Por fin vienen los cargos contra gerente de seguridad de Carolina
Querella en su contra apunta a un acto de índole sexual a la fuerza.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 10 años.
PUBLICIDAD
El gerente de seguridad del Municipio de Carolina, Juan Ortiz Crespo, tendrá mañana su primera cita en corte cuando le someterán cargos por un acto de índole sexual a la fuerza que habría cometido en contra de una empleada hace casi un año.
El funcionario, quien responde directamente al alcalde José Aponte Dalmau, tendrá que acudir a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Carolina, dijo una fuente relacionada al caso.
Amber Vélez, portavoz de prensa del Departamento de Justicia, confirmó el dato.
Las autoridades tienen una querella en contra de Ortiz Crespo presentada por una empleada civil de 23 años, quien alega que el 31 de octubre de 2013, él la sodomizó en su oficina.
Relacionadas
La mujer estaba en medio de un proceso disciplinario relacionado a unas ausencias. Ortiz Crespo la citó supuestamente y le propuso resolver el asunto “de otra forma”.
Aunque la empleada se negó, Ortiz Crespo la habría forzado a tener relaciones con ella.
Hace dos semanas, el Instituto de Ciencias Forenses entregó los resultados de varias pruebas de ADN que se realizaron, incluyendo una prueba biológica que se levantó en la oficina del funcionario.
Empleados y ex empleados del municipio le han imputado a Ortiz Crespo, -quien tiene a su cargo la supervisión de la Policía municipal, el Cuerpo de Bomberos municipal, Manejo de Emergencias Médicas y los servicios de Seguridad y Tecnología- permitir un ambiente de burlas y hostigamiento sexual en el trabajo, y a todo aquel que se queja lo sancionan.
El Municipio no le ha dado crédito a esas versiones.
Hasta la fecha, Ortiz Crespo se ha mantenido en el puesto a pesar de la gravedad de la querella en su contra.
La única vez que Aponte Dalmau habló del asunto alegó que estaba impedido de tomar alguna acción disciplinaria en contra de Ortiz Crespo hasta que no se radicaran cargos en su contra, citando el Reglamento para el Sistema de Administración de los Recursos Humanos.
La empleada, a quien el Municipio nunca le dio servicios que le ofrecen a otras víctimas, renunció al cargo tras meses de inacción.