El Consejo de Educación de Puerto Rico y unas 48 iglesias escuelas acordaron hoy, miércoles, que no se les aplicará a estas instituciones el requisito de licenciamiento que se les exige a los demás centros educativos de Puerto Rico hasta julio de 2016 o hasta que un tribunal emita una determinación contraria.

El grupo de iglesias escuelas solicitó un interdicto para detener el proceso del consejo de exigirles una licencia, amparándose en que la Ley 82 de 1995 las exime de cumplir con esta regulación.

Sin embargo, la opinión emitida por el secretario de Justicia, César Miranda, el pasado 17 de noviembre de 2014 establece que esta legislación se encuentra derogada bajo el estado de derecho vigente y que “las iglesias escuelas no están excluidas del requisito de licenciamiento ni se regulan de una forma específica o diferente a las de las demás instituciones de educación básica bajo la jurisdicción del Consejo de Educación”.

En vista en el Tribunal de San Juan, el juez Ángel Pagán Ocasio acogió el acuerdo entre las partes para no implementar, por el momento, la opinión de Justicia.

No obstante, las iglesias escuelas representadas principalmente por los abogados Juan M. Gaud y Carlos Pérez Sierra persiguen mantener a sus instituciones fuera del alcance de esta opinión, que interpretan como un intento de control del gobierno.

“Queremos asegurar mantener la libertad de las iglesias en Puerto Rico. Que en ningún momento el gobierno trate de intentar controlar la educación de las iglesias escuelas”, manifestó fuera de sala el presidente de la Asociación de Academias y Colegios Cristianos de Puerto Rico, el reverendo John Cortés, quien suscribió el acuerdo ante el juez Pagán Ocasio.

Mientras, el abogado Gaud se mantuvo firme en que, contrario a la opinión del secretario de Justicia, la Ley 82 que no les exige pasar por el proceso de licenciamiento sí está vigente.

A esos fines, la controversia se mantiene bajo la consideración del tribunal.

“Del tribunal determinar que la ley (82) no está vigente, tenemos el segundo planteamiento de la libertad religiosa, del derecho de educar a los niños y de los padres de escoger el lugar donde sus niños van a ser educados. Entendemos que la opinión del secretario de Justicia vulnera la separación de iglesia y estado”, postuló Gaud.

“Es una función de la iglesia asegurar que sus hijos conozcan la palabra de Dios desde el punto de vista de la iglesia y sin intervención del gobierno”, añadió el reverendo Cortés.

Según dijo Cortés, el gobierno ha intentado en muchas ocasiones establecer currículos “y en ningún momento vamos a permitir que la opinión pública del gobierno sea implementada en los colegios cristianos”, en referencia al recién aprobado currículo de equidad de género en carta circular del Departamento de Educación.

En entrevista telefónica con este diario, el director ejecutivo del Consejo de Educación de Puerto Rico, David Báez, señaló que el proceso de licenciamiento, que tras la opinión del secretario se pretende hacer cumplir a las iglesias escuelas, persigue asegurar que estos espacios de enseñanza cuenten con una facultad acreditada, con instalaciones que cumplan con los permisos de las agencias federales, estatales y municipales; que tengan solvencia económica y que provean copia de la reglamentación institucional y académica.

“Son unos requisitos mínimos de operación”, dijo Báez. “Bajo ningún concepto el consejo impone, ni a las iglesias escuelas ni a ningún colegio lo que se va a enseñar ni cómo se va a enseñar. Sí verificamos que haya un currículo, pero no cómo se va a implementar, ni entramos en su contenido”, sostuvo.

Báez enfatizó que la carta circular sobre el currículo de equidad de género aplica exclusivamente a las escuelas públicas de Puerto Rico.

El director ejecutivo del Consejo también se posicionó en favor del acuerdo al que llegó la abogada del organismo, María de Lourdes Rivera con la parte demandante, “pues es una forma de hacer una transición organizada al licenciamiento y le da al tribunal la oportunidad de examinar la opinión del secretario de Justicia en su fondo”.

El 4 de mayo se celebrará una vista sobre el estado de los procedimientos, ocasión para la cual debe haber avanzado el proceso de descubrimiento de prueba.

A la vista de hoy, miércoles, acudieron decenas de padres, estudiantes y representantes de las iglesias escuelas, quienes llenaron la sala 904 del tribunal de San Juan. Otros tantos tuvieron que esperar afuera por la falta de espacio en las bancas ocupadas.