“Masacrados una madre y sus hijos”.

La madre estaba apuñalada en una bañera del segundo piso de su casa, ubicada en Trujillo Alto. Sus pequeños, también acuchillados en varias partes del cuerpo, fueron colocados por los asesinos en la nevera  del hogar.

Según los reportes periodísticos de la época,  la escena era dantesca. Había sangre en diversas áreas de la casa, incluyendo paredes. De primera instancia, la Policía no ubicaba a los perpetradores. Incluso, cinco personas fueron acusadas  de perjurio ante la sospecha de que conocían a los autores y no lo decían, pero el caso se cayó  luego en el tribunal.

Pero seis meses después, tras el testimonio de unos hermanos (que para entonces eran adolescentes), la pesquisa se volcó contra dos vecinos de las víctimas: Juan Carlos Meléndez y Antonio Ramos, quienes en 1992 fueron encontrados culpables por un panel de jurado compuesto por tres hombres y nueve mujeres que en dos horas rindieron su veredicto por unanimidad. Los convictos siempre reclamaron su inocencia.

Los hermanos testigos -quienes hoy tienen 42 y 47 años y se apodan Joito y Babi- dijeron en el juicio haber escuchado la noche de los crímenes una discusión entre Meléndez y Haydée. Añadieron que se suscitó una pelea a “puñetazos” entre ambos. Además, dijeron que Ramos estaba en un pasillo viendo la agresión. Supuestamente,  ambos sujetos habían expresado a los testigos que les gustaba Haydée y que deseaban tener relaciones sexuales con ella.

De hecho, la teoría del Estado en 1992 fue que el móvil había sido el interés de los acusados por tener “acceso carnal” con la víctima y que fue repeliendo esa atenta  que la mujer fue asesinada. 

“La prueba es sólida”

Hoy, 25 años después de que los hombres fueran condenados de por vida a cárcel -y de que recientemente el caso diera un giro trascendental tras la excarcelación de los mismos ante la concesión de un nuevo juicio por parte de la jueza Berthaida Seijo, del Tribunal de Carolina-, surge nuevamente la pregunta: ¿Quién mató a Haydée Maymí y a sus niños?

“La prueba es sólida. Estas dos personas (Meléndez y Ramos) asesinaron a Eduardito, a su hermanita y a doña Haydée”, responde sin titubeos el fiscal Yamil Juarbe quien, junto a Martín Ramos, se disponen a presentar en los próximos días una reconsideración a la jueza Seijo y una petición de certiorari al Tribunal Apelativo a fin de que se paralice el proceso de nuevo juicio concedido a los ahora imputados, quienes permanecen con grillete electrónico y bajo arresto domicilario en casa de familiares.

A opinión de Juarbe la jueza Seijo - quien casualmente en 2012 no concedió un nuevo juicio a los imputados- “erró” en su determinación del pasado 14 de junio.

“De lo que escuchamos en la vista no se ha cumplido con los requisitos jurisprudenciales como para que se amerite la concesión de un nuevo juicio”, sostiene el fiscal.

Fue a través de Primera Hora que Juarbe conoció otros fundamentos que tuvo la juez para conceder el nuevo proceso judicial, según estableció en una resolución que  fue hecha pública a través de la Administración de Tribunales el pasado 20 de junio.

Los argumentos de Seijo trascienden a una serie de errores que aparentemente se cometieron en la investigación policiaca y que van más allá de los resultados de ADN mitocondrial que se le hicieron a unos vellos púbicos de Haydée que fueron encontrados en un panty cerca del cadáver y que fueron comparados  con el cabello de los acusados. Las pruebas- examinadas en un laboratorio en California- concluyeron que los peticionarios no eran los donantes del material genético extraído de la ropa interior.    

Cabe señalar, que esta prueba no estaba disponible en el 1992 y que fue concedida  gracias a un estatuto firmado en 2015 conocido como Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, que solicitaron los abogados de los acusados, entre ellos el licenciado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y director del Proyecto Inocencia.

“Frenesí” con pruebas de ADN

Juarbe insiste que esta prueba de ADN nueva no es exculpatoria y que se ha creado un “frenesí”  con el tema, provocando confusión en la opinión pública.

“El Departamento de Justicia no está de acuerdo con que haya personas inocentes en la cárcel, pero tampoco está de acuerdo con que se le venda falacia a la gente que no conoce de derecho haciéndoles creer que porque en una pieza de evidencia no se encuentre ADN de x o y acusado, ya eso automáticamente lo exonera. Es un absurdo venderle eso al País”, reiteró.

De otra parte, catalogó  la resolución de la jueza como una “bastante cargada a favor de la defensa” y  mencionó que la mayoría de los argumentos de la magistrada fueron refutados en el 1999 por el Tribunal Supremo en una sentencia en la que, aunque se reconoció que hubo algunas irregularidades, se determinó que las mismas no fueron “errores de derecho” ni perjudiciales para los acusados.

“El jurado fue quien vio y oyó declarar a los testigos. Adjudicó la credibilidad de dichos testimonios, dirimió la prueba conflictiva presentada y, unánimamente, encontró culpable a los acusados. En ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto, no nos compete intervenir en dicho fallo”, expresa la sentencia del Tribunal Supremo que fue firmado por la Secretaria de entonces, Isabel Llompart Zeno.

Dolida la familia de la víctima

Mientras, el fiscal expresó que la familia de Haydée, incluido su viudo y padre de los niños asesinados, Eduardo Morales Colberg, están “dolidos” con el giro que ha dado la historia.

Expresó que en el caso de Morales Colberg se trata de revivir una pesadilla y proceso judicial “en el que las respectivas representaciones legales (de los acusados) llevan años señalándolo como autor para no asumir su responsabilidad”.

“Lo han señalado por 25 años como autor (de los asesinatos). Y quisiera poner en perspectiva ese dolor, ese pesar, esa frustración. Ese señor se sentó a declarar en el juicio, tuvo el valor de sentarse a hacerlo. Y fue objeto de un contrainterrogatorio intenso por parte de la defensa de aquella época…y no se quebró en su silla y ganó la credibilidad frente al jurado”, manifestó al invitar a otros a “ponerse en los zapatos del viudo”. “Aquí nadie se ha preocupado por el lado humano de las víctimas”, dijo Juarbe.

Primera Hora ha insistido en lograr una entrevista con los familiares de las víctimas, una petición que seguimos haciendo.