Pruebas de ADN demostraron la inocencia de los tres hombres encarcelados hace más de 20 años por el asesinato de la joven Glorimar Pérez Santiago, ocurrido en el área oeste del país en 1988, reveló hoy el presidente del proyecto Inocencia de Puerto Rico y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet.

Las evaluaciones realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses revelan que no hay material genético de ninguno de los acusados Nelson Ortiz Álvarez, Nelson Ruiz y José Caro. Por el tipo de crimen cometido contra la joven, que además del asesinato incluyó una violación, es imposible que no haya material genético de los verdaderos responsables.

Fontanet explicó que las pruebas se hicieron a evidencia del crimen en poder de las autoridades como un calzoncillo, un papel sanitario, un vello y la ropa de la víctima.  

“Los resultados nos dan mucha felicidad y satisfacción porque confirman lo que hemos dicho siempre: son inocentes”, dijo Fontanet a Primerahora.com, cuya entidad radicó en enero la moción para que se realizarán las pruebas.

Además, explicó Fontanet, “sí se encontró ADN de un hombre y una mujer”, quienes no son los acusados, y que se trata de unos sospechosos “que conoce todo el pueblo de Aguadilla”. Una de esas personas reside en la Isla y la otra se encuentra en Estados Unidos.

Fontanet mencionó que el secretario de Justicia, César Miranda, citó para las 3:00 p.m. de hoy a una reunión a los abogados de todas las partes. La expectativa del expresidente del Colegio de Abogados es que no haya oposición de Justicia a la inmediata excarcelación de sus clientes, y que de lo contrario acudirían al tribunal hoy a pedir un nuevo juicio y que sean excarcelados hoy mismo bajo una fianza nominal.

“Lo que no puede acontecer es que estas personas pasen un día más en prisión”, indicó Fontanet.

Ruiz Colón, Ortiz Álvarez y Caro fueron hallados culpables en 1994 por el secuestro, violación y asesinato de la entonces universitaria, ocurrido en la playa de Jobos, en Isabela. Fueron sentenciados a entre 125 y 150 años de prisión.

En diciembre, el gobernador Alejandro GarcíaPadilla firmó una ley que facilita pruebas de ADN para ciertos condenados.