Los programas de desvío para personas imputadas de violencia de género son un privilegio que tienen aquellos que “acepten la comisión del delito imputado y reconozca su conducta”, según indica la Ley 54 de Violencia Doméstica.

Estos programas “proveen a la persona, una vez convicta en juicio o hecha alegación de culpabilidad, la oportunidad de someterse a un programa de rehabilitación con el incentivo de limpiar su expediente al completarlo exitosamente”.

La ley establece en su artículo 3.6 que es un juez quien toma la última determinación de conceder esta oportunidad de enviar a una persona a un programa de desvío, tras un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía.

“El tribunal tomará en consideración la opinión de la víctima sobre si se le debe conceder o no este beneficio e impondrá los términos y condiciones que estime razonables y el período de duración de la libertad a prueba que tenga a bien requerir, previo acuerdo con la entidad que prestará los servicios, cuyo término nunca será menor de un año, ni mayor de tres”, dice la regulación.

La persona a la que se le provee el desvío cuenta con una resolución del tribunal que le ordena cumplir con una especie de probatoria. El requisito principal es participar semanalmente de las clases, talleres y sesiones individuales en uno de los 18 centros de desvío privado o cinco que tiene el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para ser reeducados y no reincidan en patrones de violencia de género, señaló la secretaria de la agencia, Ana Escobar.

Según precisó, solo podrán tener el privilegio los convictos por maltrato, maltrato agravado o maltrato mediante amenaza. Aquellos que tienen cargos por restricción de libertad o agresión sexual conyugal, bajo la Ley 54, no estarían cobijados.

Comentó que los jueces también analizan que sean primeros ofensores; el historial social, comunitario y laboral; la relación de familia y pareja; situaciones de salud, adicciones o tratamientos, para determinar si conceden el desvío.

La funcionaria detalló, además, que los jueces pueden imponen a sus participantes otros requisitos más allá de asistir a centros de desvío, como por ejemplo la supervisión electrónica para monitorear que el agresor no se acerque a su víctima, restricciones de viaje al exterior o de visitar ciertos municipios, planes de trabajo o estudio, y no utilizar drogas ni alcohol, entre otras cosas.

No obstante, “lo que se busca es que la persona tenga esa oportunidad de participar talleres de personas agresoras”, precisó Escobar.

Se trata de, al menos, 52 clases o talleres compulsorios que se dan una vez por semana en periodo mínimo de dos horas, así como 12 intervenciones adicionales de servicio sicológico individualizado, dijo.

En ocasiones, los jueces pueden ordenar que se amplíe el servicio hasta tres años. Sin embargo, la doctora Ida Nevárez Sánchez, propietaria de los Institutos de Reeducación de Puerto Rico, localizados en Bayamón, Carolina y Juncos, reveló que “típicamente, los jueces al año cierran los casos”.

Este corto periodo es uno de los retos que dijo tienen los centros de desvío para reeducar y rehabilitar a los agresores.

“La realidad es que la gran mayoría no se reeduca en un año”, aceptó la consejera psicológica.

“Nosotros trabajamos con personas reales, con personas únicas, con personalidades únicas. Estas personas han crecido, se han formado a través de toda su vida con unos modelos específicos. Ellos creen que están en lo correcto. Sus paradigmas de vida, su visión del mundo, es esa. Entonces, nosotros estamos aquí con un mínimo de un año, un máximo de tres, para tú desprogramar la formación que un hombre tuvo por 40 años de su vida o 30 años de su vida. O sea, tenemos un gran desafío. Esto es un gran desafío. O sea, lidiar con agresores es un desafío a diario, porque tú tienes que desprogramar, desaprender. La reeducación es desaprender todos esos modelos, todas esas creencias, toda esa visión del mundo que tú tenías, que te decían, así es una familia, así es que me criaron a mí”, explicó.

Para participar en estos talleres, se evalúa si la persona tiene la capacidad económica de pagarlos. El costo es de $25 por clase. Si no tiene capacidad económica, el estado asume la responsabilidad. Escobar no supo precisar la partida que invierte en este servicio para los indigentes.

¿Cómo se reeduca?

Son los centros los que establecen el currículo, dejándose llevar por los reglamentos y guías aprobadas por la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras.

“El programa va dirigido a romper la desigualdad de género. A enseñarle que tanto la mujer como el hombre deben mirarse con respeto, sin posiciones de superioridad”, explicó Nevárez Sánchez.

Comentó que la mayoría de los talleres son grupales.

“Los estudios señalan que la reeducación para agresores de violencia doméstica es más efectiva grupal, porque el hecho de tener otros participantes poniendo sus propias experiencias, que ellos no han vivido, logran identificar cuál es el nivel de violencia que tiene aquel, ‘yo no lo tengo, pero yo uso esto’, y compartir las experiencias”, describió.

En este modelo grupal, se les habla sobre el ciclo de la violencia doméstica, la rueda de poder y control, la rueda de igualdad, los mecanismos de defensa que usa el agresor para justificar sus acciones, el proceso de decisiones, paternidad responsable o crianza responsable, y respeto en la comunicación, entre otras cosas.

“Se fomentan dinámicas con estos temas y ellos exponen su vivencia, y hay un facilitador clínico en el grupo que va trabajando con eso a nivel individual”, detalló la dueña del centro de desvío, negocio que inició en el 1996.

Una vez al mes, los participantes del programa se reúnen con especialistas para tratar su caso a nivel individual. En esta etapa, “se van trabajando en las áreas que se identificaron en grupo y hay otras que se identifican en un plan, que se llama Plan de Reeducación Individualizado, los cuales mira los niveles de violencia, los mecanismos que utiliza para justificar su violencia o su maltrato, el reconocimiento del poder y control, porque muchas veces algunos realmente nunca han levantado una mano, pero tienen un nivel de maltrato altísimo y no lo pueden reconocer. O sea, ese tipo de intervención se maneja a nivel individual”, precisó Nevárez Sánchez.

Mientras los participantes están en estos centros, hay técnicos sociopenales del DCR que están asignados a sus casos y analizan sus progresos tanto en los talleres como en la comunidad en general. Estos informes son sometidos al juez, que cita vistas judiciales cada cierto tiempo para vigilar el cumplimiento de su orden.

Escobar reconoció que, si un participante se ausenta a sesiones o talleres, los puede recalendarizar. Pero, si se percibe un alto ausentismo, puede ser causal de que se le revoque el desvío. La persona, entonces, podría enfrentar cárcel u otra medida que determine el juez, así como tendría el delito en su certificado de antecedentes penales.

Por otro lado, al reconocer que los centros de desvío son “blanco de ataques en la actualidad” por el crimen cometido por un participante del programa en Morovis, la consejera pidió que la controversia se mire como una oportunidad de rehabilitación.

“Llevar a estos individuos a la cárcel sin darle a la oportunidad sería terrible”, afirmó Nevárez Sánchez.

Estableció que los centros son fiscalizados constantemente por Corrección. De hecho, comentó que mensualmente deben llenar formularios y cumplir con peticiones que le hace la agencia para fiscalizarlos.

No obstante, reconoció que “los programas no tenemos vara mágica. No, nosotros tenemos modelos y diseños con profesionales que intervienen con estos casos y que sabemos que logramos cambios. Sabemos que sembramos y propiciamos y fomentamos en estos clientes introspección para hacer cambios reales. ¿Qué podemos hacer para que no haya más muertes de mujeres? Yo creo que esto es una crisis social general. Tenemos que hacer todo desde nuestros propios entornos o de microsistemas, desde nosotros como programa, desde los políticos desde sus sillas, desde las iglesias, las familias. Esto es el reflejo de lo que está pasando, un problema es salud mental serio”.

Apuntan a la Judicatura

Aunque la Ley 54 establece que una persona que haya violado una orden de protección no puede ser enviado a un programa de desvío, Nevárez Sánchez comentó que en la actualidad enfrenta un problema con un juez que le ha remitido un caso en particular.

“Yo estoy en una situación con un individuo que es la sexta vez que le dan una orden de protección y lo manda por sexta vez a un programa. ¿Cómo tú explicas eso?”, denunció.

Para indagar sobre qué ocurre en los tribunales, Primera Hora entrevistó a la jueza Raiza Cajigas Campbell, directora de la Directoría de Programas Judiciales del Poder Judicial.

El primer punto que estipuló es que los jueces no evalúan un caso “en el abstracto”, sino que ven la aceptación de culpa del imputado y consideran la anuencia de la víctima, así como la posición de la Fiscalía y la defensa en estos casos de violencia de género a la hora de determinar conceder un desvío.

Precisó que los jueces, antes de juramentar, van a una academia de formación judicial en la que parte del currículo está relacionado a la violencia de género y cada seis meses tienen cursos continuos. A modo de ejemplo, comentó que en este mes de mayo en la educación continua se discutirán temas relacionados, específicamente como aquilatar testimonio y el proceso de trauma de las víctimas para prepararlos para analizar estos casos sensitivos.

No obstante, Cajigas Campbell informó que los casos de violencia de género se tratan en salas especializadas, en las que se busca dar ayuda integral a las partes involucradas. Las únicas regiones judiciales en las que no se ha establecido el programa es en Aibonito y Aguadilla, aunque tienen jueces preparados para tratar estos casos.

Lo que solicitó la jueza es que la víctima denuncie cualquier violación que identifique en el cumplimiento de este programa de desvío para tomar medidas a tiempo.

“El llamado constante es a que las víctimas busquen ayuda, ya sea acudiendo a la Policía, acudiendo a los tribunales, acudiendo a las comunidades y a las organizaciones que brindan ayuda. Siempre insistimos desde el Poder Judicial a buscar ayuda y querellarse en contra de la persona que le ha violentado. En términos de los procesos de desvío, de igual manera, es importante que siempre comuniquen cualquier violación que esté ocurriendo, si es que entiende que está ocurriendo alguna, para que se le pueda dejar saber al Tribunal, y entonces el Tribunal pueda tomar cualquier medida”, precisó.