Van a los tribunales.

Ismael Rivera Román, presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, confirmó hoy a Primera Hora que ayer, a través de la licenciada Leonor Rodríguez, radicaron un interdicto en el Centro Judicial de San Juan a favor de una treintena de policías que “de forma atropellada y sin garantizar sus derechos fueron obligados a renunciar el pasado 15 de junio”.

La vista se llevará a cabo este viernes 30 de junio en la sala 904 del Tribunal de San Juan a las 2:00 p.m.

Según Rivera, lo que se espera con el interdicto es que se revierta la orden de retiro obligatorio “y se le dé un mandato a la Policía de Puerto Rico de que se les permita a estos compañeros agotar sus licencias de enfermedad y vacaciones acumuladas”.

El retiro de los policías se dio el 15 de junio, horas antes de que en la Cámara de Representantes se aprobara a viva voz el proyecto 404, que les hubiese permitido retirarse con el 75% de su sueldo y plan médico, mientras que ahora se van con entre el 42% y el 44% del sueldo, sin plan médico y sin poder disfrutar de tiempo compensatorio, como horas extras trabajadas, vacaciones y enfermedad acumulada, según denunciaron varios agentes.

“El día que se estaba aprobando el proyecto en la Cámara, estos compañeros estaban siendo obligados de manera atropellada a acogerse al retiro. Es cierto que estaban cumplidos en edad como en tiempo de servicio”, concedió Rivera, “pero hay dos cosas que son relevantes: este grupo de compañeros fueron citados para el día 15 para acogerse al retiro, mientras ha habido otros grupos que han sido citados en fechas posteriores, como uno que está citado para el viernes 30 y otros para el 15 de julio”, reclamó. “Están en las mismas condiciones pero ha habido formas diferentes de llevarlos al retiro, les han dado más tiempo a unos que a otros”, denunció.

El otro punto es que “se les negó el debido proceso para poder agotar las licencias de vacaciones y enfermedad”.

El líder del sindicato detalló que cuando se aprobó la ley 26 del 29 de abril del 2017 (Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal del Gobierno), el artículo 2.10 hace referencia a cómo se dará la liquidación de vacaciones y enfermedad.

El artículo dice que “cada agencia, instrumentalidad o corporación pública tiene que reconocerle a todo empleado público, unionado y no unionado, los balances de licencias por vacaciones y enfermedad acumuladas a la fecha de vigencia de esta Ley pero no podrá liquidar en efectivo los excesos acumulados antes de la vigencia de esta Ley. Las agencias o instrumentalidades públicas están obligadas a establecer de forma inmediata un plan para agotar el exceso de los balances acumulados para los empleados, tanto unionados como no unionados, de manera tal, que al 31 de diciembre del 2017, no hayan acumulaciones en exceso de lo permitido en licencias de enfermedad o vacaciones; disponiéndose además, que después de esa fecha se perderá el balance en exceso que no haya sido utilizado”.

“Básicamente lo que establece es que esa licencia no va a ser cobrada, pero antes de acogerse al retiro tienen el derecho de liquidar esas licencias. La agencia les negó el derecho a acogerse a las licencias”, resaltó Rivera.

El proyecto 404 está ante la consideración del gobernador Ricardo Rosselló, al ser aprobado en Senado y Cámara, y Rivera espera que le dé el visto bueno antes del viernes, porque “se va a llevar a cabo la vista y esperamos que el reclamo de los compañeros y otros grupos sea visto y aceptado en sala”.