En una vista que se extendió por tres horas, cuatro jueces del Tribunal de Apelaciones cuestionaron a un grupo de abogados de los partidos políticos y de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre la controversia que se cierne a raíz de que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) decidiera seleccionar a sus candidatos por un método alterno y no cumpliera con el presunto requisito de recoger endosos.

Según explicó el abogado del MVC, Frank Torres Viada, la vista fue “extraordinariamente productiva”, ya que los jueces Félix Figueroa Cabán, Fernando Bonilla Ortiz, Ana M. Mateu Meléndez y Annette Prats Palerm fueron puntuales en sus preguntas y demostraron conocimiento del tema.

Esta vista judicial se dio a raíz de una apelación que realizara el Movimiento para lograr que cinco de sus candidatos aparecieran en la papeleta de las elecciones generales de noviembre próximo, pese a que el juez de Primera Instancia, Anthony Cuevas Ramos, los descalificó por no cumplir con el proceso de recogido de endosos. Estos son Ana Irma Rivera Lassén, que buscaba la comisaría residente, así como los candidatos legislativos Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe Riefkohl, Alejandro Santiago Calderón y Gladys Myrna Conty Hernández.

En este caso, Anthony Sánchez Aponte, Stephen Gil Álamo y Wilfredo Pérez Torres, aspirantes al distrito representativo 38 por Proyecto Dignidad, también quedaron descalificados.

Según denunció la comisionada del MVC, Lillian Aponte, durante la vista judicial supuestamente la colectividad pudo demostrar que cumplieron con la reglamentación vigente.

“Nuevamente, vimos como esos partidos, el PNP (Partido Nuevo Progresista) y PPD (Partido Popular Democrático) usaron un subterfugio para eliminar la oposición política en vez de llevarlo a las urnas”, indicó.

Criticó el hecho de que los abogados de la CEE supuestamente no pudieran contestar muchas de las preguntas realizadas por los jueces.

“Tuvo que venir el PNP y el PPD a defender su posición”, dijo, al exponer que eso demostró “la complicidad de todo el proceso”.

No obstante, el abogado de los candidatos a legisladores del PNP, Ramón Rosario Cortés, expuso que “quedó claro que los argumentos de los legisladores del MVC se fundamentan en leyes anteriores que se dejó sin vigor con la Ley 58 del 2020 (Código Electoral). La nueva ley específicamente le orden a ellos a recoger endosos, como lo hizo el CEE a través de su reglamento para las primarias”.

El también analista político expuso que, a su entender, en la vista judicial quedó demostrado que no sería correcto dejar sin efecto la descalificación de los candidatos por no cumplir con el debido proceso.

El pleito quedó sometido tras esta vista judicial. Las partes esperan que los jueces tomen una determinación de manera expedita para que la parte no favorecida pueda recurrir al Tribunal Supremo.

La comisionada del MVC comentó que se necesita una solución final para antes de agosto, mes para el cual se tiene previsto el inicio de la impresión de las papeletas que se usarán en las elecciones generales.