Una resolución para el Senado investigue el cumplimiento de las leyes existentes que cobijan a la comunidad sorda en Puerto Rico fue radicada por la senadora popular del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez.

La medida estuvo motivada por el reciente caso de Janet Viera Grau, una joven madre sorda de Vega Alta a quien el Departamento de la Familia le removidos sus hijos y que, posteriormente, cometió suicidio.

“La lamentable historia de Janet Viera Grau nos demuestra que, a pesar de los grandes avances médicos, audiológicos, técnicos y educativos, muchos niños sordos dejan la escuela sin contar con las herramientas necesarias para una vida social y comunitaria. La comunicación para participar en la sociedad, ya sea mediante la enseñanza del lenguaje de señas u oral, es necesaria para permitir una integración y participación más efectiva en su entorno”, explicó la también trabajadora social clínica en declaraciones escritas a la prensa.

De aprobarse, la Resolución del Senado 68 le ordena a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, y de Educación, Turismo y Cultura del Senado a conducir una investigación exhaustiva sobre la efectividad de los servicios.

“Se hace meritorio que esta Asamblea Legislativa investigue y conozca el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos que existen en el Gobierno para garantizar el acceso de esta comunidad a los servicios públicos”, enfatizó la legisladora.

Se estima que la población sorda en el País es de aproximadamente 218,000 personas, lo que equivale a que un 6.83% de la población del archipiélago borincano padece de alguna discapacidad auditiva. Estas cifras requieren actualizarse conforme a los cambios demográficos de los últimos años.

“A través de los años, la comunidad sorda en Puerto Rico ha tenido dificultad con el acceso a los servicios públicos que disfrutamos todos. Desde principios de la década de los noventa, se han adoptado una serie de iniciativas legislativas que, aunque no resultan del todo suficientes, sirven para levantar cierta conciencia en beneficio de la población con discapacidades auditivas. Sin embargo, el problema parece ser en el cumplimiento con las políticas públicas por parte de las propias agencias del Gobierno de Puerto Rico”, añadió Rosa Vélez.

Ante esta realidad es que surge la iniciativa de la senadora arecibeña por conocer el nivel de cumplimiento y ver cómo se puede forzar el mismo.

“Ha llegado el momento de reflexionar si la legislación se está cumpliendo y si la misma realmente protege los derechos de la comunidad sorda en general. Reconocemos que en el Gobierno hay un problema de cumplimiento y rendición de cuentas y tenemos que movernos a cumplir con las leyes y que los entes gubernamentales se adapten a las necesidades de la comunidad sorda en general y no a la inversa”, finalizó la funcionaria.