputados) dicen que sí. Luego de esto, cuando los agentes van al cuartel de Puerto Nuevo a rendir servicios, el ciudadano dominicano está presentando la querella y los mismos agentes dicen: ‘estos son los agentes que nosotros vimos allí’. Gracias a la intervención de estos agentes responsables se inicia todo el proceso.”, explicó Caldero López. 

El perjudicado, quien labora como obrero de la construcción, alegó que luego de ser detenido cuando revisan su licencia de conducir y se percataron de su origen, le pidieron que abriera el baúl de su vehículo donde tenía guardados $1,000. Luego, le manejaron su auto y lo mantuvieron cautivo sentado en el asiento posterior hasta que fue abandonado en un área apartada en Trujillo Alto. 

Como parte de la evidencia se ocuparon los vídeos de las cámaras de seguridad del Tren Urbano entre otros sectores por los cuales transitaron con el ciudadano secuestrado. 

“Estos agentes no representan el compromiso que tienen los agentes de la Policía estatal y municipal con el pueblo de Puerto Rico, queremos dejar claro que estamos y seguiremos limpiando la casa y que no toleraremos acciones como estas donde se violen los derechos civiles de cualquier ciudadano ni que se mancille el buen nombre de la Policía de Puerto Rico ni de la Policía Municipal”, sentenció Caldero López. 

Contra uno de los agentes estatales involucrados pesaba una querella por la pérdida de su arma de reglamento y otra por mal uso de la propiedad. Los agentes estatales llevaban en la Uniformada cuatro y 11 años de servicio, respectivamente. El municipal llevaba cinco años. 

Además, se explicó que se hicieron gestiones con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ya que no se descarta que en un futuro puedan asumir algún tipo de jurisdicción en este caso. 

De ser hallados culpables por el delito de secuestro, los imputados se imponen a un máximo de 20 años de cárcel; 15 años por el delito de robo y allanamiento ilegal; mientras que la pena fija por registrar un vehículo sin una orden judicial, es de tres años de prisión, indicó Capó. 

El funcionario expresó que la investigación también está participado el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), del Departamento de Justicia, por tratarse de un caso donde hubo la violación de los derechos civiles de un ciudadano, pero el peso de la pesquisa recayó en la Policía debido a la pronta acción tomada. 

“Rechazamos todo tipo de conducta que se da de esta naturaleza, que viole derechos y garantías constitucionales de un ciudadano y vamos a actuar con toda firmeza”, expresó por su parte Calixto sobre las acusaciones que enfrenta el policía municipal.

Caldero a su vez, reveló que fue él quien le comunicó personalmente al cónsul dominicano sobre la investigación.