Dos de los 36 acusados por defraudar a la compañía de seguros American Family Life Assurance Company (Aflac), Aslín Soto Jiménez y Daniel Vega Rodríguez, fueron sentenciados a cumplir dos años en probatoria.

El juez federal Gustavo A. Gelpí impuso la pena contra ambos y le fijó una restitución de $82,985 a Soto Jiménez y de $51,850 a Vega Rodríguez.

Durante la lectura de sentencia, Soto Jiménez estuvo representada por el abogado Juan Albino y Vega Rodríguez por Ovidio Zayas Pérez. El fiscal presente fue Max Pérez Bouret.

Ambos fueron acusados junto a otras 34 personas el 9 de mayo de 2014 por actuar en concierto y común acuerdo para cometer fraude contra la compañía aseguradora. Fue parte de la tercera fase de arrestos, que en total suman más de 600 personas las acusadas por defraudar a Aflac.

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El fraude en este caso asciende a $1,790,000 y ocurrió entre 2004 y 2009. Según la acusación, el médico generalista Aníbal Pagán Romero supuestamente llenaba los informes médicos con diagnósticos falsos en Quebradillas. El galeno, se alega, cobraba entre $10 y $20 por llenar las reclamaciones médicas y en total emitió 13,000 informes, para un total de $136,000.

Pagán Romero no ha hecho alegación de culpabilidad, por lo que el juicio en su contra está pautado para el 31 de agosto. El resto de los acusados se declararon culpables o informaron que lo harán.

Entre los acusados, hay una pareja que emitió sobre 800 reclamaciones a Aflac por quemaduras de segundo grado, recibiendo $140,000 a cambio. En el caso de Soto Jiménez, ella y sus dos hermanos, Héctor Soto Jiménez y Omar Soto Jiménez, sometieron 2,100 reclamaciones, por lo que recibieron casi $400,000. También se destacaba un empleado de la alcaldía de Quebradillas y cuatro policías estatales, uno de ellos retirado.

El resto de los acusados son: Odalys Quiles Rodríguez, Inés González Díaz; Martín Velázquez, Shafeek Rivera González, Jessica C. Graulau, Emma Rivera Rivera, Vanessa Lasalle Rivera, Pedro Luis Estrella, Olga Rosario Rivera, Osvaldo L. López Vega, Annette Vega Rodríguez, Alberto Pérez Arroyo, Amarilis Rosario González, Rafael A. Adames Orenze, Mabel Toro Hernández, Janice I. Montañez, Miguel A. Jiménez Vargas, María E. Espinosa Rosario, Carmen I. Rodríguez Pérez, Robert Quiles Román, Víctor Montañez Rivera, Gloria E. Jiménez Vargas, Claudio Muñiz González, Marisel Vega Rodríguez; Waleska I. Butler, Edward Quijano Cruz, y Mariel Mercado.

Esta investigación se inició cuando la compañía Aflac se comunicó con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) desde Atlanta al notar "anomalías de fraude bien por encima, inaceptables" en Puerto Rico, y es cuando la agencia federal investiga y detecta que habían "ciertos médicos que cobraban por dar diagnósticos falsos y emitir informes". Los actos cesaron en 2009 y Aflac ha tomado las medidas necesarias para minimizar las incidencias de fraude.

De ser encontrados culpable, se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel, un término de libertad supervisada de no más de tres años y multas de hasta $250,000.

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