Policía no dejará pasar ni un solo acto de maltrato de animales
Hasta el mes de julio, se habían recibido 390 querellas relacionadas a este delito, en su mayoría cometidos contra perros.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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En Puerto Rico la forma más común de maltrato de animales es el abandono y el descuido mayormente hacia perros y caballos, de acuerdo con las querellas que son procesadas a diario en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y en los casos que se atienden de parte de organizaciones sin fines de lucro quienes se encargan de su rehabilitación y adopción.
Según las estadísticas ofrecidas de enero a julio de este año se habían recibido 390 querellas de maltrato de animales en su mayoría cometidas contra perros. En el 2021 se presentaron 706 denuncias, en el 2020 la cifra investigada fue de 678 y en el 2019 fueron 701 casos.
Como parte de los esfuerzos que se realizan para cumplir con la orden ejecutiva (2021-33) del 6 de mayo del 2021, que persigue implementar una política pública de sensibilidad y protección para los animales para que sean vistos como seres sensibles que deben ser tratados conforme a su naturaleza y garantizar su bienestar y seguridad física, el NPPR comenzó a reforzar los procesos investigativos de estas denuncias por violación a la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales.
El primer grupo de 16 instructores, que fue certificado la semana pasada, tendrá la encomienda de ofrecer talleres sobre la Ley 154, titulado Unidos por el Bienestar Animal, al resto del cuerpo policíaco, que ya es parte del currículo de la Academia de la Policía.
“Quiero recalcar que aparte de los adiestramientos, de orientar a las personas sobre el maltrato animal y cómo cuidar sus mascotas, vamos a enforzar la Ley 154 en todas las áreas policíacas donde tengamos conocimiento que se están maltratando animales. Cada uno de los coordinadores van a ser mentores de otros policías. Voy a velar porque se cumpla esta ley. Si se reciben llamadas al 787-343-2020 vamos de inmediato a acudir y llevar estos casos hasta las últimas consecuencias”, puntualizó el comisionado del NPPR, Antonio López Figueroa.
Planteó que es imperativo ofrecer una mejor educación para todo el país, en especial a los policías, fiscales y los jueces que atienden los casos de maltrato de animales a diario con el fin de sensibilizarlos con relación al trato justo que tiene todo ser con vida y evitar la impunidad.
“Estamos en comunicación con el secretario (del Departamento de Justicia) Domingo Emanuelli para que las fiscalías agilicen el proceso de entrevistas y de evaluación de casos de Ley 154 que los agentes lleven a su atención”, agregó el funcionario.
En el mes entrante, se adiestrarán 30 policías adicionales con el fin de que cada área policíaca tenga estos coordinadores los cuales también harán cumplir las enmiendas recientes a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para tipificar como un delito grave las amenazas de maltrato o maltrato de mascotas de una víctima de parte de su agresor o agresora.
Los 407 cadetes que van a comenzar a adiestrarse como policías también tendrán que certificarse, explicó López Figueroa.
En octubre del año pasado se firmó un acuerdo colaborativo con el Movimiento Social Pro Bienestar Animal (MOSPBA), para concientizar a Puerto Rico con la importancia de proteger a los animales y a su vez que cada uno de los policías hagan cumplir la Ley 154.
Su vicepresidenta, Lilliam García, agregó que se encuentran buscando una apertura hacia la relación con los animales para que la ciudadanía se abra hacia la compasión, además, adelantó que se están evaluando enmiendas a la ley para su modificación, sin revelar los detalles.
“El maltrato y el abandono como un asunto cultural, lo vemos en los abuelos que tenían los animales en la calle, los dejan en una caja, alguien lo va a buscar y yo creo que esas son cosas que debemos ir cambiando y con este tipo de alianzas y el Negociado de la Policía de Puerto Rico lo que buscamos es que la gente entienda que existe una ley, pero que también tenemos que hacer la apertura a la relación humano-animal, que eso se trata dentro del adiestramiento”, comentó García.
Advirtió que los ciudadanos tienen que aceptar que los animales son parte de nuestro entorno y merecen respeto, aunque no les gusten.
De acuerdo a la experiencia de la coordinadora de la Ley 154 en toda la isla, la teniente Clarissa Ortiz, la ciudadanía está más alerta para reportar a las autoridades el maltrato de animales, aunque a veces no se configure el delito.
A diario reciben muchas querellas de maltrato y negligencia, pero además de los perros, en las áreas policíacas de Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Aibonito, se reciben querellas donde las víctimas son caballos.
Además, en el caso del área policíaca de Ponce han investigado numerosos casos de adultos mayores que al intentar hacer una obra de caridad con los animales realengos alimentándolos, crean condiciones infrahumanas en sus hogares.
“Sí, hay un poco de aumento en los casos de maltrato...podría ser porque la ciudadanía reporta casos que en realidad no son maltrato, pero sí hay también en casos de maltrato porque cuando se han investigado sí tienen los elementos para poder establecer que se trata de un maltrato al animal”, aseguró la teniente.
La oficial utilizó como ejemplo el caso de un perro que se observó en los altos de una casa y cuando verificaron la querella, solo fue que el animal quiso asomarse ya que lo encontraron bien cuidado con un área donde podía guarecerse de las inclemencias del tiempo, con comida y agua.
“Hay otras veces que se han recibido llamadas en las que las personas dicen que están maltratando al animal porque apesta o porque está ladrando mucho o que el área no la limpian, pero cuando van los agentes allá se percatan que es algo completamente normal y no se constituye un caso de maltrato”, declaró la teniente Ortiz.
De su lado, López Figueroa, invitó a otras organizaciones sin fines de lucro se unan poder multiplicar los esfuerzos, como lo ha hecho el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, quienes se encargaron de diseñar el curso que se incorporó en su currículo, en junio pasado.
Aclaró que los coordinadores de la Ley 154 en las trece regiones policiacas ya están en funciones.
En términos generales, el nuevo taller trata temas como la sana convivencia entre los humanos, los animales y la naturaleza y el entrenamiento y manejo de los animales, además, de la normativa y los procesos de investigación. Cada una de las entidades participantes de la alianza tendrá a su cargo un curso, a saber: el status actual del bienestar animal será ofrecido por MOSPBA; Una sola salud en términos médicos veterinarios, por el Colegio de Médicos Veterinarios; las leyes y la Orden General de la Policía relacionadas al bienestar animal, la Organización de Oficiales de Investigación de Crueldad Animal (OICA) y la relación humana–animal, por Puerto Rico Animals.
“Nos beneficia que nosotros podamos adiestrar a más compañeros relacionados a la Ley 154 a nosotros que somos los coordinadores porque a veces los compañeros no tenían mucho conocimiento de cómo se trabajaba esa ley, porque no todo constituye un maltrato y no todo constituye una negligencia, al ellos tener más conocimiento y poder entender la ley eso le va a ayudar muchísimo a cualquier caso que tenga que someter sea de violencia doméstica de droga o lo que sea”, dijo Ortiz.
La ocasión sirvió además para el lanzamiento de la campaña educativa “Unidos por el bienestar animal” que incluye vídeos e imágenes en las redes sociales, en torno a las disposiciones de la ley contra el maltrato animal. Los protagonistas de los vídeos son los coordinadores de la ley 154 en las áreas policiacas, quienes explican ante la cámara los delitos y las penalidades a las que se exponen.
“Estamos completamente seguridad de que una persona que en su niñez o en su juventud maltrató a un animal lamentablemente se convierte en un peligro para la ciudadanía”, respondió la teniente al preguntarle sobre si conocía algún estudio que mostrara el perfil de las personas que maltratan animales. Aclaró que en su oficina no lo han hecho.
Casos que nos hicieron decir “¡Basta de maltratarlos!”
- Veterinario fatulo (Junio 2022)
José Cartagena Martínez enfrenta cargos por intrusismo, al ejercer como veterinario sin contar con una licencia o título, y por causarle grave daño corporal a un perro. El pasado 23 de junio fue arrestado en la urbanización Santa Elenita, en Bayamón, luego de que unos residentes de Toa Alta presentaran una querella ante la Policía por una intervención quirúrgica que le realizó a su mascota y que esta no quedara en buen estado. Las autoridades diligenciaron una orden de allanamiento en la residencia y ocuparon su vehículo, en donde encontraron una docena de mascotas muertas y medicamentos usados para anestesiar y corticosteroides, de los cuales no tenía receta.
Cartagena Martínez no está certificado por el Colegio de Médicos Veterinarios y ofrecía los servicios bajo el negocio ambulante Grooming Clinic que ofrecía servicios a domicilios a través de las redes sociales.
- Disparos a una perrita en el campo de golf (Mayo 2021)
Salil A. Zaveri de 59 años, nacido en India y un empresario de Nueva York que lleva unos seis años residiendo en Puerto Rico, se encuentra en espera de la selección del jurado para el inicio del juicio en su fondo por tres cargos por violar la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales tras matar una perra a balazos en un campo de golf del hotel Río Mar en Río Grande.
El extranjero alegó que actuó en defensa propia al dispararle con un arma de fuego para la cual posee licencia, porque creyó que el animal lo atacaría y le dio un tiro de gracia para acabar con su sufrimiento. No obstante, cualquier persona que tome tal acción podría incurrir en un delito grave de cuarto grado.
- Directora escolar lanza cloro a perro (2013)
La directora de la escuela Miguel F. Chiqués, en Caguas, fue acusada de maltrato de animales luego que golpeara con una escoba y le lanzara cloro a un perro callejero. La agresión ocurrió ante la presencia de estudiantes y empleados del plantel.
- Policía patea gato (Noviembre de 2013)
Un policía, adscrito a Bayamón, fue acusado por patear a un gatito que merodeaba las instalaciones de la comandancia. El agente les dijo a sus supervisores que estaba “arrepentido” por lo sucedido, pero que entendía las consecuencias legales de su mal comportamiento y ejemplo.
- Le dispara a perro (Agosto de 2010)
Un hombre le disparó con un perdigón al perro poodle de su vecina, llamado Cuqui, porque temió que le preñara a su perra Pitbull. El agresor, identificado como Edgar Valderrama González, se declaró culpable de los hechos y fue sentenciado en 2011 a tres años y un día de probatoria.
- Maltratan a la yegua “Milagritos” (Febrero de 2010)
En Añasco se reportó el caso de una yegua, que luego fue bautizada como “Milagritos”, que fue amarrada a un vehículo y arrastrada por la calle casi hasta morir por Georgie López Vigo. Al hombre se le radicaron cargos de maltrato animal y fue sentenciado en el 2010 a 12 años de cárcel. No cualificó para probatoria porque tenía antecedentes criminales por dos casos de escalamiento, posesión de drogas y retraso de una pensión alimentaria. El caso creó un precedente.
- Quema a perrita para desquitarse de su esposa (Enero de 2009)
Un hombre identificado como Carlos Caballero roció con gasolina y prendió en fuego a la perrita de su esposa, delante de la hija de ambos, de 11 años, en medio de un altercado que culminó en un caso de violencia doméstica. Luego de varios días de agonía, la perra apodada Chipuka, murió a causa de las quemaduras. Aunque se le radicaron cargos al hombre por maltrato de animales, la gestión no progresó, pues la mujer nunca compareció a las vistas preliminares como testigo.
- Masacre de perros en Barceloneta (Octubre de 2007)
La compañía Animal Control Solutions capturó y se llevó 50 perros y tres gatos de tres residenciales públicos y del casco urbano de Barceloneta. Al día siguiente, decenas de perros amanecieron muertos debajo de un puente, del que se presume fueron lanzados los animales. Tras una larga batalla en los tribunales, el dueño del centro de captura, Julio Díaz, fue encontrado no culpable por el juez Miguel Fabre, de Bayamón, quien expresó que los hechos no se pudieron probar más allá de duda razonable.