La lucha en contra de la pena de muerte que se libra en el mundo se anotó dos importantes triunfos el mes pasado, luego de que los nombres de dos puertorriqueños salieran de la lista de personas sentenciadas al corredor de la muerte en los Estados Unidos. 

Se trata de Noel Matos Montalvo, de Cabo Rojo, y Orlando Maisonet de Jesús, de Arroyo, quienes fueron liberados de sus sentencias el pasado 13 y 15 de febrero, respectivamente, por jueces de la corte de Pensilvania, según consta de expedientes judiciales y de información provista por la organización Death Penalty Information Center. 

En el caso de Matos Montalvo, identificado para fines criminales como Montalvo, “tendría derecho a un nuevo juicio, porque el juez  instruyó indebidamente al jurado para que lo condenaran. El tribunal también revocó la sentencia de muerte de Montalvo porque el estado perseguía una circunstancia agravante no válida y porque el abogado de Montalvo no investigó ni presentó pruebas atenuantes que podrían haber persuadido al jurado a salvar su vida y pruebas de su discapacidad intelectual que podrían haberlo hecho no elegible para tal pena”, resumió la organización.

En los documentos penales del hombre se destaca que él siempre ha insistido en su inocencia y que el principal testigo se ha retractado de su testimonio. 

Matos Montalvo, quien lleva 16 años en el corredor de la muerte, fue arrestado el 6 de agosto de 2002, y sentenciado a la pena máxima el 19 de marzo de 2003. 

Se le imputó haber cometido dos asesinatos el 19 de abril de 1998, junto a su hermano Milton Matos Montalvo. 

Según se alega, los puertorriqueños mataron a la expareja de Milton, Miriam Asencio, y a su amigo, Manuel Santana, también conocido como Nelson Lugo. 

En verano de 2017, Milton se libró de la pena de muerte. 

El juez Richard K. Renn estableció que Milton no recibió una pena justa durante el juicio que enfrentó, por lo que tendría que ser resentenciado. Casi dos años después, esto no ha ocurrido. 

Maisonet de Jesús, por otro lado, acaparó gran atención mediática en los Estados Unidos y Puerto Rico, pues apareció en el programa televisivo America’s Most Wanted,  debido a que se le buscó por espacio de una década.

El crimen ocurrió el 15 de agosto de 1982, cuando varios asaltantes llegaron a una pizzería de Filadelfia del Norte, donde mataron al dueño, Ignacio Slafman.

Tres semanas después, uno de los pillos, Jorge Figueroa, murió asesinado a manos de sus compañeros por creer que se había convertido en testigo del estado.

A Maisonet de Jesús se le imputó haber sido el que le disparó al dueño de la pizzería. Fue sentenciado a prisión de por vida el 21 de mayo de 1992.  Luego, fue sentenciado a muerte por el asesinato del testigo. 

Tras clamar su inocencia, el boricua logró un nuevo juicio en el caso de la muerte de Slafman, lo que se hizo en el 2005 y salió absuelto.

Sin embargo, su sentencia a muerte permaneció hasta hace unas semanas, cuando el juez J. Scott O’Keefe dejó sin efecto la convicción por asesinar al testigo, tras aludir a que  hubo una mala conducta del fiscal asignado, Roger King, y una mala asesoría legal.  

“Durante más de 28 años, el señor Maisonet se ha visto obligado a pasar 23 horas al día en una pequeña celda sin contacto humano… Nos complace que el juez O’Keefe y la Oficina del Fiscal del Distrito hayan revisado cuidadosamente este caso y se hayan responsabilizado de las injusticias cometidas”, expresó el abogado del boricua, Daniel Silverman, al periódico The Inquirer.

El Death Penalty Information Center destacó que 28 casos de pena de muerte se han revertido en el estado de Pensilvania por alegada conducta inapropiada del fiscal.

“Pueden condenar a un inocente”

Ninguno de los familiares de los dos boricuas accedieron a ser entrevistados por Primera Hora para conocer su sentir sobre este largo proceso legal que han vivido para evitar que sus hijos murieran a causa de sentencias del tribunal. 

No obstante, dos directivos del Colegio de Abogados y Abogadas (CAA) de Puerto Rico y activistas contra la pena de muerte destacaron que estos casos de los puertorriqueños son ejemplo de que los sistemas de justicia no son infalibles y las sentencias de pena de muerte se dictan de manera racista en los Estados Unidos. 

El presidente del CAA, Edgardo Román Espada, afirmó que “eso demuestra que los sistemas de justicia pueden condenar a un inocente a muerte y los procesos apelativos que pudieran corregir ese error son lentos y costosos. En estos tres casos, (incluyó la decisión a favor de Milton Matos Montalvo) tuvieron la consecuencia de salvarle la vida, pero en muchos casos ni siquiera los procesos apelativos impiden ejecutar a un inocente”. 

Por su parte, el presidente de la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte y presidente de la Comisión sobre Pena de Muerte del CAA, el abogado Kevin Rivera Medina, hizo énfasis en que “para la población puertorriqueña en los Estados Unidos es una muestra de cómo muchos de los procesos judiciales estaban dañados desde el punto de vista de la fiscalía o por tener pobres defensas legales, y quedó demostrado en ambos que los gobiernos de los estados no estaban llevando procesos justos”. 

El letrado destacó que el problema de las dos convicciones de los boricuas está relacionado al discrimen que se comete en casos en que el convicto es parte de grupos minoritarios, como negros, latinos o pobres. 

“La pena de muerte ha demostrado ser implementada de forma racista en Estados Unidos, no solamente por las etnias, sino clasista. El 95% de las personas sentenciadas provienen de la pobreza. La pena de muerte no está hecha para los hombres blancos y ricos, está hecha para grupos de pobreza”, destacó el líder mundial contra la pena de muerte.

Ambos abogados indicaron que por instancias como las reportadas continuarán abogando en contra de la pena de muerte. Por esta razón, se enorgullecieron de que el CAA logró revalidar como una de las 20 organizaciones que integrarán el Comité Timón de la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte. 

Román Espada indicó que como institución no interceden en el proceso criminal, pero sí tratan de evitar que en el Tribunal federal de Distrito de Puerto Rico u otros boricuas en Estados Unidos terminen en el corredor de la muerte. 

“Nosotros, el Colegio, nos oponemos por múltiples razones. Una es que entendemos que la pena de muerte es un castigo cruel inusitado y violatorio de los derechos humanos. Segundo, no es una política efectiva para reducir la criminalidad”, precisó.

Más boricuas en fila

Hay más puertorriqueños en espera de recibir la inyección letal en Pensilvania, casos en  los que el Colegio ha intervenido de una manera u otra. Entre estos se encuentra Edwin Romero (Hatillo), Manuel Sepúlveda (Arecibo), José Busanet, Héctor Morales, Cletus Rivera, William Rivera, Abraham Sánchez y José Uderra. 

Mientras, en Puerto Rico hay dos casos en proceso en el Tribunal federal de Distrito en los que podría aplicar la pena de muerte. Uno de estos es el de Alexis Candelario Santana, imputado por la masacre reportada el 17 de octubre de 2009 en el negocio La Tómbola de Toa Baja.

Según decidió el Tribunal de Apelaciones de Boston, durante el juicio se cometió un error en el procedimiento lo suficientemente grave para que se tenga que celebrar un nuevo juicio en su contra. 

Se suponía que el proceso judicial comenzara en abril próximo, pero el caso está detenido en espera de que el Apelativo tome una determinación sobre una moción radicada por la defensa de Candelario Santana. 

Rivera Medina contó que la defensa argumentó que exponerlo de nuevo a un caso de pena de muerte es una doble exposición, por lo tanto, es inconstitucional. 

El otro caso pendiente es el de Juan  “Bebé” Pedro Vidal, uno de siete acusados de cometer un asesinato en medio de un carjacking registrado en noviembre de 2016 en San Lorenzo. 

Rivera Medina indicó que el juez federal Gustavo Gelpí solicitó al Departamento de Justicia y a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, D.C., Jenniffer González, que expongan las razones por las que a un acusado en la Isla no debe imponerse la pena capital, sobre todo cuando no votan por el presidente ni tienen poder en las decisiones políticas de esa nación. 

Actualmente, el proceso judicial está inmerso en el proceso de mociones de extensión de término.