La vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón fue reprogramada para el martes, 23 de enero de 2024, a solicitud de las partes, que este martes presentaron sendas mociones al tribunal para cambiar la fecha anunciada la semana pasada.

Según el documento, en poder de este diario, la razón para postergar el señalamiento original que, estaba programado para el jueves, 16 de noviembre de 2023, se debe a “compromisos previos a la fecha señalada” que, fue seleccionada “como parte del calendario automático de este Honorable Tribunal”.

La moción, firmada por la fiscal especial designada Zulma Fuster Troche, de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Indepenidente (Opfei) y el imputado, Irizarry Pabón, representado por sus abogados, José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco, fue recibida esta mañana en el despacho del juez Rubén Serrano Santiago.

El documento judicial dejó sin efecto una conferencia sobre el estado de los procedimientos, señalada para este martes en la sala 402 del Centro Judicial de Ponce, según notificó la jueza Adria Cruz Cruz al culminar la vista de Regla 6, efectuada el pasado 31 de octubre, en la que halló causa para arresto contra el suspendido alcalde.

“Tanto los Fiscales Independientes como los abogados de defensa tienen

compromisos previos para la fecha señalada de! 16 de noviembre de 2023, por lo que por estipulación de las partes solicitan de este Honorable Tribunal que la misma sea transferida para cualquiera de las siguientes fechas disponibles en sus calendarios:

22, 23 y 24 de enero de 2024″, según reza la moción fechada el 6 de noviembre de 2023.

Irizarry Pabón enfrenta cuatro cargos presentados por la Opfei que, le imputa violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

Esto por supuestamente solicitar dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero del restante, o sea $20,000 que, según el testimonio del agente investigador, Miguel Fonseca, pudo haberse consumido en gastos de la oficina médica del imputado.

Irizarry Pabón fue suspendido el pasado, 1 de noviembre por parte de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), a menos de 24 horas de encontrarse causa para su arresto.

Por su parte, la fiscal especial designada apuntó que, “esto no es un caso, como pretende la defensa traer, no es un caso de donativos políticos. Aquí los empleados no estaban haciendo los donativos voluntarios”.

“Aquí los empleados fueron obligados por el alcalde, fueron instrucciones específicas del alcalde de que, tenían que pagar este préstamo y, no era un préstamo para campaña, era un préstamo personal”, argumentó.

“Fue un préstamo que él originó en el Banco Popular y fue firmado por él y, la obligación era de él, no era del comité de campaña, ni de ninguna otra persona. Aquí hay 23 declaraciones juradas, entre las cuales hay muchas de empleados diciendo que el alcalde les dio instrucciones”, manifestó.

La fiscal Fuster manifestó que, las imputaciones constan “en dar instrucciones por parte de una persona que es la autoridad nominadora que, es la persona que está por encima de estos empleados que, el ente nominador, la persona que tiene el poder de despedirlos cuando él quiera”.

En cuanto al alegato de “conspiración política”, según inquirió el imputado, la fiscal dijo que “ese tipo de expresión es cuando uno no tiene más nada que pelear en relación a la prueba, ni tiene argumentos adicionales, entonces, tiene que decir que es una persecución”.

“Aquí todos los empleados que declararon bajo juramento, en este caso, eran subalternos del alcalde, de su administración. Esto no es ninguna persecución”, agregó.

De ser hallado culpable, Irizarry Pabón podría enfrentar entre 2 a 5 años en prisión.