El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernandez, informó que ayer la División de Delitos Económicos presentó cargos criminales contra Antonio Cruz Batista de 42 años y su esposa, Evelyn Torres García, de 53 años, propietarios de la empresa, Modern Home’s Gallery Inc., por la comisión de fraude en obras de construcción y apropiación ilegal en los municipios de Yauco y Guánica.

La fiscal Maricarmen Rodríguez Barea formuló seis cargos contra Cruz Batista. Estos incluyen apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras, al amparo de los artículos 182 y 204 del Código Penal de Puerto Rico. Mientras, su esposa enfrenta cuatro cargos por apropiación ilegal agravada.

Conforme a la investigación de la agente María Fabre, adscrita a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Ponce, la compañía representada por la pareja ofrecía servicios de construcción de diferentes modelos de casas a precios sumamente bajos. Una vez las personas contrataban a Cruz Batista, este les solicitaba una cantidad significativa de dinero, incumpliendo el acuerdo de construir la residencia. Este se apropiaba del dinero de los clientes y lo depositaba en la cuenta de la empresa, en la que figuraba como presidenta Torres García.

Entre los afectados por el esquema fraudulento, figura un cliente que le entregó un cheque de $20,865 a Cruz Batista para comenzar la construcción de su nueva casa. Posteriormente, el imputado le solicitó una suma adicional de dinero para “aligerar la construcción de la propiedad” y el perjudicado procedió a entregarle la cantidad de $34,165. Ninguna construcción adicional se realizó en el terreno.

De la investigación, también surge que otra persona firmó contrato con la compañía de los imputados para la construcción de una residencia en Guánica y le entregó a Cruz Batista un cheque de $19,795 para que comenzaran los trabajos. Transcurrido el tiempo, sin que diera comienzo la obra, el imputado le solicitó a la perjudicada la cantidad de $19,708 tras alegar que los materiales iban a aumentar de precio. Una vez procede a entregarle la suma de dinero no volvió a tener comunicación con Cruz Batista. Los imputados realizaron este esquema fraudulento desde el 14 de abril hasta el 28 de diciembre de 2021.

En uno de los casos el trabajo realizado debe ser demolido, según certificó un ingeniero.

“Reafirmamos el compromiso del Departamento de Justicia con combatir el fraude en la Isla. Esperamos que este caso sirva de disuasivo para aquellos que optan por tomar ventaja de la necesidad ajena, violentando la ley. Reconozco la labor de los fiscales de la División de Delitos Económicos, dirigida por la fiscal María Teresa Carro y los agentes del Negociado de la Policía que trabajaron en el procesamiento de este caso”, expresó el secretario de Justicia.

La jueza Shakira Lebrón Muñoz, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa por todos los cargos formulados y le fijó una fianza de $15,000 a Cruz Batista. Mientras que, a Torres García, le impuso una fianza de $8,000.

Las fianzas fueron prestadas por un fiador privado y quedaron en libertad hasta vista preliminar, señalada para el 26 de noviembre.

Actualmente, los imputados, residentes en Santa Isabel, están siendo procesados por la comisión del delito de evasión contributiva en el Tribunal de San Juan.