Los padres de Anhang, Abraham y Barbara, a través de la fiscalía federal, han solicitado que se hagan públicos los registros del caso.

Tanto las defensas de los ahora convictos, como la fiscalía, e incluso la corte, han solicitado en diferentes instancias del caso que parte de los documentos se mantengan sellados. Por tal razón, esos documentos no están accesibles al público en general.

Los Anhang reconocen que tales medidas se toman para “proteger la integridad de los procesos” y evitar una publicidad que pueda afectar a los acusados y poner en riesgo su presunción de inocencia.

No obstante, en petición la pareja resalta la importancia del derecho a la información protegido bajo la Primera Enmienda, y la importancia de ese derecho a la información para el monitoreo de los procedimientos judiciales.

Agregan que ahora que el juicio concluyó no hay razones para mantener los documentos fuera del alcance del público, toda vez que ya no afectarían la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo de los ya convictos.

La defensa de Áurea, sin embargo, respondió con una petición a la corte de que no libere los documentos, alegando que la convicta apelará el caso, y la publicidad que pueda resultar de hacerse públicos dichos documentos podría afectarle sus derechos.

Asimismo, la defensa del hermano de Áurea, Charbel, quien enfrenta otros cargos que se verán en un juicio por separado relacionados con el caso de Áurea, señala justamente que, además de las posibles apelaciones de los convictos, su caso está aún por verse y podría resultar afectado si la corte determina hacer públicos los documentos.

La fiscalía federal radicó una moción adicional, reiterando que, al haber concluido el caso, no hay necesidad de mantener los documentos ocultos al público. Recuerdan a la corte en su reclamo que hay precedentes judiciales que dictan que solo se debe mantener la información fuera del alcance del público en general si existe un interés apremiante para hacerlo, y aun así se debe actuar para ocultar solo aquella parte esencial para cubrir ese interés apremiante al tiempo que se hace público el resto.

Insiste la fiscalía federal en que, en el caso en cuestión, ni siquiera existe tal interés apremiante como para justificar la censura.

Áurea, Marcia y Ferrer Sosa fueron hallados culpables de conspirar para que se cometiera el asesinato por encargo de Adam Anhang a principios de octubre, luego de casi un mes de juicio. Los tres se exponen a ser sentenciados a cadena perpetua. El caso se vio ante el juez federal Daniel Domínguez.

Charbel enfrenta una serie cargos relacionados al caso de su hermana Áurea, por cometer perjurio y por obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y encubrimiento de una persona para evitar su arresto.