La reducción de casi $54 millones en el presupuesto de la rama judicial ha impactado seriamente la operación de los tribunales estatales, reconoció hoy, viernes, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, en una misiva dirigida a los empleados.

Aunque destacó que han adoptado diversas medidas para lidiar con la reducción presupuestaria, Fiol Matta anticipó que será preciso poner en vigor otras iniciativas como el cierre parcial de operaciones de ciertos tribunales en determinadas fechas.

En la carta dirigida a todo el personal de la rama judicial y de la que obtuvo copia este medio, Fiol Matta enumeró las medidas de austeridad que se han implantado ya tras el drástico recorte presupuestario producto de la aprobación de la Ley Especial para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, pero advirtió que las mismas no son suficientes.

“Hemos adoptado una serie de medidas de control de gastos que han impactado seriamente la operación de nuestros tribunales”, señaló Fiol Matta en la misiva. 

Aunque las medidas en vigor “proyectan ahorros aproximados a $12 millones para finales del presente año fiscal. No obstante, no son suficientes para enfrentar el impacto del recorte presupuestario”, sostuvo.

Según Fiol Matta, “esta realidad se complica ante la posibilidad real de enfrentar otra reducción en la asignación presupuestaria para el año fiscal 2015-2016”.

Por eso, tienen previsto “trasladar las operaciones de más salas del Tribunal de Primera Instancia, no renovar contratos de arrendamiento y establecer un plan de cierres parciales de las operaciones en los tribunales en determinadas fechas”.

Una vez entró en vigor el citado estatuto, también conocido como la Ley 66 de 2014, la rama judicial aprobó la Orden Administrativa OAJP-2014-006 sobre “Medidas de Control de Gastos Año Fiscal 2014-2015”.

En virtud de lo dispuesto en la citada orden, recordó que trasladaron operaciones de 11 salas del Tribunal de Primera Instancia entre las que figuran las de Cataño, Naranjito, Maunabo, Naguabo, Moca, Las Marías, Jayuya, Peñuelas, Cidra y Gurabo.

Además, Fiol Matta recordó al personal que reubicarán en junio próximo, el Tribunal de Apelaciones y la Oficina de Administración de los Tribunales, hoy localizadas en un moderno edificio multipisos en Hato Rey.

También, mencionó que como parte de los ajustes de austeridad “se suspendió el proyecto de construcción de un nuevo Centro Judicial en Aibonito” y renegocian cánones de arrendamiento de edificios utilizados por la rama judicial.

En el renglón de recursos humanos, Fiol Matta anunció un 11% de reducción en la plantilla. 

Mientras, mencionó que han logrado otras economías “reduciendo la acumulación de horas extras, congelando la concesión de los pasos por mérito y de los aumentos de salario y eliminando el pago de cuotas y membresías”.

Sobre los cierres parciales de tribunales, que se repetirían, pero que se iniciaron en diciembre pasado, dijo que con esa medida alcanzaron “ahorros significativos en el consumo de energía”, a la vez que bajó el balance de licencias del personal.

En las cortes, mermaron los gastos de alimentación para testigos y confinados. Además, cancelaron contratos de los servicios de Teletribunales y En Contacto, que permitía mensajes de texto para emergencias, según el desglose de Fiol Matta.

La jueza precisó también que “se suspendió el desarrollo del costoso proyecto de presentación electrónica de casos a través del  Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, conocido por sus siglas como SUMAC.

Asismismo, aseguró que limitaron “a un mínimo” los viajes oficiales, redujeron actividades y eventos de la rama judicial y suspendieron “indefinidamente” las actividades deportivas. 

Un plan de ahorro de gasolina mediante relevos en las rutas de mensajería entre las regiones judiciales, así como medidas para frenar el uso de papel en las oficinas y la compra de nuevo equipo de oficina también están encaminadas, agregó Fiol Matta.

“Nos vemos obligados a continuar evaluando las medidas tomadas y nuevas medidas que representen economías operacionales, a la vez que mantenemos nuestra firme intención de proteger los servicios que le brindamos al pueblo” expresó la jueza presidenta al concluir que el país “se encuentra en un momento histórico donde la falta de acción puede acarrear consecuencias que nos afecten directamente a todos y a todas en un futuro cercano”

“Nos corresponde a cada uno de nosotros y nosotras poner en acción los postulados de Justicia y Servicio sobre los cuales se basa nuestra misión, que es garantizar al pueblo de Puerto Rico que continuaremos impartiendo justicia con eficiencia y sensibilidad, no importa nuestra situación fiscal, proveyéndole el acceso a la justicia y a los servicios que reclaman y a los cuales tienen derecho”, concluyó.