El empleado fantasma, que se alega figuraba en la nómina del exlegislador, Ramón Rodríguez Ruiz, será uno de los principales testigos en el juicio por cargos de corrupción que encara Soniel Torres Suárez, quien dirigía la oficina legislativa del otrora representante a la Palma por el distrito 27 (Juana Díaz, Santa Isabel, Coamo, Salinas y Aibonito).

Torres Suárez compareció esta mañana ante la jueza superior de San Juan, Eloína Torres Cancel, para su lectura de acusación. Su abogado Mario Moczó dio por leído el pliego acusatorio de 10 cargos por corrupción y se acogió a los 10 días que da el tribunal para hacer su alegación.

La exfuncionaria está acusada de perjurio, malversación de fondos, fraude, engaño a testigos, y falsedad ideológica.

Los fiscales indicaron a preguntas de periodistas que sentarán al alegado empleado fantasma, quien tiene inmunidad del Departamento de Justicia, para establecer los cargos de malversación de fondos públicos. Alegan los fiscales que la acusada preparó facturas falsas de trabajo a nombre de Rivera González.

La malversación de fondos públicos no conlleva el beneficio de probatoria y se castiga con una pena de ocho años de cárcel.

Garau dijo cuentan con más de 15 testigos, entre los que también figura el representante Ángel Peña, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Su testimonio será para sostener los cargos de perjurio contra Torres Suárez, porque se alega que esta mintió en el proceso ético cameral cuando era interrogada sobre el incidente de violencia de género en el que supuestamente Rodríguez Ruiz la agredió en el rostro.

En cuanto a los cargos de fraude, que se relacionan con la creación de corporaciones falsas para la obtención de donativos legislativos, el fiscal dijo que a Torres Suárez se le imputan en concierto y común acuerdo con el exlegislador por lo que prefiere que se vean en conjunto, aunque reconoció que existe la posibilidad de que sean por separado.

Torres Suárez estaba citada a las 8:30 a.m. a la sala 1105 y llegó con una hora de retraso, lo que le ganó un regañó por parte de la jueza Torres Cancel. Moczó respondió que su clienta vive en Santa Isabel y que había confrontado problemas con el tránsito, a lo que la jueza dijo que debe tomar medidas para llegar a tiempo al tribunal.

En torno a su estrategia de defensa en el caso, Moczó dijo que se inclina a un juicio por jurado, pero tomará la decisión una vez evalúe la prueba junto a su representada.

Añadió que no hay ninguna negociación en este momento con los fiscales, pero sostuvo que “eso es algo que no descarto nunca”.