En la lucha contra el crimen, el Negociado de la Policía dejó de contar con el sistema de detección de disparos (ShotSpotter), que se colocó en residenciales públicos y otras áreas de la zona metropolitana, confirmó este martes el gobernador Pedro Pierluisi.

Según explicó, la determinación se tomó por asuntos de dinero.

“Eso era un programa que lo financió el Departamento de la Vivienda Federal y decidió dejar de financiarlo”, manifestó Pierluisi a la prensa, tras haber anunciado la construcción de 102 apartamentos de alquiler en la comunidad Piedras Blancas de Guaynabo.

El mandatario no mostró preocupación por la cancelación del contrato que se tenía con la empresa SHOTSPOTTER, INC. desde agosto de 2012 al 2023 y en el que a través de los años los federales invirtieron sobre $10 millones.

Desde agosto de 2023, el contrato estuvo registrado a la empresa SoundThinking, Inc. Recibió poco más de $1 millón.

Esta empresa tuvo varias extensiones del contrato. La última vez que le extendió fue del 28 de diciembre de 2023 al 31 de enero pasado. Por los servicios de ese sólo mes, se le pagó $207,252, consta del registro de contratos de la Oficina del Contralor.

“Ahora tenemos otros métodos electrónicos para detectar actividad criminal. Estoy hablando de cámaras que se están instalando en las vías principales, un centro de mando a nivel del Departamento de Seguridad Pública que monitorea todo esto. Ahora tenemos otros sistemas electrónicos que son mejores, vamos a decir”, alegó Pierluisi sin dar más detalles.

No obstante, era frecuente recibir informes policiacos sobre asesinatos y otras incidencias en las que se aludía que fueron registrados a través del sistema de detección de disparos, un programa que fue introducido por el exgobernador Alejandro García Padilla.

La instalación del sistema ocurrió en verano del 2013, aunque en los récords de la Oficina del Contralor se establece que la firma del contrato con la empresa comenzó a regir un año antes.

Según se describió en sus inicios, Shotspotter era un sofisticado sistema de monitoreo cibernético que opera mediante la colocación de decenas de sensores acústicos en un perímetro determinado, que tienen la capacidad de, en 30 segundos, detectar la detonación de un disparo de arma de fuego, identificar si es un arma automática, grabar los disparos individualmente, identificar en un mapa de localización o posicionamiento global (GPS) el lugar y hora exacta en que se detonó el arma así como notificar automáticamente a las patrullas cercanas. El sistema estaba instalado en San Juan, Trujillo Alto, Bayamón, Carolina y Guaynabo.