La manifestación ocurrió a media mañana cuando el tráfico cercano a la tienda era concurrido.

Con pancartas que leían “las aceras son del pueblo” y “necesitamos apoyo no la cárcel”, entre otras, el grupo mostraba su indignación contra la empresa. También mostraron preocupación de que no se estuviese siguiendo el Protocolo para la Atención, Orientación y Referido de Personas Sin Hogar establecido por la Oficina de Administración de Tribunales.

Y es que el 1 de septiembre Pascual Febres Rivera, quien recibía servicios en la Fondita de Jesús, no acudió a una vista judicial relacionada con la demanda civil que presentó Walmart en su contra y que incluía a otro hombre y una mujer. Aunque el hombre, adicto y sin hogar, no tenía los medios para llegar al tribunal, la jueza Aileen Navas emitió una orden de arresto en su contra por desacato. Ese mismo día la Policía apresó a Pascual, quien falleció tres días después en el Centro Médico Correccional de Bayamón sin que hasta la fecha se haya informado la causa de muerte.

Además de presentar la demanda civil, Walmart pidió al tribunal que se emitiera una orden de interdicto en contra del trío para que desistieran de entrar o permanecer dentro del establecimiento, en su estacionamiento o en el jardín.

“Lo que queremos son soluciones y queremos evitar precedentes peligrosos, por ejemplo interdictos o aplicación de la Ley 67, mal utilizada, que pretenden limitar accesos infringiendo derechos y expandiendo indebidamente los ‘nos reservamos el derecho de admisión’, letreros que están surgiendo en todos los negocios. Eso se tiene que definir mejor, de forma que no discrimine con ningún sector de la sociedad”, declaró Glorín Ruiz del comité de Justicia Social de la Fondita de Jesús.

Tras la manifestación, Iván Báez, director de Asuntos Públicos de Walmart, dijo a Primera Hora que sometieron la acción legal por entender que las tres personas “estaban poniendo en riesgo la vida y la seguridad de nuestros clientes y asociados”.

Alegadamente el trío demandado amenazó con cuchillas a asociados, interrumpían las salidas de emergencia de la tienda donde dejaban basura y jeringuillas.

“El compromiso mío es que retiramos la acción legal, pero exhortamos a las organizaciones para sentarse con nosotros y trabajar con la situación de la mejor manera posible”, indicó el portavoz de la cadena de tiendas en entrevista telefónica.

Para Báez lo importante es que el gobierno les dé los servicios necesarios a las personas sin hogar.

Lydael Vega Otero, secretaria de la Junta directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, coincidió en que el Estado ha fallado en la atención a quienes no tienen techo, pero indicó que todos los negocios deben mejorar el trato cuando estas personas entran a sus establecimientos.

“Tenemos que decirle a Walmart que la acera no es de ustedes, es del pueblo que tiene derecho a estar en esas aceras. Si no te gusta sé parte de la solución no de los opresores que coartan derechos”, pidió.

Al mismo tiempo, Vega Otero hizo un llamado al gobierno entrante a que trabaje en alianza con el Colegio y establezca políticas públicas de ayuda a los desamparados. A los tribunales pidió que sean más sensibles con estos casos, siguiendo los protocolos ya acordados.

“El Colegio comenzó un proceso educativo, vamos a estar militantes para que los derechos de todos y todas sean reconocidos”, indicó Vega Otero.