Presentan moción de reconsideración de sentencia a Sally López
En sus argumentos la defensa indica que no se trata de una mafiosa ni una gánster cuya vida haya estado rodeada de violencia, extorsión o robos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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La exdirectora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) Sally López está “devastada, en un estado de dolor y tristeza” que la hacen ver ya nueve años mayor de lo que realmente es.
Así la describe uno de sus abogados Joaquín Monserrate Matienzo en una moción al tribunal federal en la que solicitan una reconsideración en la sentencia impuesta por los seis cargos de los que fue declarada culpable, relacionados a un patrón de corrupción gubernamental creado por el exrecaudador de la Pava, Anaudi Hernández.
Sin perder tiempo la fiscalía federal respondió oponiéndose al pedido.
Según reza la moción de once páginas, lo primero que Sally preguntó en la primera visita de su abogado fue por qué la habían tratado de manera tan injusta.
Monserrate Matienzo aseguró en el escrito no tener una respuesta para ella como tampoco la tienen miembros de la comunidad.
“Sally López ha cometido errores de juicio, pero no ha actuado con intención criminal”, declara la moción en la que se describe cómo no tuvo ningún problema en contarle a los agentes del FBI su lado de la historia desde la primera vez que la entrevistaron el 15 de octubre de 2015 sin un abogado a su lado.
“Desde el día uno ella ha reclamado su inocencia”, agrega el escrito en el que se asegura que si recibió cosas de parte de Anaudi, era como su amiga y a cambio de nada. Incluso alega que no hubo ningún testimonio que probara que hubo un quid pro quo.
En sus argumentos la defensa indica que no se trata de una mafiosa ni una gánster cuya vida haya estado rodeada de violencia, extorsión o robos. Dicen que nunca se le acusó de dar información falsa al FBI a pesar de que habló con ellos y contrario a otros co-acusados en el esquema que mintieron.
Dijo que en ocasiones los jurados y los fiscales se equivocan y declaran culpables a personas que son inocentes. “Las bibliotecas de leyes están repletas de ese tipo de casos”.
Recuerdan los abogados el caso del gobernador del estado de Virginia, Robert Mc Donnell quien recibió múltiples regalos incluyendo un reloj Rolex, viajes, vestidos para su esposa, así como regalos para su hija recién casada a cambio de favorecer a un empresario de la industria de farmacias. Aunque un jurado lo encontró culpable de 14 cargos, posteriormente la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el veredicto, señala la defensa de Sally.
Aun así la primera sentencia a MnDonnel fue de dos años, mientras que a Sally se le impuso nueve años.
Aseguran también que hay varios precedentes en los que se establece que las guías de sentencia ya no son mandatorias ( US v. Booker y U.S. v. Fanfan) y que no se puede inferir que esas guías son razonables (Gall v. U.S), por lo que el juez no estaba obligado a seguirlas.
“Enviar a Sally López la prisión por 108 meses es una sentencia muy fuerte y extremadamente severa… La corte tiene el poder de no infligir mayor daño que el necesario para servir a los objetivos de dictar la sentencia”, argumenta Monserrate Matienzo.
Además toman el ejemplo del exsenador Jorge de Castro Font quien enfrentó múltiples cargos a nivel federal y estatal por corrupción y fue sentenciado a cinco años de cárcel. Aunque reconocen que cooperó con las autoridades, ponen en duda que lo haya hecho como un acto de constricción y más bien fue para beneficiarse a sí mismo como ya era su patrón de conducta.
Por su parte, la jefa de fiscales Rosa Emilia Rodríguez dijo que hay reglas muy específicas para solicitar modificaciones en una sentencia y de esas no hay ninguna que se haya atendido en la moción de los abogados de Sally.
La funcionaria despachó su oposición en tres páginas.
El juez Pedro Delgado quien presidió el juicio y dictó la sentencia tendrá que responder a las mociones.
La exadministradora de ADL fue hallada culpable de seis cargos de conspiración para cometer fraude a programas federales y fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y privar al Estado de servicios honestos, fraude electrónico (tres cargos), y soborno.