Ponce. El segundo día del juicio en su fondo contra el ex agente Guarionex Candelario Rivera, imputado de matar a tres compañeros policías en la Comandancia de Ponce el año pasado, se centró en atender planteamientos de derecho traídos por la defensa en ausencia del jurado, lo que impidió la continuación del contrainterrogatorio al primer testigo del Ministerio Público.

El desfile de prueba comenzó el martes con el testimonio de Gilberto Rodríguez Báez, quien labora en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y tomó  el vídeo de la escena criminal, suscitada el 28 de diciembre de 2015. 

Aunque el contrainterrogatorio de la defensa estaba supuesto a seguir ayer por la tarde en la sala 505 del Tribunal de Ponce, ante la jueza Carmen Otero Ferreiras, el tiempo se fue en argumentaciones sobre la admisibilidad de cierta evidencia.

Uno de los debates entre los fiscales Sharleen Rosa de Jesús e Idelfonso Torres Rodríguez y los abogados Donald Milán y Armando Pietri giró en torno a la supresión de unas expresiones que le hizo Candelario Rivera a un agente el día de los asesinatos.

El juez Mariano Daumont Crespo resolvió en julio que cierta información que le dio el acusado al agente Héctor Cappas, de la División de Homicios de Ponce, no se puede ventilar en el juicio porque el policía no le leyó antes las advertencias de ley.

Específicamente, suprimió declaraciones que el entonces sospechoso hizo acerca de la teniente Luz M. Soto Segarra, una de las víctimas fatales; sobre supuestos explosivos que había colocado en la Comandancia y un comentario acerca de  matar al teniente Ezequiel Torres.

Citando la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso, la defensa reclamó que todo lo relacionado a esos temas no se puede discutir ante el jurado.

De hecho, los abogados habían pedido la desestimación del cargo menos grave de falsa amenaza de bomba.

Los fiscales, por su parte, afirmaron que no se puede suprimir todo porque hay testimonios vitales para probar las acusaciones graves, que son tres cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de restricción ilegal agravada y cuatro por Ley de Armas.

Además de la teniente Soto Segarra, murieron en el ataque a tiros el comandante Frank Román Rodríguez y la agente Rosario Hernández de Hoyos.

La jueza Otero Ferreiras les solicitó a las partes argumentaciones por escrito para poder tomar una determinación, pero no anunció en sala hasta cuándo tienen para hacerlo.

El otro asunto discutido fue la impugnación de evidencia electrónica bajo la Regla 901 de Evidencia, relacionada a un DVD que contiene el vídeo de la escena. 

La defensa insistió en que no se le ha probado que  es el mismo material que se grabó el día de los crímenes y sentó las bases para impugnar al  testigo Gilberto Rodríguez Báez. 

Esto, porque el testigo afirmó que la única persona autorizada a reproducir copias de los vídeos es su supervisor, Víctor Pérez Negrón.

Sin embargo, las iniciales que aparecen en los dos DVS's que le fueron entregados a la defensa corresponden a otra empleada del ICF identificada como Sonia Acevedo. La jueza resolvió que esta comparezca al tribunal mañana,  viernes, a las 2:00 p.m., para que declare.

El vídeo  no le pudo ser proyectado a la jueza para que esta determine si pasa completo al jurado porque los trabajos concluyeron a las 4:00 p.m. debido al deterioro del clima.