El asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagán refleja los peligros y riesgos de seguridad que enfrentan a diario que forman parte del sistema de justicia del País.

En medio de la consternación por el crimen, jueces, abogados y fiscales reclamaron que se tomen medidas para que no se repita esta tragedia.

"Esta situación evidencia el riesgo que enfrentan los funcionarios del orden público que exponen a diario su seguridad como parte de su compromiso con la justicia", afirmó la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta.

"Para la Rama Judicial es motivo de particular preocupación la seguridad de nuestros jueces y juezas, especialmente los que ejercen el cargo de Juez o Jueza Municipal, quienes junto a policías y fiscales deben cubrir turnos de noche", agregó.

Movida por esta preocupación, Fiol Matta reafirmó en declaraciones escritas la necesidad de seguir tomando medidas "cada vez más firmes" para garantizar la seguridad de todos los servidores públicos que componen el sistema de justicia.

La abogada Mayra López Mulero, por su parte, señaló que el asesinato de Ortiz Pagán atenta contra los cimientos de la democracia y afecta todos los componentes del sistema de administración de la justicia.

"Va haciendo tiempo de que todos los componentes del sistema de justicia nos unamos y procuremos tomar las medidas para que estas situaciones no sigan ocurriendo, porque esto es una señal. Es una muy mala señal de que estamos haciendo algo que está en menoscabo de lo que representamos todos nosotros, que es la búsqueda de la verdad y que haya un sistema de administración de justicia digno de un país civilizado. Qué está pasando. Cómo estamos aportando para que estas desgracias ocurran. Esas son las interrogantes", afirmó.

"El mejor legado que le podemos hacer a la memoria de esa gran mujer y de esa gran fiscal es que esa muerte, que esa pérdida no pase en vano, que no perdamos la memoria y que empecemos a mirar para adentro para ver dónde estamos fallando como sistema para tomar las medidas para que estas cosas no sigan ocurriendo", añadió.

La fiscal Lisette Sánchez Vázquez reconoció los riesgos del trabajo y llamó a crear conciencia sobre la situación.

"Este es un trabajo muy peligroso, bien riesgoso, el fiscal expone su seguridad todo el tiempo... Hay fiscales que los han amenazado, fiscales que los han seguido, fiscales que los han tiroteado. Es bien lamentable de verdad", indicó.

Pese a la situación, rechazó que la Isla pueda convertirse en un narco estado, como ha ocurrido en otros países.

"Dentro de lo posible siempre es posible. Yo no creo que llegue a ese nivel... Esto es una profesión de riesgo. Creo que la gran mayoría de la gente no lo entiende. No lo vé así, pero esa es la realidad y un caso como este lo pone de manifiesto", indicó la fiscal.

La presidenta de la Asociación de Fiscales y colega de Ortiz Pagán, Jessica Correa González, señaló que el tema del riesgo y de la seguridad de los fiscales es tema recurrente en las reuniones con el secretario de Justicia, César Miranda, y el jefe de fiscales, José Capó.

"Eso es un riesgo que corremos todos los fiscales. Los fiscales estamos 24 horas cubriendo escenas, procesando criminales, Es una situación a la que hemos estado expuestos y siempre se lo hemos dicho al Departamento de Justicia sobre el peligro al que nos exponemos todos los fiscales", señaló.

Para atender el asunto de la seguridad, propuso la posibilidad de ofrecer escoltas a los fiscales y hacer ajustes en el manejo de los turnos nocturnos.

Correa González, sin embargo, no favoreció que establezca una política pública que obligue a los fiscales a portar armas de fuego. Actualmente los fiscales portan armas, pero de forma voluntaria.

"Eso es una decisión personal de cada fiscal, por el cargo que tenemos el Departamento no hace las gestiones para que podamos portar un arma... Uno no puede obligar una persona a que porte un arma", agregó.