Las primeras 40 cámaras corporales que serán utilizadas por la Policía Municipal de San Juan ya están en funciones tras cumplirse con los adiestramientos requeridos para el uso de esta tecnología, como parte de las iniciativas de su plan de seguridad.

El alcalde capitalino, Miguel A. Romero Lugo, dio a conocer que esta es la primera entrega del año fiscal en curso, de un total de 150 cámaras que se adquirieron a un costo de $360,000.

Para el 25 de octubre, se firmó la Ordenanza Municipal #12 serie del año 2022-2023 y el reglamento en virtud de la política pública que se estableció para el uso de las cámaras, que incluyen las excepciones en intervenciones donde haya una expectativa razonable de intimidad.

Estas cámaras fueron asignadas a la Unidad de Impacto, a la División de Tránsito y al grupo de Prevención Nocturna de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., que está desplegado en la ciudad antigua y su comisionado, José J. García Díaz, designó a los dos administradores técnicos que van a operar el sistema.

El sargento Luis Camacho está a cargo del programa.
El sargento Luis Camacho está a cargo del programa. (Xavier Araújo)

Reiteró que, con esta tecnología no se violentarán los derechos reconocidos a los ciudadanos constitucionalmente, ya que están impedidos de tomar imágenes del interior de viviendas o en vestíbulos, a menos que exista un consentimiento expreso de una persona o mediante una orden judicial estatal o federal.

Además, se prohíbe tomar vídeos del interior de vehículos, o bultos, carteras u objetos personales, salvo que exista un motivo fundado o una autorización expresa, tampoco se puede captar a menores de edad, ni se pueden difundir los mismos fuera del municipio o en medios digitales.

No deben ocurrir estas grabaciones como, por ejemplo: en baños, vestidores, salas de tratamiento de un hospital, cuando hay una víctima se encuentra en una ambulancia o están tratando de salvarle la vida a una persona en un área pública.

“Si hay un niño en un vehículo y la intervención es por violación a la Ley de Tránsito y usted acciona la cámara, le advierte a la persona que está grabando y si la persona dice que no puede grabar, la cámara hasta puede proveer cuando se baje el vídeo, según los administradores, borrar cualquier parte que no sea de la intervención. Si hay una persecución con armas de fuego, no importa quien esté ahí adentro, la policía va a grabar”, aclaró García Díaz, durante la rueda de prensa.

En casos en los que surjan querellas sobre el uso indebido de la fuerza o violación a derechos civiles estas imágenes que son archivadas un año si son de índole administrativa y de 24 meses por la comisión de delitos graves, serán una herramienta útil para preservar esa evidencia.

“La cámara está diseñada para obtener grabaciones con el fin de preservar evidencia para uso en procedimientos administrativos, criminales, en algún litigio civil, que la Policía Municipal tenga que responder a algún tipo de alegación, también puede ser utilizada para evaluar el desempeño de nuestros oficiales, revisar las tácticas policíacas según corresponda, porque es inteligencia que se va adquiriendo a través de estos dispositivos”, detalló el ejecutivo municipal.

Es el agente quien la prende y apaga el equipo. En caso de que una persona solicite que no se grabe y si hay un requerimiento judicial de que así sea, el oficial está obligado a explicarle las razones y salvaguardar los derechos del ciudadano.

“Cuando hay un derecho a que no se te grabe es cuando existe una expectativa de intimidad, por eso es que se prohíbe grabar en el interior de un hogar o en un vestíbulo a menos que tengas el consentimiento de la persona o tengas una orden judicial o de una autoridad competente. El ciudadano puede cuestionar el uso de una cámara, ese es su derecho, pero la responsabilidad que tiene el oficial de la Policía es orientarlo sobre el instrumento legal que permite y sobre el propósito del mismo, pero si hay que grabarlo...el hecho de que una persona se pueda oponer a eso no es un óbice para que el policía cumpla con su responsabilidad”, puntualizó.

El municipio adquirió 150 cámaras a un costo de $360,000.
El municipio adquirió 150 cámaras a un costo de $360,000. (Xavier Araújo)

La ordenanza establece que al finalizar el turno el policía tiene que acoplar el mismo en el terminal para vaciar el contenido de la cámara y así no tendrá acceso a la evidencia, ni acceso a manipular el contenido, ya que va directamente al servidor. Cada archivo que se descarga va atado al número de identificación de la cámara y a su vez registra el nombre al oficial que la tiene asignada.

La Policía Municipal tiene 697 efectivos hasta el rango de comandante. En la actualidad está en adiestramiento la Academia 44 con 22 cadetes y se proyecta iniciar la próxima en febrero con 17 candidatos más.

Esta es la primera jurisdicción municipal que tiene esta tecnología que incluyó a los fiscales.

Se proyecta la instalación de más cámaras de seguridad, como sería el Viejo San Juan, la Placita de Santurce, el cementerio de Los Próceres, donde hay problemas de profanación de tumbas, y el parque Jaime Benítez cerca de la bahía del Condado, para aumentar la capacidad de vigilancia en vez de asignar policías.

El alcalde Romero Lugo reconoció que en los pasados dos cuatrienios han sufrido una reducción de este personal de un 45%, aproximadamente.